Tal vez baste con imaginar a una joven pareja que iniciara su proyecto compartido a comienzos de la década de los setenta. Sus padres habían sido vecinos tradicionales de un barrio histórico en el centro de la ciudad y, en el momento de emanciparse, su primera opción fuera buscar una vivienda en alquiler en el barrio donde habían crecido. Sin embargo, en ese momento todas las viviendas a las que pueden acceder se encuentran en condiciones lamentables. Además, en el barrio no hay colegio, ni equipamientos culturales, ni zonas verdes. Tan sólo paisajes de coches aparcados en unos solares que rompen la monótona sucesión de edificios amontonados. Las únicas operaciones previstas por el gobierno local dibujan autopistas atravesando el barrio a costa del derribo de algunos de sus edificios más emblemáticos (bajo el eufemismo del Urban Renewal). Además, en el caso de que el joven hogar se plantease la compra de una vivienda, no existe ayuda alguna para su rehabilitación. Al mismo tiempo, un parque de viviendas en buenas condiciones se promociona en los nuevos barrios residenciales de la periferia. Y no sólo eso, la liberalización de los créditos hipotecarios facilita el acceso a un sistema residencial promovido por el sector financiero-inmobiliario.

En ese escenario, el margen de decisión de este joven hogar era muy estrecho. El resultado fue que numerosos barrios históricos de las ciudades españolas se llenaron de vacíos. En los antiguos arrabales de Zaragoza o en Bilbao, tal como si fueran los barrios pintados de rojo en Manhattan o Los Ángeles, durante décadas la vida se hizo insoportable. En España, el totalitarismo de un régimen abusivo con las clases trabajadoras sustituyó al redlining. Y el resultado fue el mismo. A menudo parecía como si hubieran bombardeado algunos barrios del centro de la ciudad.

Los procesos de gentrificación se caracterizan por la sucesión de etapas de la dinámica de destrucción creativa que implican. Algunos de los barrios destruidos en los años setenta y ochenta están siendo hoy en día intensamente revalorizados. Sin embargo, esta historia no es tan sólo un relato del pasado. Por el contrario, algunos barrios históricos están comenzando su proceso de gentrificación ahora mismo, lo cual significa que su tejido social y urbano está siendo abandonado mientras se escriben estas líneas.

Son episodios contemporáneos de abandono que se reproducen en diferentes barrios históricos del planeta. Para encontrar un ejemplo no hace falta alejarse demasiado. Es suficiente con acercarse a Valencia para conocer El Cabanyal. Este barrio pesquero a orillas del mar dio lugar a un estilo modernista genuino que en 2012 fue incluido en el mapa mundial del patrimonio en riesgo. Este mapa lo elabora la asociación privada de defensa patrimonial más importante del mundo (World Monuments Fund), la cual destaca que el valor de El Cabanyal no se limita a su singularidad modernista, sino que abarca la complejidad de una arquitectura en sintonía con las relaciones de la comunidad. Sin embargo, los valores de El Cabanyal se encuentran en peligro de extinción por las amenazas del abandono al que está siendo sometido.

La historia del abandono de El Cabanyal se remonta a 1966, cuando el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia previó la destrucción del barrio para dar paso a una avenida que llegase desde el centro de la ciudad hasta el mar. Este proyecto, típico del urbanismo franquista, pareció estar abocado al olvido por la acción de los primeros gobiernos democráticos. En concreto, en 1993, la Generalitat Valenciana declaró el barrio como un Bien de Interés Cultural (BIC). Se trataba de un espejismo. La tregua sobre el barrio fue breve porque la victoria en las elecciones municipales y autonómicas del Partido Popular recuperó el viejo proyecto franquista.

A partir de entonces, las administraciones públicas suspendieron todas las licencias de obras y paralizaron la inversión pública en el barrio, dando inicio a más de dos décadas de abandono de El Cabanyal. El Ayuntamiento dirigido por Rita Barberá persiguió durante todo su mandato un objetivo claro: derribar las 1.651 viviendas que impiden la llegada de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, en una suerte de Urban Renewal levantino. La estrategia para lograrlo resultará familiar al lector: degradar de tal modo las condiciones de vida en el barrio que los vecinos se vieran forzados a abandonarlo. Se trataba de devaluar tanto el valor de las viviendas que los vecinos aceptaran su venta por precios irrisorios, de forma que se abaratase la operación de expropiación y demolición de los edificios. A menudo estos precios oscilaban alrededor de los 50.000 euros, una cifra inferior al coste de las viviendas de protección oficial que se les ofreció a cambio. En un macabro giro de esta historia, algunos vecinos desplazados han sido desahuciados por no poder pagar las hipotecas que contrajeron al abandonar el barrio de su vida.

Como se observa, para la consecución de los fines del Ayuntamiento no se escatimó en medios. La lista de estrategias adoptadas para el abandono del barrio es amplia: desatención del servicio de recogida de basuras, propiciando un entorno insalubre; falta de mantenimiento del estado de la urbanización de acercas y calles; obstrucción de las operaciones de rehabilitación privada de las viviendas, mediante la negación de las licencias de obra; permisividad policial con las prácticas ilegales; falta de inversión en los insuficientes equipamientos públicos del barrio (donde no hay instituto de educación secundaria, servicios sociales o de mediación social, por ejemplo); ralentización ad infinitum de las licencias para la apertura de actividades comerciales; etc.

En este escenario, los argumentos de las administraciones públicas para justificar el abandono del barrio aluden a la falta de recursos. Sin embargo, su plan de adquisición de edificios desmiente esta tesis. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ha comprado más de 500 viviendas para su demolición, razón por la que permanecen tapiados, contribuyendo a la desinversión en el barrio. Como parte de su plan, en 2010, el Partido Popular hizo valer sus mayorías parlamentarias para aprobar una ley autonómica que anuló la declaración del barrio como BIC y así poder proceder a su demolición. A pesar de todo, la lucha vecinal y la congelación de dicha ley por el Tribunal Constitucional impidieron el derribo de buena parte de las viviendas amenazadas. Junto con el nuevo Ayuntamiento, promotores inmobiliarios y residentes permanecen atentos a los siguientes movimientos. El abandono ha sido profundo y, sin embargo, todavía permanecen en el barrio vecinos que se niegan a marcharse. Pero las ambiciones de los partidarios de la devaluación de un espacio gentrificable no suelen conformarse con un proceso inacabado.

A lo lejos se oye el mar Mediterráneo. Sin embargo, miras alrededor y sólo se ven muebles rotos que están amontonados en un solar abierto. A su lado, apenas observas comercios en los bajos de los edificios que no han sido derruidos. En su lugar, hay agujeros en las paredes y puertas tapiadas. El trencadís de las viejas casas modernistas resiste a duras penas la falta de mantenimiento. Durante la Guerra Civil española este barrio de pescadores y republicanos fue bombardeado con saña. Ochenta años después los solares y los edificios derribados han regresado. Pero esta vez las bombas no provienen del aire sino de las grúas municipales. Algunos vecinos denuncian este abandono en las pancartas que han colgado de sus balcones. En uno de ellos se lee: “Tinc 100 anys. He sobreviscut la guerra, ara l’avarícia i la incultura volen assolar-me”. Es como si hubieran vuelto a bombardear la ciudad. Estamos en el Cabanyal de Valencia y es el año 2016.

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First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades.

Los libros de la Catarata, 2016-10-10 174 paginas

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Daniel Sorando es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, es investigador posdoctoral en la UCM, donde ha colaborado en proyectos I+D del Ministerio de Economía y Competitividad sobre estructura social, segregación residencial y políticas urbanas. Como resultado de sus investigaciones ha publicado artículos y capítulos de libro en revistas científicas y obras colectivas, así como presentado comunicaciones en congresos académicos tanto españoles como internacionales. En el campo de la gentrificación, Daniel Sorando colaboró en la redacción del informe colectivo ‘Urbanismo neoliberal en Zaragoza. Planes de regeneración urbana y efectos socio-económicos en el barrio de San Pablo – El Gancho’ (ASSI, 2015).

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Álvaro Ardura es arquitecto urbanista, profesor asociado en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), socio de la empresa LIMES y miembro de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos (www.clubdebatesurbanos.org), entidad sin ánimo de lucro, activo foro de discusión sobre temas urbanos y territoriales. Ha participado en importantes planes urbanísticos, como el Plan Territorial Insular de Menorca, los Planes Parciales Prolongacion de Castellana y Campamento, o el Plan de Rehabilitación del Entorno del Rio Manzanares, y en proyectos de rehabilitación como el del Monasterio de Santa Maria la Real de Tortoles de Esgueva o la Farmacia Llabrés en Ciutadella. Es también coautor de la “Guía de Urbanismo Madrid 1900-2011”, de próxima edición por el Ayuntamiento de Madrid.

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