Con 8,5 millones de habitantes y actualmente con un 42,3% de sus ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social, cuatro puntos más que en 2013, según el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), Andalucía no cuenta con un plan contra la pobreza energética porque el Parlamento autonómico bloqueó el pasado febrero una iniciativa del grupo Podemos en este sentido.

Pese a estos datos sociales demoledores, el ejecutivo socialista de Susana Díaz –con la abstención de su socio Ciudadanos y de los diputados del PP– echó para atrás el proyecto del partido morado. Lo argumentan asegurando que no hay partidas presupuestarias para cubrir dicho plan y mantienen en el Gobierno andaluz que ya se encuentran preparando un proyecto propio, sine die para su puesta en marcha y funcionamiento. Desde Podemos, se pone por delante la cuantía del proyecto que haría frente a la exclusión por pobreza energética en Andalucía: no más de 800.000 euros anuales.

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Mientras tanto, 3,5 millones de andaluces están en la frontera de la pobreza y muchos de ellos no pueden caldear sus casas por no poder hacer frente a la factura eléctrica. Es lo que le ha sucedido a una familia en la pequeña localidad sevillana de Villanueva de San Juan, de apenas 1.500 habitantes. Sólo la ayuda aportada por unos vecinos ha impedido que se les mantenga el corte del suministro eléctrico. Ninguna ley impide a las compañías hacerlo, ni tan siquiera avisar antes a los organismos de atención social.

El citado matrimonio de pensionistas mantiene una deuda bancaria provocada por haber avalado una vivienda para una hija que se fue al paro. Los impagos se fueron acumulando en la familia, relatan a la Ser. Desde hace varios meses se duchan con agua fría porque no tienen dinero para pagar el butano y las facturas del agua se acumulan sobre su mesilla de noche.

El PSOE argumenta que el plan de Podemos es inasumible económicamente: 800.000 euros anuales

El mismo día que en la localidad tarraconense de Reus fallecía una anciana en un incendio porque se alumbraba con velas al tener cortado el suministro eléctrico desde hace dos meses, este matrimonio de la pequeña localidad sevillana se quedó también sin luz porque la compañía aún no había recibido el pago de la factura de julio ni las siguientes.

Como no existe una ley de pobreza energética como la catalana, CHC Energía no ha tenido que avisar a ningún organismo público antes de ejecutar el corte eléctrico a esta familia, ni tan siquiera interesarse por su condición económica de pobreza extrema.

Si los datos de riesgo de exclusión social son alarmantes en Andalucía, una tierra con la tasa de paro más elevada de todo el país con aproximadamente un millón de desempleados en la actualidad y una tasa del 30%, el porcentaje de población infantil afectada de pobreza es escandaloso, según el último informe de esta misma red de lucha contra la exclusión social, ya que el 51,1% de los niños andaluces sufre estas limitaciones.

Andalucía, la comunidad autónoma más poblada del país, es la tercera en tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Si la tasa nacional está en el 29,2% de la población total, la andaluza se eleva hasta el 42,3%. Solo la ciudad autónoma de Ceuta y la comunidad de Murcia superan este elevadísimo porcentaje.

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Para colmo, Andalucía es la región que cuenta en la actualidad con más viviendas con ejecución hipotecaria iniciadas, con 16.275. Cataluña la sigue con más de 14.000. Pues pese a esta situación, el Gobierno socialista de Díaz rechazó en el Pleno del Parlamento andaluz del pasado 10 de febrero –con el único voto en contra de los 47 diputados del PSOE-A, la abstención del PP-A y Ciudadanos (C’s) y el voto positivo de IULV-CA– tramitar la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética presentada por el grupo parlamentario de Podemos.

Se da la circunstancia de que esta misma norma sí fue aprobada en el Parlamento de Cataluña con el apoyo de todos los grupos, también de Ciudadanos, y del Partido Socialista de Cataluña (PSC).

La propuesta de Ley presentada por Podemos en la Cámara andaluza contaba con los apoyos, además de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la organización de consumidores Facua y del Colegio Profesional de Trabajadores sociales, entre otros colectivos.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, recalcó entonces que era “inasumible” argumentar contra esta iniciativa que no se puede hacer nada más en vivienda, “ni asumir que Andalucía sea la primera comunidad en desahucios, que en Andalucía hay casi 45 desahucios al día, asumir que es normal una situación con 700.000 viviendas vacías mientras hay una situación evidente de emergencia habitacional, no debemos asumir esto”.

En su intervención, el diputado socialista José Latorre aseguró que “el Gobierno andaluz no ha estado ni estará quieto para combatir estas circunstancias”, pero al mismo tiempo califica la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como “desactualizada”.

La portavoz de Podemos Andalucía contestó con cifras contundentes a la excusa del Grupo Socialista de que su plan de 800.000 euros anuales es “inasumible” presupuestariamente: mil millones de euros gastados por la Junta de Andalucía en cinco años en publicidad institucional desde la Consejería de Presidencia. De ellos, más de la mitad, 574 millones, se destinaron solo en el primer mandato de Susana Díaz, elegida a dedo en sustitución del expresidente dimitido José Antonio Griñán, imputado por el fraude de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha salpicado a un Gobierno andaluz.

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2 Comentarios

  1. Esta susanita, y sus criaturitas que no han trabajado nunca dan asco.¿800000€ es auna cantidad inasumible?Pero que poca verguenza…

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