Dos profesores de un colegio de Sevilla sostienen ante sus alumnos un termómetro con más de 32 grados en el aula.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha dejado en manos de los propios colegios la decisión ultima sobre la salud de los alumnos en las aulas. Así se entiende tras remitir su departamento a los directores de los más de 4.500 colegios públicos existentes en la comunidad autónoma el protocolo de actuación frente a lo que define como “olas de calor o altas temperaturas excepcionales”, pese a que ya se encuentra bien entrado el otoño en la comunidad andaluza y no es una situación excepcional esta intensidad de las temperaturas en Andalucía.

Sólo el adelanto electoral puede frenar la aprobación del proyecto de ley aprobado por el Parlamento y rechazado sólo por el PSOE

El protocolo de Educación fue diseñado a comienzos del pasado curso 2017-2018 tras las primeras protestas de los alumnos y madres y padres. Se trata de un documento de consejos diseñado por la Junta para “orientar las acciones de la comunidad educativa de tal manera que pueda prepararse y responder de manera eficaz y efectiva ante situaciones de olas de calor o episodios de altas temperaturas excepcionales”. El inicio de este curso 2018-2019 en Andalucía evidencia que no estamos ante una ola de calor excepcional, con un verano real que se prolonga habitualmente años tras año mucho más allá de bien entrado el otoño de manera oficial.

El citado documento, que Educación ha remitido vía Inspección Educativa a los directores de todos los centros, no ha servido absolutamente para nada a tenor de las múltiples denuncias de profesores y alumnos que han sufrido cefaleas, sangrados de nariz, golpes de calor y otras afecciones respiratorias tras soportar en las aulas más de 30 grados centígrados, una temperatura muy por encima de lo legalmente establecido por la ley, que marca 27 grados como temperatura máxima permitida.

El pasado domingo, centenares de alumnos, madres y padres y profesores secundaron una concentración organizada por la asociación Escuelas de Calor, que aglutina a más de 200 Ampa de Sevilla y su provincia, impulsora del proyecto de ley que Podemos logró sacar adelante el pasado febrero en el Parlamento con el único voto en contra del grupo socialista. Reclamaban que se aprobara definitivamente el proyecto de ley estancado desde hace ocho meses en la Cámara autonómica.

Alumnos y padres, durante la protesta del pasado domingo 30 para exigir la aprobación de la ley vetada por el PSOE.

La Consejería de Educación asegura que prosigue su propio plan de climatización, que hasta el momento apenas ha cubierto el 3% del total de los colegios existentes en la comunidad. Las Ampa denuncian que estas actuaciones no son más que “un parcheo” que no soluciona un problema estructural que sufren todos los edificios públicos educativos de Andalucía, más de 6.000, los únicos que no cuentan con un sistema de bioclimatización adecuado de toda la red pública.

Este miércoles 3 de octubre, el Sindicato de Estudiantes de Andalucía ha convocado una jornada de huelga para protestar por una situación que consideran insostenible y que el Gobierno de Andalucía sigue sin atender pese a los incontables casos de afectados registrados en las últimas semanas.

El proyecto de ley de bioclimatización ha sido frenado en la Cámara autonómica tanto por Partido Popular como por Ciudadanos, que han intentado incluir los colegios privados concertados entre los beneficiados por el plan impulsado por Podemos. Sólo el adelanto electoral barajado ya abiertamente por el ejecutivo socialista y también por la propia presidenta andaluza pueden frenar una ley que los propios letrados del Parlamento han definido como “muy novedosa”.

Las Ampa de Escuelas de Calor mantendrán las protestas y la presión sobre el Gobierno andaluz para que finalmente se pueda aprobar la nueva legislación al respecto.

Formulario enviado por la Consejería de Educación como única medida para contrarrestar las altas temperaturas en las aulas.

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