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Se estrecha el cerco de la Justicia para el alcalde de León

A pesar de haber evitado un moción de censura gracias a la intervención de Ciudadanos, Antonio Silván continúa en el punto de mira de los jueces

Jorge Martín
Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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análisis

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Lejos de pedir perdón o dar explicaciones en el pleno extraordinario de la semana pesada, Antonio Silván, alcalde de León por el PP (y la intervención de Ciudadanos) saca pecho ante la circunstancia de que ningún juez le ha imputado (de momento) en la causa por la Operación Enredadera. No obstante, la entrada en la cárcel por esa misma causa del empresario José Luis Uribarri pone a Silván en una posición muy delicada, gracias a unas conversaciones telefónicas grabadas entre ambos.

Uribarri contaba con muchos apodos en la comunidad de Castilla y León, entre ellos el del “Dios”, pero ha terminado por caer: lo ha metido en la cárcel un joven instructor de Badalona por  considerarlo el cabecilla de una trama corrupta que amañaba concursos públicos por su influencia política. Un “emprendedor” que contaba con un auténtico teatro de marionetas: el propio Silván, el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, el consejero de Fomento y magistrado Suárez-Quiñones y el presidente del partido en el Bierzo y diputado provincial, Raúl Valcarce.

El sumario de Enredadera muestra cómo no había plato en el que Uribarri metiese la mano, con más de 8.000 páginas que detallan sus supuestos tejemanejes. Su sociedad de comunicación, Ediogrup, fue presentada en 2012 como “uno de los principales conglomerados multimedia de Castilla y León” por su consejera delegada, Adriana Ulibarri, hija de “El Jefe”, otro de los apodos de Uribarri.

Y es que de verdad era un imperio, más que un conglomerado: incluía El Diario de León, El Correo de Burgos y El Diario de Soria, acciones en El Mundo de Castilla y León, además de León Radio, con 12 emisoras y el 50% de la televisión autonómica, que en Castilla y León es privada.

Uribarri conseguía mantener este imperio gracias a la presunta manipulación y los amaños que arreglaba en los concursos públicos, donde derribaba sin contemplaciones a la competencia. La Junta presidida por Juan Vicente Herrera y el alcalde leonés Silván suministraban a “El Jefe” con enormes contratos para gestionar ayudas a domicilio y obras de infraestructuras.

En unas conversaciones grabadas entre el director del Diario de León y Uribarri, “El Jefe” pide que el medio presione al presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, después de que este hubiese concedido a su competidora Carflor (de la que es propietario el dueño del diario La Nueva Crónica), en vez de a su empresa, un contrato de asistencia social de 12 millones de euros. La pronta respuesta se escucha del director del Diario de León: “Ya le damos cera en el editorial de mañana”.

La lista suma y sigue, y los escándalos se pueden seguir acumulando en las semanas venideras. Según Anticorrupción, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude, información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración de concurso público y pertenencia a organización criminal.

A Ciudadanos le bastó que Silván ofreciera la cabeza de su concejal de Obras, José María López Benito, imputado también en Enredadera, para no apoyar la moción de censura a un alcalde que tiene conversaciones grabadas con Uribarri. No es la primera vez que C’s apoya la corrupción del PP; habrá que esperar si una posible imputación de Silván les hace cambiar de opinión.

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