En el décimo aniversario de la Ley 39/2006 de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, podemos decir que fue en su momento un avance en materia social y así lo vivimos. Aunque coincidiremos todos en que el modelo tiene muchas deficiencias, siendo una ley decepcionante para las personas con necesidades de apoyo para su autonomía personal y para las personas mayores.

No me quiero extender en el diagnóstico. Pero lo haré siendo objetivo, no politizado, ni mirado desde el prisma partidista; los datos y las cifras son incuestionables; el tema del copago es hiriente e insultante para el colectivo y debemos garantizar dentro de la Constitución la dotación económica de estos derechos, porque si no hay dotación económica todo queda en un papel, en buenas intenciones. Debemos ir más allá y desde mi grupo esperamos contar con la ayuda del resto de grupos parlamentarios en esta tarea, en esta nueva etapa de pluralidad democrática que tiene buena pinta debido al pequeño gran paso alcanzado ayer en el Pleno, dotando a la comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de capacidad Legislativa y de carácter permanente.

En España hay más de 1.200.000 personas en situación de dependencia, sin ayuda alguna de los que 125.000 dependientes han muerto sin recibir nada. Los dependientes son los españoles que más copagos soportan, sus familias están haciendo un trabajo que debieran hacer las administraciones y a todos esos problemas se añade una creciente desigualdad entre comunidades autónomas. Si atendiéramos correctamente a esos 384.000 dependientes que no reciben ayuda alguna, estaríamos generando 100.000 puestos de trabajo, y no olvidemos que hay 360.000 cuidadores que no cotizan, que no reciben ayuda alguna y la mayoría de ellos son mujeres lamentablemente.

Si somos capaces de llegar a un pacto de Estado para nuestras pensiones, para la educación, ¿por qué no deberíamos ser capaces de alcanzar un pacto que garantice las necesidades de este colectivo y de sus familias?.

Estamos obligados a garantizar la igualdad entre dependientes españoles, como sí sucede con las prestaciones por desempleo o con las pensiones. El  0,6 de mejora en la financiación autonómica, pactado con el gobierno desde mi grupo, debe destinarse entre otras cosas a estos asuntos de Justicia Social.

Todos fuimos dependientes, todos seremos dependientes y todos tenemos ejemplos muy cercanos. Si no reinventamos el modelo, les fallamos, les seguiremos fallando, a todo el colectivo de la diversidad funcional y a sus familias, y por ende a todos nosotros.

El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia asciende a 2.865 millones de euros. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación autonómica, la Administración General del Estado aporta el 22,6% del gasto público y las comunidades autónomas el 77,4% restante. Sólo en Andalucía el gobierno ha dejado de aportar 508 millones de euros.

El saldo resultante arroja un saldo negativo de más de 900 millones de euros de merma para las arcas autonómicas.

Es el momento de reinventar el sistema, quedarse con lo que funciona y re-dirigirlo hacia aquello para lo que se creó y no en la medida en que se ha quedado como algo inconcluso, no efectivo, y que no está respondiendo de manera efectiva e inclusiva a las legítimas expectativas y derechos de tantas miles de familias y personas.

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