Los amplios conocimientos de Susana Díaz en las ayudas sociolaborales que la Junta de Andalucía ha venido otorgando a empresas en crisis pueden servir como testimonio prioritario al tribunal que juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Administración andaluza entre los años 2000 y 2010, entre ellos sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Así lo ha puesto de manifiesto la acusación popular en este caso ejercida por el Partido Popular de Andalucía, cuyo letrado, Luis García Navarro, ha solicitado por sorpresa, en la primera sesión del juicio tras su reanudación en este nuevo año, la comparecencia de la presidenta andaluza, que ostentó durante varios años el cargo de consejera de Presidencia en la etapa que se juzga en la Audiencia de Sevilla. Según esta acusación popular, durante el mandato de Díaz “se aprobó y tramitó el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de protección social para trabajadores y ex trabajadores afectados por procesos de regulación de empresas que vino a convalidad parte de las subvenciones otorgadas” durante la década investigada.
El PP andaluz también ha solicitado el testimonio en este juicio del actual vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, para que responda a una de las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Chiclana, del que él era regidor en esta época.
Susana Díaz ha reiterado cada vez que se le pregunta por ello que no duda de la “honradez” de sus predecesores porque, asegura, no se han llevado un euro ni tampoco han financiado de manera irregular a su partido. De lo que no responde la presidenta andaluza es de las acusaciones de prevaricación de las que se acusa en este juicio tanto a Chaves como a Griñán, ya que según la Fiscalía conocían presuntamente que el entramado puesto en marcha por la Administración autonómica para financiar a empresas en crisis y a sus ex trabajadores no cumplía con los requisitos legales y así había sido avisado por el interventor de la Junta en varias ocasiones.
