Nuevamente, y por segunda vez, la Fiscal jefe de Área de Melilla, Doña Isabel Martín López, durante una de las jornadas del Juicio Oral nº 000052/2008, que se desarrolla ante la Audiencia Provincial de Melilla, ha anunciado durante la vista que iba a pedir que se despojara de la nacionalidad española a una anciana -la segunda en unos días- de más de setenta años, testigo de origen amazigh, por no saber hablar correctamente el idioma español. El sorprendente anuncio de la fiscalía se realizó ante la Sala de la Audiencia Provincial, donde estaban presentes diversos medios de comunicación que siguen directamente las sesiones del juicio oral, con la clara finalidad de que los mismos se hicieran eco de su anuncio como parte de una estrategia destinada a amedrentar a los testigos que por razones de olvido o, en el marco de su libertad personal, no refuerzan las tesis del ministerio público. Todo ello olvidando que el lento funcionamiento de la justicia, hacía que los testigos tuviera que pronunciarse sobre hechos o declaraciones realizadas 10 años antes, obviando que estaba ante personas mayores, cuya memoria, por la edad y el tiempo, y por el marco en el que se producía estaba claramente resentida y necesitada de apoyo y comprensión y no de la amenaza con una actitud chulesca insostenible.
Lo grave es que este comportamiento no sea cuestionado por los magistrados de la Sala cuando el ordenamiento jurídico deja muy claro que el no conocimiento del idioma “es causa de no concesión de la nacionalidad, no de pérdida” y menos tratándose de mujeres melillenses que lleva más de 30 años con la nacionalidad española”. Pero además, la fiscal acredita asimismo un alarmante desconocimiento de la realidad social de esta ciudad, multicultural, por la coexistencia de personas de distinta extracción, conformando la comunidad musulmana o amazigh más del 50% de la población. Esta Comunidad, originaria de la ciudad de Melilla, víctima de una discriminación histórica, tal cual hubo de reconocer el Gobierno español en el año 1986, pudo alcanzar la igualdad formal con el proceso de regularización de la década de los años ochenta, que permitió a miles de melillenses acceder a la nacionalidad española y con ello poner fin al apartheid social y legal que les condenaba en su propia tierra. Ese historial de agravios tuvo como principales víctimas a miles de mujeres, sin derechos civiles, sociales o políticos, condenadas a la marginación y sin acceso a la educación. Son estas personas, originarias de Melilla, a las que la representante del Ministerio Fiscal, con un desprecio a la dignidad y memoria de esta comunidad, trata de amedrentar a aquellas víctimas de una de las páginas más vergonzosas y vergonzantes páginas de la historia melillense, con la expresa amenaza de retirarles la nacionalidad.
Esta actitud de la Fiscalía no sólo pretende amedrentar mujeres mayores, sino que junto a la acusación particular -el PP de Melilla- también busca, de forma absolutamente lamentable, y como sea, inhabilitar políticamente a Mustafa Aberchan -líder del principal partido de la oposición- y a un grupo de oponentes políticos -incluidos antiguos dirigente socialistas- después de diez años y con procedimiento de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico. En estos dos casos, existe un común denominador que nos preocupa y que es una presunta actitud xenófoba y discriminatoria hacia un determinado colectivo desde un cargo de responsabilidad del Ministerio Fiscal en Melilla y que debiera denunciarse, para entre otras cosas garantizar los valores contemplados en la Constitución Española consagrando la convivencia diversa de los ciudadanos e igualando sus deberes y derechos con el Estado.
Una medida como ésta afecta a muchas personas mayores de nuestra ciudad, que han nacido en Melilla pero que no han tenido recursos ni capacidad para formarse mejor, algo que también sucede en muchas zonas rurales del estado, con lenguas diferentes al castellano, donde también hay personas mayores que no lo hablan y no lo entienden con fluidez. El que se quiera castigar por parte del PP, quitándoles el DNI a gente mayor y humilde, que simplemente no han tenido la oportunidad en su vida de acceder a una adecuada formación se inscribe en una estrategia electoral perversa por parte del PP y en un disparate jurídico en contra de muchos melillenses, con visos además de un machismo execrable, y arruinando la “interculturalidad” vendida por el PP como bandera de la ciudad.
Desde asociaciones como Intercultura o colectivos musulmanes indicaban que “Queremos manifestar además qué el PP de ahora es el mismo que tiraba huevos en la Delegación del Gobierno en el año 1985, porque quería mantener a los musulmanes melillenses en un absoluto Apartheid y que fuesen extranjeros en su propia tierra, y es el mismo PP que ha mantenido como guetos los barrios de los distritos IV y V, y los que actúa diariamente criminalizando a los jóvenes imazighen de la ciudad y dejando a toda una generación de los mismos sin ningún futuro ni esperanza”.
Las misma asociaciones exigen el cese de estas actitudes “alejadas de la legalidad vigente”, y que se abran las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado y que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, y ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada, designando un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”.
Y es el mismo PP que en pelea con Ciudadanos aprovecha para ir contra la Constitución – que tanto ama cuando le conviene – para atacar la inmersión lingüística en Cataluña aprobada por su Parlament. Inmersión que a quien más favorece es a los no catalanes quienes no podrían saber catalán con lo que esto supone tanto en el terreno cultural como en el laboral.