El terrorismo machista es una de las mayores lacras que sufre nuestra sociedad, es la muestra más dura de la desigualdad. Pero no se hace nada o no hay voluntad política para poner todos los medios que hagan falta para ponerle fin. Es cierto que es un problema muy complicado de erradicar, pero no lo es tanto de prevenir. Mientras desde la clase política se busca el tan necesario Pacto de Estado, las mujeres de este país continúan siendo asesinadas, maltratadas física y psicológicamente, ninguneadas, arrestadas, secuestradas o violadas por quienes creen que por el mero hecho de ser hombre se dispone de una escritura de propiedad sobre la mujer.

Mientras con el terrorismo de raíz política el Estado hizo lo que tenía que hacer y puso todos los medios que estaban a su alcance para erradicarlo, mientras se gastaron millones y millones de euros o de pesetas para intentar desarticular los comandos de ETA, Grapo o Frap o para proteger a políticos, jueces, fiscales y periodistas amenazados de muerte, las mujeres víctimas de la violencia machista siguen desprotegidas. Vemos cómo hay juzgados que deniegan más del 90% de las órdenes de protección, según datos del CGPJ. Vemos cómo a los menores hijos de mujeres víctimas se les sigue obligando a pasar tiempo con el maltratador porque así lo dicta la ley, hecho que pone en peligro las vidas de estos menores ya que una de las venganzas de estos criminales es asesinar a sus propios hijos para hacer daño a la mujer que se atrevió a plantarle cara o a abandonarle.

El Estado está abandonando a estas mujeres. Sí, el Estado es el responsable de que las mujeres sigan siendo asesinadas o maltratadas. La responsabilidad viene por la denegación del deber de socorro, algo que está estipulado en el artículo 195 del Código Penal.

El Estado español no pone los medios necesarios para prevenir el terrorismo machista en todos y cada uno de sus aspectos: maltrato físico, maltrato psicológico, por no hablar de la actuación de algunos jueces respecto a las sentencias dictadas a favor del criminal, a la no retirada de la patria potestad, a la denegación de las órdenes de protección, a la aceptación del Síndrome de Alienación Parental como atenuante, y un largo etcétera.

En el número 9 de la revista Diario16 se publicó un amplio reportaje sobre la violencia machista donde todas las mujeres entrevistadas tanto de partidos políticos como de instituciones del Estado estaban de acuerdo con que no se puede actuar contra el terrorismo machista sin una aportación presupuestaria suficiente, dinero que tiene que ir dedicado, principalmente, a incrementar los recursos en el ámbito judicial, policial y de los servicios sociales, recursos económicos que irían destinados a dar una mayor formación específica sobre violencia machista, para que los protocolos sean más eficientes de lo que son ahora, para que toda la red de servicios de las administraciones públicas se impliquen en la lucha y para la creación de campañas de concienciación efectivas.

Hay distintos puntos en los que el Estado tiene que implicarse aún más y dentro de esa implicación se halla la aportación de recursos exclusivos, recursos protegidos por ley que no puedan recortarse por un cambio de la realidad macroeconómica porque las mujeres víctimas del terrorismo machista no saben de subidas o bajadas del PIB. Independientemente de cómo esté la economía global ellas seguirán sufriendo o estarán en peligro de ser asesinadas. No es de recibo que no se active la protección o algunos puntos incluidos en la Ley Integral contra la Violencia de Género hasta que se interpone una denuncia, aspectos tan importantes como la orden de protección o el acceso a viviendas protegidas. Hay que tener en cuenta que muchas mujeres no denuncian por miedo precisamente a la desprotección del Estado, a tener miedo a un futuro que se ve incierto porque ellas mismas comprueban cómo quien está obligado a defenderlas no pone sobre la mesa los recursos que en otros tiempos se pusieron para proteger a quienes estaban amenazados por ETA. También hay que ser conscientes de que hay cientos de miles de casos en los que la denuncia no arregla nada, tal y como comprueban a diario los servicios sociales, sobre todo los de los ayuntamientos.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado es un verdadero insulto para las víctimas y para la memoria de aquellas que fueron asesinadas. Desde el Gobierno se habla del Pacto de Estado, pero ese pacto quedará vacío y será inútil si no dispone de los recursos suficientes. Los PGE asignan al Programa 232C Violencia de Género 27,7 millones de euros, casi un 11% menos que en 2.010 y deja en 19,7 millones el Programa 232B de Igualdad entre hombres y mujeres, un 41% menos que en 2.010. Esto supone que en los Presupuestos Generales del Estado se destina sólo un 0,01% del gasto previsto a la lucha contra el terrorismo machista y la discriminación por razón de género.

En el manifiesto de las organizaciones convocantes de la manifestación se advierte de que si los presupuestos no aumentan sus partidas para este fin se estaría incumpliendo con lo establecido en el Convenio de Estambul y se estarían obviando las responsabilidades del Estado respecto a la prevención en los distintos ámbitos de su responsabilidad.

Del mismo modo que el terrorismo de ETA se convirtió acertadamente en una cuestión de Estado, la lucha contra el terrorismo machista debe ir por el mismo camino y no se deben racanear ni unos céntimos de euro para tal fin. Los datos son tan escalofriantes como que en 15 años hay más mujeres asesinadas por terrorismo machista que muertos dejó ETA en su medio siglo de existencia. A nivel global, se asesinan a dos millones más de mujeres por violencia machista en un año que víctimas del ISIS en cinco.

Un Estado que se precie de llamarse como tal no puede escurrir el bulto y dejar a más del 50% de su población expuesta a un tipo de terrorismo que se produce por razones de género ni, por supuesto, no aportar los recursos necesarios para prevenir y luchar contra lo que es una flagrante violación de los derechos humanos.

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