Sentencia tarjetas black. El fiscal Luzón se queda sólo en las medidas cautelares

Desde que el Tribunal Superior de Justicia decidiera el ingreso en prisión de Francisco Correa y Pablo Crespo por el caso Fitur sin ser firme la condena, parece haberse puesto de moda entre los fiscales la petición de este tipo de medidas. Ahora le toca el turno al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, en el caso de las tarjetas black de Cajamadrid. Luzón pide medidas cautelares para 19 de los condenados aunque no cree que exista riesgo de fuga por parte de Blesa y Rato. Generalmente los acusadores públicos suelen pedir el ingreso en prisión si la pena sobrepasa los cuatro años.

Tal y como ocurrió en el Caso Nóos, las condenas de los 65 acusados por el uso indebido de tarjetas opacas durante su época de altos cargos en Cajamadrid, son recurribles ante el Tribunal Supremo. De estas sesenta y cinco, sólo 19 sobrepasan los dos años, y once de ellos no superan los tres años. En total, quedarían ocho para los que Luzón ha solicitado al tribunal que preside la jueza Ángela Murillo medidas cautelares.

Los tribunales suelen adoptar otro tipo de medidas mas contundentes cuando existe riesgo de fuga, la condena es elevada o los condenados se encuentran inmersos en otras causas, incluso en fase de vista oral. Ese fue el argumento utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para enviar a la cárcel a Correa y Crespo. En este caso, sólo Blesa y Rato se encuentran imputados en otras causas aunque las mismas todavía se encuentran en periodo de diligencias previas por lo que es bastante probable que esta circunstancia no se tenga en cuenta.

Por tanto, y además después de lo ocurrido en torno al Caso Nóos donde a los dos principales condenados se les ha puesto medidas cautelares “de segundo nivel”, todo parece indicar que en las tarjetas black se van a seguir las mismas pautas. Todo lo más, una fianza económica.

Ahora bien, hay otra circunstancia que puede ser tenida en cuenta por el tribunal. Si los condenados han devuelto el dinero que se gastaron o no. Sólo tres de los 19 condenados a más de dos años lo han hecho. Se trata de Blesa, Rato y Sánchez Barcoj. En el caso de Rato, la sentencia destaca que de los 99.054 euros que se gastó, faltan por reintegrar 217 euros. Al parecer, hay un cuarto condenado que sí ha devuelto lo gastado, pero la sentencia no lo refleja. Se trata de Francisco José Moure, consejero de la caja a propuesta del PP. Condenado a tres años y dos meses, se gastó 127.366,19 euros. Según su defensa, ha devuelto hasta el último euro.

Pero la cosa que más preocupa a los condenados no es la repercusión mediática que ha tenido la sentencia sino que muchos de ellos están trabajando en consejos de administración de empresas privadas, y, según la Ley de Sociedades de Capital, no pueden ejercer de administradores “al haber sido condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico”. En este caso ha sido por administración desleal.

Por tal motivo peligra los puestos de Javier López Madrid, consejero delegado de Grupo Villar Mir, presidente de FerroGlobe, vicepresidente de Ferroatlántica, apoderado de Espacio Activos Financieros, y consejero de Fertiberia, del grupo de infraestructuras OHL y de varias filiales de estas sociedades.

Otro de los afectados es el economista Juan Iranzo, que deberá abandonar su puesto en el consejo de administración de Fertiberia. Miguel Corsini, ex presidente de Renfe es, actualmente, consejero de Laboratorios Farmaceuticos Rovi. Y Luis Blasco, todavía se sienta en consejos de administración de Telefónica, como es la filial Telefónica Audiovisual Digital. Ramón Espinar es consejero de una sociedad que gestiona un colegio privado, el grupo Altamira. Alberto Recarte es presidente del grupo Centunión y administra varias sociedades que explotan medios de comunicación.

De todas maneras, fuentes próximas a sus defensas recuerdan que la sentencia no es firme por lo que no tienen que abandonar sus cargos en la empresa privada. Existe un precedente, el del ex consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.