En una sociedad avanzada uno de los aspectos que permite convivir de manera preventivamente segura son los diferentes mecanismos de control existentes, ya sean sociales o institucionales. El que se pueda salir a la calle con la tranquilidad de no ser atracado o atropellado nace entre otros muchos aspectos de la existencia de unas medidas de protección aprendidas e interiorizadas, de las normas que defienden nuestra integridad y de la confianza en aquellos que las hacen cumplir.

La confianza es básica para que podamos dejar a nuestros hijos en la guardería, para que compremos productos alimenticios en cualquier establecimiento o para que los políticos dirijan los órganos e instituciones públicas que manejan el dinero de nuestros impuestos. Si las herramientas sociales de control funcionan y ejercen su labor de manera adecuada se prospera y la ciudadanía alcanza cotas deseables de bienestar. El problema surge cuando no hay mecanismos de control, cuando los mismos no son lo suficientemente eficientes o cuando por intereses espurios no son utilizados como debiera de ser.

Y aquí es donde entra de lleno la necesidad de instaurar una cultura de la transparencia. Si bien se ha avanzado en cuanto a la percepción de la necesidad de fiscalizar la actividad de todos aquellos que ejercen una actividad oficial, o disfrutan de los beneficios de percibir fondos públicos, aún queda un camino complicado para que sea de absoluta normalidad el tener acceso público, total, inmediato y comprensible a dicha información.

Por eso desde la Agrupación Reformista de Policías, en consonancia con su compromiso por diseñar una auténtica sociedad de futuro, y aportando su impulso en esta materia y en el lugar que le corresponde, ha denunciado estos días al Ministerio de Interior que las subvenciones recibidas de la Administración por parte de algunos sindicatos policiales tradicionales pudieran estar siendo presuntamente desviadas en algunos casos, para la adquisición de regalos y compra de voluntades por votos, en clara competencia desleal con otras organizaciones sindicales.

Este es un caso evidente de la existencia de mecanismos de control, pero de la falta de voluntad de hacerlos funcionar. Existen sucesivas resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad en las que se anuncian partidas presupuestarias destinadas a la concesión de ayudas económicas y compensaciones a organizaciones sindicales policiales en función de los representantes obtenidos en el Consejo de Policía. Además de por su asistencia a la sesiones de dicho Consejo y Comisiones de Trabajo.

Pues en ningún momento se sometieron al control de las normas establecidas conforme establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Cabe recordar que esta última ley, en su artículo 88 establece la obligación de permitir a los afiliados a conocer la situación económica y acceder al régimen económico de la organización, donde se establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos.

Por eso desde ARP denunciamos que desde el año 2013 hasta ahora desde la Dirección General de la Policía, no se ha establecido norma o auditoría, pese a denuncias públicas existentes entre los propios sindicatos tradicionales, quienes sin ningún tipo de rubor informativo en redes sociales y circulares internas, en algún caso denunciaron que determinados sindicatos, actuaban presuntamente con contabilidades en “B”, deudas de 800.000 Euros, y que concretamente determinada organización sindical, pudiera estar recibiendo dinero de algún sindicato de clase, que a su vez recibe subvenciones del Ministerio del Empleo y Seguridad Social.

Dichas situaciones anómalas quedan en muchas ocasiones ocultas por la falta de información, por deseo de las personas implicadas y por la falta de la necesaria normativa fiscalizadora. Y conforme más opacidad existe en cualquier organización, más queda instaurada la cultura de la impunidad en el desarrollo de sus actividades.

Si cualquier integrante de la ciudadanía tiene el deber de cumplir la legalidad e incluso de vigilar que se cumpla dentro de sus posibilidades, no hay excusa alguna para que unos sindicatos que representan a policías, no sean mucho más exigentes en su cumplimiento. Si esto no ocurre, si estos sindicatos no trabajan por la transparencia de manera real y justifican su inoperancia al respecto, con excusas peregrinas o increíbles, debemos entender que ocultan algo. Y por ello, deben ser instados desde los organismos oficiales habilitados, a cumplir con el deber cívico y legal que les corresponde.

En la Agrupación Reformista de Policías trabajamos duro para que el ejercicio de la labor sindical en nuestro ámbito se regenere, con un cambio de modelo de representación sindical adecuado que destierre el que representan los sindicatos tradicionales basado en la opacidad, el disfrute de privilegios, la inoperancia y la falta de interés real por un colectivo policial que está abriendo los ojos, que desconfía de los de siempre, y el cual no va a permitir más que se le engañe. Ha llegado definitivamente la hora del cambio.

 

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