Subir salarios es una urgencia social: en España, tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Por eso UGT exige incrementos salariales por encima del 3% y un salario mínimo garantizado de 1.000 euros en todos los convenios.
Ayer se conoció el “Coste Laboral Armonizado” del tercer trimestre del año, y los datos para los trabajadores no son buenos. Las empresas cada vez pagan menos por sus trabajadores a pesar de que sus beneficios no dejan de crecer.
En términos anuales, los costes laborales por hora, han caído incluso más ahora, con un crecimiento económico del 3%, que en época de crisis.
Con unos datos tan malos, el Gobierno presume de creación de empleo. Trabajadores que cotizan muy poco a la seguridad social y que generan muy poca riqueza.
UGT exige incrementos salariales por encima del 3% y un salario mínimo garantizado de 1.000 euros en todos los convenios.
Los datos del Índice del “Coste Laboral Armonizado (ICLA)” del tercer trimestre del año, publicado hoy por el INE, nos vuelven a contar la misma triste realidad, a recuperación económica de la que disfrutan la gran mayoría de las empresas desde 2014, no se traduce en una mejora de los salarios que perciben los trabajadores y las trabajadoras.
La realidad es otra, los sueldos siguen cayendo, lo que se ha convertido “en una debilidad de nuestra economía que frena el crecimiento de la actividad y del empleo” según denuncia el sindicato. Una injusticia con los casi 16 millones de asalariados de nuestro país y con sus familias. Tener un salario no garantiza estabilidad y mucho menos acceder a la clase media.
Una vez corregidos de las variaciones estacionales y de calendario, los costes laborales por hora trabajada han caído tres décimas respecto del trimestre anterior, y los costes estrictamente salariales incluso más, cuatro décimas. Si se compara con el mismo trimestre de hace un año, tanto los costes laborales por hora como los salariales caen una décima.
Este dato es llamativo (y muy preocupante) porque es la primera vez desde el segundo trimestre de 2013 que caen los costes laborales por hora en términos anuales.
La diferencia es que en 2013, el PIB caía a un ritmo superior al 2%, y cumpliamos seis años de crisis. Ahora en 2017, el PIB crece por encima del 3% y se han consolidado casi cuatro años de expansión.
Estos datos reflejan que las, empresas cada vez pagan menos por sus trabajadores a pesar de que han recuperado con creces su actividad y sus beneficios no dejan de crecer, cada vez a mayor ritmo.
Esta situación es una consecuencia de la reforma laboral de 2012, que confería un extraordinario poder a los empresarios, lo que “impide una negociación colectiva en condiciones equilibradas, y que posibilita que las empresas abusen de una posición de dominio que se está traduciendo en un aumento de los niveles de precariedad laboral y en el hundimiento de los salarios”, denuncia UGT.
El sindicato denuncia que si seguimos por este camino, la sociedad española está abocada a un empobrecimiento colectivo, a una regresión de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población. Desde UGT consideran que “es preciso que los salarios se beneficien de la actual etapa de crecimiento económico”, de manera que las trabajadoras y los trabajadores mejoren su capacidad de compra, reforzando el consumo y alimentando una mayor creación de empleo y de más calidad.
Estas mejoras deben traducirse en aumentos salariales en los convenios de un 3%, para recuperar parte del poder de compra perdido desde 2009. El sindicato también demanda el establecimiento de salarios mínimos garantizados en todos los convenios de al menos 1.000 euros.
En el mismo sentido, el salario mínimo interprofesional debe crecer con la perspectiva de alcanzar en 2020 una cuantía equivalente al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
La Carta Social Europea es un compendio de derechos sociales y económicos a nivel europeo. Pretende proteger derechos relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social y el bienestar. También tiene preceptos para proteger a los ciudadanos más mayores y más jóvenes y a todos aquellos en una situación de precariedad.
No ha ratificado la Carta Social Europea
La Carta Social Europea, España la firmó en el año 2000, pero nunca la ha ratificado.
