La estrategia de la acusación popular que ejerce el Partido Popular en el caso de la pieza política de los ERE ha sufrido un serio revés después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga el caso de las presuntas ayudas irregulares a empresas en crisis, haya decidido rechazar la petición para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declarase como testigo en el juicio.

En un auto dictado el pasado lunes 22 de enero, la Sección Primera se pronuncia sobre las nuevas pruebas propuestas en las sesiones del juicio oral celebradas los días 9 y 10 de enero por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y las defensas, y considera “pertinentes” las pruebas propuestas con una serie de “excepciones”.

De este modo, respecto a las pruebas solicitadas por la acusación popular que ejerce el PP-A, el auto de la Audiencia de Sevilla señala que “no procede admitir la testifical” de Susana Díaz “al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa”, añadiendo que “el argumento esgrimido en relación a las manifestaciones públicas realizadas por ésta sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos”.

Entre dichas “excepciones”, además, el tribunal enumera las pruebas solicitadas por el Ministerio Fiscal, “para el caso de que el tribunal entendiera que en el seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una de las ayudas individuales”, todo ello “sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente”.

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