La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llegará este sábado al Comité Federal del partido con dos asuntos «calientes» en su cartera. Uno de ellos es el retraso sine die del Congreso para elegir secretario general que debería haberse celebrado el pasado febrero. La otra patata caliente, aún más peliaguda, es la denuncia por prevaricación y falsedad que ha recibido su consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por una adjudicación presuntamente irregular cometida durante su etapa como rector de la Universidad de Sevilla, según adelanta El Mundo de Andalucía.
La denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía contra el consejero andaluz es por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Ramírez de Arellano es el primer miembro del equipo de gobierno de la presidenta andaluza que está siendo investigado por el poder judicial, en este caso de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su condición de aforado.
El asunto se remonta a una denuncia presentada hace ahora un año exactamente por el Colegio de Arquitectos de Sevilla ante la Fiscalía de Sevilla, en la que acusaba a Ramírez de Arellano de adjudicar de manera “arbitraria” la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
Díaz decidió nombrar el pasado 18 de junio de 2015 a Ramírez de Arellano consejero de Economía y Conocimiento consciente de que existía esta denuncia y de que éste adquiría automáticamente la condición de aforado. De este modo, la Fiscalía sevillana debió inhibirse a favor de la Fiscalía Superior de Andalucía.
El Mundo informa que los hechos investigados se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. Los denunciantes creen “contradictorio” que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico visado más de un mes antes de que oficialmente la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.
El Colegio de Arquitectos está convencido de que la redacción del proyecto se adjudicó sin la existencia siquiera de un expediente de contratación.
Este caso no es el primero que afronta la presidenta andaluza de altos cargos de su gobierno investigados por la justicia, aunque sí en el que es un consejero el que está en el centro de la acusación.
Recientemente, varios altos cargos de la Administración andaluza fueron imputados por la presunta adjudicación irregular de la explotación de la mina de Aznalcóllar, aunque finalmente el caso fue archivado y los imputados restituidos en sus puestos poco después. Se da la circunstancia de que incluso la que fuera directora general de Minas, María José Asensio, principal investigada en el caso archivado, fue premiada por Díaz con un ascenso el pasado febrero como nueva secretaria general de Innovación, Industria y Energía.
