La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, mantiene en sus puestos a día de hoy a dos altos del Gobierno autonómico investigados por un juzgado de Sevilla por un presunto delito de prevaricación al no readmitir a los orientadores laborales cuyos despidos fueron declarados nulos. Se trata del actual director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Branes, y de su antecesor en el cargo entre 2012 y 2015 y actual director general de la agencia Idea desde el pasado 19 de enero, Antonio González Marín. Ambos están citados a declarar como investigados ante la juez María de los Reyes Flores. Se da la circunstancia de que este último investigado por el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla se encuentra también entre los investigados por los casos ERE o Invercaria.

La portavoz popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha exigido a Díaz el cese inmediato de los dos altos cargos al estar investigados por un presunto delito de prevaricación, tras la denuncia presentada por una decena de exasesores del SAE en relación a la no readmisión de los trabajadores en los supuestos en los que se ha declarado nulo su despido.

Crespo acusa también a la presidenta andaluza de ser “responsable política” por lo que considera una actuación “insumisa” de la Administración autonómica ante las sentencias judiciales que se ha negado a acatar. “Díaz es la responsable de los despidos y lo es también de que no se hayan acatado las sentencias”, declaró Crespo a Europa Press. “La presidenta de la Junta, que está en el cargo desde septiembre de 2013, no puede seguir escudándose en herencias recibidas ni en la ley del silencio”, añade la portavoz popular.

Este presunto caso de prevaricación que investiga ahora el juzgado de instrucción 8 de Sevilla se ha iniciado tras la demanda penal presentada por un grupo de asesores de empleo durante el pasado verano en el que contemplaban, además del presunto delito de prevaricación, también otro contra los derechos de los trabajadores.

El colectivo afectado acusa desde hace años a la Administración andaluza de seguir criterios arbitrarios a la hora de readmitir o no a trabajadores con sentencias por despidos nulos o improcedentes. Se da la circunstancia de que en algunos casos los beneficiados son cargos del PSOE.

Estos orientadores siguen cobrando sus salarios por parte de la Junta de Andalucía aunque ya no ejercen sus funciones. El colectivo afectado asciende a 413 empleados contratado en octubre de 2008 dentro del programa Memta, un plan con el que la Junta andaluza quiso dar continuidad al Plan E de Rodríguez Zapatero. Se mantuvieron trabajando hasta 2012, momento en el que la Junta los despidió alegando falta de fondos debido a los recortes del Gobierno central. Es entonces cuando comienza la lucha en los tribunales de los afectados.

Las sentencias de la justicia han sido dispares según el tribunal que haya emitido el fallo, ya sean juzgados de primera instancia, Tribunal Superior de Justicia (TSJA) o Tribunal Supremo (TS). También el Gobierno andaluz ha resuelto el caso con discrecionalidad. Algunos empleados han recibido sentencias de nulidad y han sido reincorporados a sus puestos. En otros casos no han corrido la misma suerte. La Junta también ha desistido en numerosos casos y en otros mantiene los litigios.

Los despidos declarados improcedentes por los tribunales han sido resueltos habitualmente por la Junta con la indemnización al trabajador, aunque también ha habido casos de reincorporación.

Desde el PP se exigen explicaciones a la presidenta andaluza de por qué se tomó primero una “decisión ilegal” con los despidos y, después, por el no acatamiento de las sentencias de los tribunales. La portavoz popular acusa a Díaz de poner trabas a las investigaciones judiciales y a la comisión de investigación iniciada en la Cámara autonómica por los casos ERE y de los presuntos cursos de formación fraudulentos y también ahora de no acatar los mandamientos judiciales.

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