¿Por qué siguen sin creerlas?

El caso de La Manada es sólo uno más, uno más de muchos, demasiados, en casos judiciales recientes que trascienden a la opinión pública, donde se pone exclusivamente el foco en la mujer y la credibilidad o no de su denuncia de malos tratos o agresión sexual sufrida. Pero en la sombra son muchísimas más las mujeres anónimas que sufren el calor acusatorio de los focos sobre sus rostros sin que la justicia mueva un dedo para evitarlo y la sociedad ponga medios para erradicar esta tendencia generalizada donde el machismo impera de forma más o menos consciente a nivel personal e institucional en pleno 2017. Y la pregunta es recurrente: ¿por qué siguen sin creerlas?

La justicia sigue sin creer a un altísimo porcentaje de mujeres denunciantes de violencia machista y agresiones sexuales

El caso del profesor de la Universidad de Sevilla, condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de tres compañeras, que siguió dando clases durante años pese a las querellas existentes contra él interpuestas por sus víctimas; el caso del futbolista del Real Betis Rubén Castro, absuelto de ocho presuntos delitos relacionados con los malos tratos denunciados por su ex pareja; el caso del doble crimen de Almonte en 2013, donde la criminalización a día de hoy de la madre y esposa de las víctimas es una realidad que inunda las redes sociales de graves insultos contra ella únicamente porque mantuvo una relación extramatrimonial con el ya absuelto por un jurado popular; el caso del prestigioso psiquiatra sevillano acusado de presuntos abusos sexuales por una treintena de mujeres, cuyos casos han prescrito en su gran mayoría mientras el acusado mantiene que todo se debe a un “ánimo de venganza”.

El reguero de casos públicos es incesante y, pese a sus notables diferencias entre ellos, mantiene una línea que los aglutina: poner, de entrada, a las presuntas víctimas en el punto de mira, volcando sobre ellas la pesada sombra de la duda.

El caso de La Manada, que se juzga en Pamplona durante dos semanas con el testimonio de medio centenar de declaraciones de policías, peritos, testigos y procesados, es, por tanto, sólo uno más de muchos donde la mujer, la presunta víctima, es criminalizada desde el mismo instante en que se sienta en el banquillo como víctima de una agresión sexual o de un caso de violencia de género. Y todo ello pese a que la realidad es aplastante. Así lo corroboran año tras años las memorias del Poder Judicial, donde se subraya que los casos de denuncias falsas relacionadas con los malos tratos no llegan ni al 0,1% del total.

El último balance del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género correspondiente al segundo trimestre de 2017 vuelve a se demoledor en este sentido: casi una de cada tres sentencias dictadas sobre violencia de género es absolutoria para los presuntos maltratadores, y ello pese a que se ha incrementado tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a los verdugos hasta llegar al 67,2% del total de denuncias.

También resulta imprescindible resaltar también que aún se siguen rechazando casi una de cada tres solicitudes de protección, a pesar del incremento del 4,2% de las órdenes adoptadas respecto al total de solicitadas. El 32,10% de las mujeres que reclaman ser protegidas por el Estado de sus presuntos maltratadores se quedan sin este decisivo respaldo por decisión judicial.

Las presuntas víctimas son puestas en el punto de mira mientras se vuelca sobre ellas la sombra de la duda

El tribunal que juzga el caso de presunta violación grupal por parte de cinco amigos sevillanos en los sanfermines del pasado 2016 ha admitido como prueba unas grabaciones en vídeo a la denunciante, realizadas por detectives privados contratados por los acusados inmediatamente después de presentarse la denuncia por violación. La intención del seguimiento público de la joven, que tenía 18 años cuando se cometieron los hechos, parece evidente: demostrar la ‘normalidad’ con que una presunta víctima de una violación grupal afronta su día a día después de sufrir una agresión de este calibre. Todo esto se produjo mientras la joven fue interrogada durante casi cuatro horas, sabiendo que sus presuntos cinco agresores se encontraban allí junto a ella, apenas separados por una mampara. El juez había rechazado previamente su declaración por videoconferencia.

En cambio, el mismo tribunal que da luz verde a esta prueba aportada por la defensa de los acusados también veta las conversaciones previas por WhatsApp que los cinco amigos mantuvieron antes de los hechos enjuiciados, donde supuestamente se constatan las intenciones de los acusados durante su viaje a los sanfermines.

Los cinco amigos se han declarado inocentes de un delito continuado de agresión sexual y otro contra la intimidad, y cuatro de ellos también del delito de robo con intimidación. Sólo el ex guardia civil acusado admitió que sustrajo el teléfono móvil de la joven.

Expertos en violencia de género consultados por Diario16 subrayan que esta apelación vehemente y generalizada a la presunción de inocencia únicamente para los presuntos agresores en estos casos relacionados con la lacra machista o los casos de violación se debe al temor a reconocer a las mujeres su derecho a denunciar y a la presunción de inocencia.

A ello se suma una tendencia habitual a la desconfianza hacia las denunciantes, que incluso conlleva la falta de aplicación de algunos de los resortes que la propia ley contra la violencia de género tiene en su articulado para que no se repitan estas situaciones. El desprecio hacia estos resortes trivializa una lacerante realidad que suma miles de denunciantes cada año y decenas de asesinadas mientras estamentos judiciales y políticos miran hacia otro lado pese a la aprobación de pactos políticos de Estado y de medidas legales más contundentes contra los agresores.

Los expertos consultados resaltan que estos delitos relacionados con la violencia machista son de los pocos, entre los incontables existentes en el vigente Código Penal, en los que e“go Penal, en los que lencia machista stos delitos son de los pocos de los incontables en el Cantes cada año y decenas de asesila mujer presuntamente agredida debe demostrar “de entrada” la veracidad de su denuncia.