Las pasadas elecciones municipales en España, de hace ya más de un año, han podido suponer el principio del fin de un sistema político carcomido, desacreditado y una renovación de la política y de la mayoría de sus representantes institucionales actuales.

Las elecciones generales, han sido la confirmación simplemente de ese “cambio de época”; y no una simple época de cambios. No plantearlo así, no solamente sería perder una oportunidad de continuar ese proceso de “salud y regeneración pública” que se dió en las pasadas elecciones municipales, sino también frustrar las esperanzas latentes de una ciudadanía que vive en un estado de malestar e indignación permanente. Expresar el rechazo del sistema electoral actual que premia “a los de siempre”, al bipartidismo, la reducción de la política a la delegación electoral, la partidocracia, la cúpulacracia, la miseria de los instrumentos participativos, etc. El adversario principal no es sólo el PP, o el PSOE. Hacer de las elecciones Generales la derrota aplastante de los “viejos partidos y sus viejas maneras de hacer política” y sobre todo de sus cómplices (partidos que bien les han servido de muleta o incluso han cogobernado a cambio de sillones y puestos, algunos nada más y nada menos que en “organización del territorio”); debería ser el verdadero objetivo a seguir “por los emergentes”.

Se trata de pluralizar y democratizar un sistema en el que nuestra democracia se haya “interrupta” y a la vez degenerada. El discurso político democratizador del ámbito local ha sido elevado ahora inexorablemente al conjunto del Estado por fortuna.

El capitalismo de “amiguetes” condiciona a las economías locales donde triunfa la especulación sobre la producción y todo es “mercancía”, los “valores de cambio” se imponen “a los de uso”, crecen las desigualdades y exclusiones sociales en nuestros pueblos y ciudades. Las ciudades “centrales” españolas se recalificaron en las dos décadas que siguieron a las primeras elecciones municipales democráticas de la post dictadura. Pero a partir de los años 90, tras la primera crisis del ladrillo y el boom inmobiliario siguiente; se han hecho gradualmente excluyentes: han expulsado a sectores populares, jóvenes e inmigrantes hacia las periferias “donde la ciudad cambia de nombre”, es decir urbanización sin ciudad, crecimiento descontrolado sin priorizar a las personas ni humanizándolas.

Hay que replantearse la ciudad metropolitana (plurimunicipal): la base económica (economía productiva, social y sostenible), la unificación fiscal, administrativa y política, un proyecto integral de desarrollo urbanístico-social estratégico. Y esto requiere “grandes proyectos, sin miedo a la palabra a veces pervertida. Hay que evitar caer del lado del “socialismo reaccionario”. Se trata de “hacer ciudad”. Es urgente reorganizar el mapa territorial. Sin entrar en el tema de las identidades nacionalidades en España, sobran muchas estructuras organizativas municipales (unos 7.000), sobre todo sobran muchos políticos en ellas y en otras entidades intermedias “inventadas”. Incluso sobran bastantes comunidades autónomas tal y como las conocemos; basándonos en la politización de las mismas, la cual hay que yugular, es necesario y urgente un Estado Federal Simétrico.

Excepto en algunas zonas rurales y de baja urbanización, es necesario organizar el territorio en entidades urbanas o metropolitanas con “unidades agrupadas de gestión”, bien tengan una “ciudad central o Nodo”, y/o tiendan a polarizarse por algunas ciudades intermedias. La cobardía y los intereses corporativos de la actual y asentada por lustros clase política ante reformas estructurales (y electorales), las prebendas que genera la multiplicación de instituciones y entidades territoriales y la consiguiente ineficacia y opacidad de las mismas representan un alto coste económico y político (diputaciones y consejos comarcales 10 a 15 mil millones € ).

Los actuales municipios serán circunscripción electoral (sin perjuicio de una estricta proporcionalidad y sensibilidad geográfica) y entes con funciones de ejecución, gestión, cooperación e iniciativa. Hay que adaptar la institucionalidad política y financiera a las realidades económicas y sociales, reduciéndolas drásticamente de políticos y conservando al cuerpo técnico y funcionarial de los mismos, lo cual hará posible una fiscalidad más justa. Las “izquierdas”, cuando llegan a ocupar los gobiernos locales o autonómicos, tienden a actuar en tres direcciones: actuaciones sociales de urgencia en barrios deficitarios y para poblaciones vulnerables; mejora de los servicios públicos de uso colectivo, los medioambientales y los culturales; y finalmente intervenciones urbanísticas: espacio público, equipamientos, vivienda protegida o social y en algunos casos generación de empleo. Nada que oponer, las intenciones son buenas y los resultados inmediatos acostumbran a ser positivos, pero limitados. Sería un gran error no acentuar estas actuaciones, especialmente referidas a la pobreza, la vivienda, el empleo y la protección social.

Pero precisamente ante las actuaciones más potentes, las referidas al URBANISMO, las intervenciones en el tejido urbano o los desarrollos nuevos, hay que preguntarse ¿para quién?, No discutiremos los beneficios que reciben los afectados por estas actuaciones. Pero ¿y después? Hay que tener en cuenta los efectos perversos de las buenas acciones urbanísticas. Se mejora la ciudad, se multiplican los precios del suelo, de la vivienda y el mercado acaba expulsando a los sectores populares y a veces medios. Son sustituidos por población de mayores ingresos, comercios, oficinas y usos turísticos. Se trata de intervenir en los procesos causales excluyentes: control del suelo y recuperación de plusvalías, operaciones de vivienda, poli centrismo, mixtura social y funcional. Y ante todo acabar inmediatamente la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas (que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable).

La “nueva política”, nació de una actitud política crítica, gente indignada que quería que se le tuviera en cuenta, que sentía que los representantes institucionales no le representaban, que aspiraba a conquistar derechos reales y no meramente formales. Los portavoces de la nueva política se presentan a las elecciones, veremos si alguna vez llegamos al gobierno lo que proponemos, o lo que proponen y lo que hacen o hacemos después. Ya es mucho que existamos, que hayamos sabido presentarnos al escenario político y mediático, que tengan o tengamos presencia tanto a nivel local y autonómico como opciones de condicionar el gobierno a nivel estatal. El contenido específico de la “nueva política” es la participación, la iniciativa popular, la movilización social.

La propaganda es legítima y necesaria pero, con más o menos apoyos, los gobernantes deben saber qué quieren ellos y qué quieren los ciudadanos a los que debemos servir, cuáles son las prioridades y los instrumentos, cuál la estrategia para alcanzar resultados a medio y largo plazo, no solo lo inmediato.

Los ciudadanos esperan que los políticos, “los nuevos”, se enfrenten con problemas reales a los que aportar soluciones factibles. Tienen derecho a participar, criticar, proponer y apoyar, pero no el deber. Las llamadas a la movilización son acciones retóricas. Se hacen si hay condiciones concretas, pero no se proclaman.

Una última consideración sobre el tiempo. Se hacen necesarias Políticas ciudadanas que dejen “huella”, que difícilmente sean reversibles, que modifiquen la relación de fuerzas entre la acumulación especulativa de capital y la mejora significativa del salario indirecto o ciudadano (o reproducción social) y que suponen una dinámica profunda que re-orienten las tendencias perversas actuales, requieren tiempo. Los grandes cambios requieren en muchos casos de 10 a 15 años de gestión continuada con apoyo, participación e iniciativa populares (cualquier gran acción que sobrepase el 10% del presupuesto debería ser consultada vía referéndum al ciudadano), los grandes estadistas planifican para varias generaciones, aun estando limitado el mandato a 8 años como pretendemos imponer por Ley; ya habrá alguien que siga el camino marcado siendo de tu mismo partido o de otro.

Hay que partir de la base que las elecciones se ganan porque los que gobiernan las pierden, para ganar las próximas elecciones no es necesario tener un programa concreto, ni una respuesta para todo, “No queremos promesas, queremos ilusiones y sobre todo queremos hechos”. Transmitir ilusión y esperanza, sinceridad, un trabajo honesto y serio es la clave. Pero hay que saber lo que se va a hacer durante los primeros seis meses o 1 año de gobierno, y eso supone tener una idea clara de los objetivos y de los instrumentos. Lo que no se plantea al inicio de la Legislatura, difícilmente se va a realizar más tarde.

 

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