En fechas inminentes, el Ayuntamiento de Salamanca retirará el medallón de Franco de una de las enjutas de sus arcos. Inaugurado el 1 de octubre de 1937, el medallón ha resistido en el Pabellón Real del ágora salmantina durante casi ochenta años. Hasta la fecha, ni la llegada de la democracia ni la promulgación de la Ley de Memoria Histórica habían podido “desalojar” al dictador de la Plaza Mayor.

Su ignominiosa presencia en tan significativo espacio público evidencia hasta qué punto Franco supo utilizar para su causa la simbología y hasta qué punto ha calado en nuestra sociedad la lógica franquista: cuántas veces habremos tenido que escuchar argumentos tales como que “no puede borrarse la Historia”, “el arte es arte” o que la Plaza Mayor refleja el curso de la Historia… Como si el medallón de Godoy no hubiese sido retirado a martillazos en plena insurrección popular frente a su efigie. O como si bajo la excusa de hacer arte no se escondiera la resistencia de un franquismo sociológico que no quiere dejar paso a valores propios de una democracia avanzada.

En 2014, varios ciudadanos decidieron pasar a la acción, convencidos de que había que hacer algo frente a la insumisión de cientos de ayuntamientos frente a una Ley en vigor, o frente a la desafección del Partido Socialista con una ley que su propio partido había sacado adelante. Para ello, junto a centenares de demandas frente a administraciones locales que mantienen callejero y simbología franquista, se impulsó una demanda contra el Ayuntamiento de Salamanca por no dar curso a las solicitudes de retirada del medallón de Franco.

El medallón del dictador ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad charra es uno de los principales símbolos del franquismo. Ni se trata de un símbolo cualquiera, ni la Plaza Mayor de Salamanca fue un lugar cualquiera para Francisco Franco ni para el franquismo. Ello evidencia que la victoria judicial en pro de su retirada alcanza una dimensión digna de ser conocida y celebrada. No tanto por el tamaño de la efigie, ni por su intencionada ubicación (en el Pabellón Real empero no haber pertenecido a dinastía alguna y en un claro afán de deidad y de colocarse al menos a la altura de la realeza), sino por el contraste que supuso para Salamanca la Plaza Mayor a principios del siglo XX: ágora, lugar de encuentro, tertulia y libertades; con el lugar de celebración y grandes fastos del “nuevo estado”, que vio la luz en 1937, en Plena Guerra Civil.

El acuerdo plenario de colocar un medallón con la efigie del caudillo lo adoptó en noviembre de 1936 la misma corporación que sustituyó a la legítima, encabezada por un alcalde fusilado a los pocos días del alzamiento.

En esa misma Plaza Mayor desde la que durante ochenta años Franco ha “vigilado” a los viandantes, el 19 de julio de 1936 a mediodía y con el espacio repleto de gente, los militares sublevados abrieron fuego a discreción contra la población, matando a 12 civiles (entre ellos una niña). Y en esa misma Plaza, en los grandes fastos de 1937, el General Franco fue reconocido por los embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista, muy poco antes de que la efigie del caudillo fuera colocada e inaugurada.

El proceso judicial para su retirada ha servido no sólo para acabar con uno de los grandes símbolos del franquismo, sino para derrotar su causa judicialmente y consolidar en nuestro país lo que en el extranjero es objeto de pronunciamientos oficiales: que Franco fue un genocida, autor de crímenes de lesa humanidad y que su figura y la de todo su régimen es incompatible con los valores que preconizan la Constitución y la Carta de Derechos Humanos.

Sólo gracias a pronunciamientos tan rotundos puede ponerse frente al espejo a quienes ante semejantes evidencias se han amparado en tecnicismos y rescoldos jurídicos. Nos ha tocado desentramar argumentos como la “inmutabilidad” del gran monumento salmantino por ser considerado BIC; hemos tenido que desmontar mitos como que la protección de la UNESCO al monumento impediría la retirada del medallón del genocida; incluso hemos tenido que interpretar el Decreto firmado por Franco en el que declaró Monumento Histórico Artístico la Plaza Mayor de Salamanca para demostrar que la protección jurídica lo es para el conjunto arquitectónico, pero que eliminar el medallón no equivale a desmembrar el monumento.

Han tenido que ser los Jueces, quienes recogiendo el testigo de asociaciones de Memoria Histórica, historiadores, intelectuales y abogados hayan impulsado la aplicación de una Ley que el PSOE aprobó pero no se atrevió a aplicar con todas sus consecuencias.

Por eso, la “caída” del medallón es mucho más que una importante victoria. Es un punto de inflexión en la lucha de la dignidad democrática, en la lucha por recuperar la memoria.

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