Uno de los cuatros detenidos por la Policía Nacional en Jaén por la presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad a una empresa es el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio de la Torre. Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes policiales, que han añadido que está previsto que junto a las otras tres personas arrestadas, tres empresarios que responden a las iniciales A.M.R., J.R.P.B. y J.M.B.A., según adelanta ‘Diario Jaén’, pasen a disposición judicial durante este martes 20. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, guarda de momento silencio al respecto.
La autoridad judicial ordenó la investigación, que según han señalado las citadas fuentes, estaría supuestamente relacionada con una adjudicación realizada cuando De la Torre trabajaba en la Diputación, tras una denuncia previa, interpuesta por un extrabajador de una empresa de publicidad de la capital en la Fiscalía.
Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de ocultar el fraude legal, presuntamente tres empresas jiennenses se prestaron para tal fin. Además de los cuatro detenidos, se le imputan diferentes delitos a una funcionaria.
En el mes de abril de este 2016, se recibió una orden de investigación emanada de uno de los juzgados de la capital para investigar una denuncia previa interpuesta por un extrabajador de una empresa en la Fiscalía de Jaén. La investigación se centró en la presunta adjudicación de manera fraudulenta o ilegal de unos contratos de publicidad, dentro de una campaña publicista llevada a cabo por el organismo oficial.
Los investigadores estudiaron detalladamente la documentación aportada por la autoridad judicial identificando a los organismos públicos y empresas intervinientes, en total cuatro, si bien una de ellas quedó exonerada de la investigación.
A continuación se centraron en investigar la adjudicación de una campaña de publicidad específica por un importe de 60.000 euros, siempre teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato cuando su importe sea superior a los 18.000 euros. Las pesquisas concluyeron en la presunta violación de la norma.
En este sentido, ha señalado que un responsable del organismo oficial, dentro de la campaña de publicidad, presuntamente adjudicó la operación por 60.000 euros, vulnerando supuestamente la Ley de Contratos que obliga a ofertarla al menos a tres empresas, sin embargo, y «previo acuerdo con el responsable de la empresa para saltarse la ley, éste acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas», ha añadido la Policía.
Por ello, la empresa adjudicataria «subcontrató a otra empresa con el fin de darle forma legal, siempre, presuntamente en connivencia con el responsable del organismo oficial», ha agregado.
La campaña estaba prevista por una duración de seis meses, por ello, las empresas investigadas «facturaban por separado cada mes, para que dinero el llegara finalmente y con apariencia legal al empresario detenido y adjudicatario de la campaña». «Éste facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial, de esta manera se limpiaba el dinero», ha añadido la Policía Nacional.
Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que «ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno, siendo la empresa subcontratada la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego».
Las investigaciones no están conclusas y están siendo llevadas a cabo por parte de agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén.
Susanita….¿Qué ha pasao…?