Seguridad Integral Canaria (SIC), cierra por defunción económica a consecuencia de la gestión que ha colocado a la empresa de Miguel Ángel Ramírez, -uno de los magnates de la seguridad privada en España, y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas-, en una deuda de 7.200.000 millones de euros, según ha declarado el Director General y Apoderado de SIC en una reunión en Tenerife, a solicitud del propio comité de empresa, por el adedudamiento de los salarios a los trabajadores, en la que se ha expuesto “la mala situación económica y el cese de la actividad”.

Diario 16 avanzó el impago que sufrían muchos trabajadores de SIC, de los cuales algunos de ellos continúan sin cobrar, y otros recibieron su salario “tras la publicación de su situación”, según explican algunos vigilantes a este medio.

En un comunicado de FTSP-USO al que ha accedido Diario 16, este sindicato que se encontraba presente en la reunión del comité de empresa de SIC, confirma que “entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, la empresa tiene la intención de traspasar los servicios que tienen en la actualidad, tanto pública como privada, a otras empresas y garantizan, según sus palabras, el cobro de todas las cantidades adeudadas a sus trabajadores”.

El sindicato USO ha advertido que “vamos a estar vigilantes, para que este proceso en caso de llevarse a cabo, se realice de forma transparente y conforme a la legalidad vigente, sin que esto suponga una pérdida de condiciones laborales o económicas para el conjunto de sus trabajadores”.

“Los trabajadores afectados por este cese y traspaso de servicios a otras empresas que se va a producir según comunica el Director General de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, tendrán sus puestos de trabajo garantizados, por la consiguiente y obligada subrogación a la que tienen derecho”, señalan desde USO.

El secretario general a nivel nacional de FTSP-USO, Basilio Febles, ha indicado a Diario 16 que “confían en que esta vez Seguridad Integral Canaria cumpla con los trabajadores tal como se ha comprometido, lo que implica el traspaso de algunos vigilantes a otras empresas, mientras que en otros casos habrá que convocar nuevos concursos al estar prohibida la subrogación en algunas adjudicaciones”. Febles ha apuntado a la preocupación de algunos trabajadores respecto a que “este traspaso de vigilantes a otras empresas, se convierta en redireccionar empleados de SIC a otras empresas del propio Ramírez”.

Las quejas de empleados de seguridad contratados por la empresa Marsegur, por la precariedad en los sueldos y condiciones laborales, según explican a Diario 16, también supone “una sospecha para los empleados de SIC” que indican “la degradación laboral que sufrirían si fueran absorbidos por Marsegur al tener peores condiciones”, empresa que relacionan con Miguel Ángel Ramírez.

Algunos vigilantes de Seguridad Integral Canaria consultados por Diario 16, relatan “la tensión vivida durante los últimos 36 meses, que incluso les ha obligado a pedir ayudas a ONGs al no poder alimentar a sus familias, por los impagos continuados en tiempo y forma”. “Desconfiamos del proceso del cese de actividad que desarrolle SIC por el continuo incumplimiento que ha demostrado hasta ahora”, alegan algunos vigilantes que dicen sentir miedo por esta situación, y describen “aunque hayan pagado con retraso estos meses, el daño moral y económico ya está hecho para muchas familias”.

En declaraciones de Miguel Ángel Ramírez, en la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, con motivo del 68 aniversario de de este club de fútbol, ha destacado que “Seguridad Integral Canaria inicia un nuevo plan, una nueva estrategia dirigida al transporte de fondos, en la que esta empresa es una de las cuatro de España que se dedica a esta actividad”. La intención de Ramírez es dejar de invertir en seguridad “al haber en España más de 1500 empresas de vigilantes de seguridad”, “porque los concursos no dan para cubrir estos costos, pagamos tarde y mal, aunque a los trabajadores hay que pagarlos bien”.

El empresario ha reconocido que “llevamos unos meses con problemas para pagar a los trabajadores, porque tenemos problemas para cobrar”, y subraya “nos quitamos esta historia de arriba”, para “ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”.

Igualmente, UGT solicita al Gobierno de Canarias que vele por los derechos laborales del personal de seguridad, al sufrir los trabajadores casos de precariedad por los convenios avalados por la Administración. Este sindicato según ha sabido Diario 16 ha mantenido un encuentro con los viceconsejeros de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atienzar, y el del Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, debido a la “preocupación existente en el sector por las condiciones laborales que deben soportar los vigilantes de seguridad”. Además, estuvieron presentes representantes de los sindicatos CSIF y USO.

Los representantes de las consejerías han confirmado que estudiarán la posibilidad de establecer claúsulas sociales en los Pliegos de Contratación, según confirma UGT, que “eviten precisamente, que se den casos de deterioro de las condiciones laborales. Una práctica habitual para poder realizar ofertas más agresivas para optar a la concesión de un Servicio público”.

 

Conflicto laboral en SIC por impago a los vigilantes

La empresa de Ramírez, había llegado a un momento de máxima tensión durante el mes de agosto, por el reiterado incumplimiento en el pago a los empleados, según informó Diario 16. Los trabajadores de seguridad afectados por este conflicto laboral al no cobrar su sueldo este mes, se concentraron en la sede de SIC en Tenerife en señal de protesta días atrás. Los empleados de Ramírez soportan esta situación de retraso en los pagos desde hace 36 meses, tal como expuso Basilio Febles, Secretario General del sindicato FTSP-USO, en el último pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Febles denunció la precariedad laboral que sufren los trabajadores de SIC, así como la falta de resolución del consistorio.

Febles aseguró en declaraciones a Diario 16, que “los trabajadores de seguridad no habían cobrado aún este mes de agosto, cuando el convenio laboral estipula que los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes. Este nuevo incumplimiento de la empresa no solo afecta a los empleados de SIC en el ayuntamiento, sino a otros trabajadores de seguridad destinados en otros servicios”.

La presidenta del Comité de empresa en Tenerife, Dolores Espinosa, -del sindicato USO-, acudió a la delegación de Seguridad Integral Canaria en Santa Cruz de Tenerife, para formalizar las protestas por escrito en un documento que firmaron numerosos trabajadores exigiendo el abono inmediato de las nóminas.

Los trabajadores de SIC le han recordado a la empresa de Ramírez en su demanda, el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada en vigor en su artículo 64, que “establece los pagos entre los tres primeros días hábiles y cinco días naturales”.

“Es una situación muy complicada para los trabajadores sin cobrar, porque de ellos dependen sus familias, hipotecas, alimentación, y esta precariedad provoca situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo”, aseguró Basilio Febles (FTSP-USO), y expone que “no se comunica a los trabajadores de seguridad cuándo van a cobrar, mientras los intereses bancarios siguen en aumento para los empleados que se ven obligados a usar créditos todo los meses”

“El responsable del ayuntamiento de Santa Cruz en cuanto a las comunicaciones en este conflicto laboral con la empresa SIC es el Jefe de contratación, Javier Galarza, que “debería solucionar cuanto antes esta problemática con la empresa de Ramírez y encontrar las vías para paliar el sufrimiento de los trabajadores”, subrayó Febles, que indica volverá a contactar con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y con el alcalde del consistorio, José Manuel Bermúdez, “al continuar la polémica de los pagos irregulares, que a pesar de haber llevado al pleno de este ayuntamiento cuatro veces el mismo conflicto, lamentablemente se ha seguido repitiendo”.

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