Agencias federales de lucha contra el crimen, como el FBI y la DEA, el Tesoro o la Fiscalía de los Estados Unidos estrechan cada vez más el cerco al grupo de personas que “saquearon” la petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., en la época de Hugo Chavez. Según las investigaciones, se trata de suplidores que presuntamente “hinchaban” los importes de las facturas o de otros elementos que blanquearían el dinero de la petrolera.

Hace pocos días funcionarios de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) han detenido en Houston (TX) a Roberto Rincón Fernández y en Miami (FL) a Abraham Shiera Bastidas, acusado de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Ambos, especialmente Rincón son empresarios conocidos en el mundo del negocio del crudo y personas muy ligadas al entorno de PDVSA en la época anterior.

Voceros de los órganos federales señalan que hay en marcha varias operaciones, la más llamativa contra uno de los hombres más poderosos del régimen de Chavez, Rafael Ramírez que en esa época fue vicepresidente, ministro de Economía y, sobre todo, presidente de PDVSA.

Con la llegada al poder de Nicolás Maduro Ramírez perdió sus posiciones de poder pasando primeramente a ser ministro de Relaciones Exteriores, apenas cinco meses, y posteriormente embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, sin duda puesto de menor rango. Y con la caída de Rafael Ramírez todo el entramado queda expuesto y comienzan las actuaciones de investigación.

Ramírez está siendo investigado por cuatro unidades de fiscales de EEUU desde principios de este 2015.

Otra se centra en el ya desaparecido Banco de Madrid, propiedad de Banca Privada D´ Andorra (BPA). Documentos obtenidos por The Wall Street Journal muestran que Diego Salazar (primo de Ramírez y persona que presuntamente operaba en nombre de Rafael Ramírez) recibió cientos de millones de dólares en sus cuentas en Andorra de parte de compañías, muchas de ellas empresas fantasmas domiciliadas en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Y, según la investigación de las autoridades andorranas, “este dinero presumiblemente tiene un origen delictivo en casos de corrupción política”,

“La acción de la FinCEN también describe la actividad de un segundo gerente de alto nivel en el BPA en Andorra que aceptó comisiones exorbitantes para procesar transacciones relacionadas con venezolanos de terceros lavadores de dinero. Esta actividad consistió en el desarrollo de empresas ficticias y productos financieros complejos para desviar fondos de la petrolera pública de Venezuela Petróleos de Venezuela (PDVSA). BPA procesa aproximadamente $ 2 mil millones en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero”.

Otras partidas venezolanas en España se encuentran en otras entidades y administradas por fondos de inversión.

 

Héctor Willian J. Harraíz. Miami, especial para Diario16.

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