Jornaleros españoles en 1936.

En diciembre del año 1933, tras el estrepitoso fracaso de las izquierdas en las elecciones generales debido a sus rencillas y su división, Lerroux se aprestaba a borrar del mapa toda aquella ley que hubiese sido promulgada durante el bienio progresista para reformar el país. Las derechas habían avanzado de forma espectacular impulsadas por el viento fascista que soplaba en Europa e Ignacio Villalonga, diputado de la derechista CEDA ‒al mismo tiempo consejero del Banco de Valencia, de la Compañía Española de Petróleos, Tranvías y Ferrocarriles y hombre fuerte del Banco Central, demostrando ya entonces que lo de las puertas giratorias era un gran invento‒, pronunció un encendido discurso en las Cortes en el que anunciaba lo que la patronal tenía pensado hacer para que la clase obrera no siguiera mejorando su calidad de vida: “Combatir todo intento de subversión del orden, especialmente de huelgas con finalidad política marcada. Procurar mantener el tipo de salarios tan elevado como lo permitan las circunstancias, pero procurando por todos los medios que los trabajadores rindan lo debido durante la jornada laboral”. O lo que era lo mismo: el obrero, tras dos años de ciertas mejoras laborales y salariales (sin duda por la lucha de los sindicatos que costó no poca sangre), tenía que volver a la sumisión y al silencio, conformarse con lo que le diese el patrón, generalmente poco, y dejarse la piel por la empresa.

Hoy, ochenta y cinco años después, la situación política ya no es la misma, afortunadamente, pero ciertos discursos ideológicos de la patronal actual no se diferencian demasiado de aquel que pronunciara Villalonga. “Pedimos tranquilidad”, dijo el pasado mes de julio el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en una clara advertencia a la izquierda para que no cayera en alegrías económicas. “Subir el salario mínimo interprofesional puede influir en las contrataciones”, avisó a su vez Antonio Garamendi, presidente de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, mantener el orden a toda costa (por supuesto nada de huelgas) y los sueldos ni tocarlos.

El reciente pacto de presupuestos alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –que prevé la subida del SMI hasta los 900 euros– no ha gustado a la clase empresarial de este país. Y no ha gustado porque la patronal española –al contrario de la europea, mucho más abierta a los nuevos tiempos, emprendedora y profesional‒, sigue anclada en una visión del trabajador por cuenta ajena muy similar a la que tenía en su cabeza aquel viejo diputado de la CEDA en los tiempos de la Segunda República. Un trabajador poco formado, ofertante de mano de obra barata, sumiso y que se deje explotar como un esclavo fiel las 24 horas del día, si es posible. Esta clase patronal que tenemos, muy de Ateneo provinciano, burguesa y elitista, muy de frac, copa y puro, pero poco dada a la innovación, a la investigación y a la mejora de la competitividad, insiste en la estafa de los sueldos bajos, el robo de las plusvalías, y aún no ha entendido que un trabajador feliz y bien pagado rinde más que otro frustrado y explotado. Con esta concepción decimonónica del modelo económico, casi feudal ‒tan alejada de lo que es la empresa privada en los países ricos y de lo que debe ser la relación empresario-trabajador en el siglo XXI‒, se explica que nuestro sector industrial esté siempre en el pelotón de los torpes del ranking mundial de competitividad, muy lejos de Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Alemania, Hong Kong o Japón, donde los sueldos mínimos duplican a los que perciben los sufridos trabajadores españoles.

Resulta obvio que aquí, en España, las ganancias del patrón no se reparten ni se reinvierten –pocas son las empresas que permiten a sus empleados participar del crecimiento de la compañía mediante premios como la paga de beneficios‒, y ni siquiera se apuesta por otras aportaciones como planes de pensiones personalizados para cuando el trabajador se jubile o una auténtica flexibilidad de horarios para compatibilizar la conciliación familiar, esa utopía para el trabajador y la trabajadora que en otros países europeos es una realidad desde hace años. Aquí, el amo sigue con el mismo viejo manual de siempre, aquel con el que ya fustigaba a los jornaleros en los años convulsos de la II República, o sea al tajo de sol a sol, sueldos tercermundistas (uno o dos euritos la hora, como las kellys), contratos de fin de semana y a veces de una mañana, falsos autónomos, precarización a tope, fraudes y picarescas en el pago de impuesto de Sociedades y Seguridad Social, escasos cursos de formación en las empresas, escaqueo de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, explotación del empleo juvenil, nulo interés por las becas y subvenciones en investigación, etcétera, etcétera, etcétera… Una injusticia tras otra que tiene como cómplice a un Estado que alimenta la inmoralidad y la falta de principios éticos (y hasta los promueve con instrumentos de ocultación como las SICAV). Quizá por eso no interesa que haya inspectores de Trabajo suficientes para perseguir el engaño laboral; ni bastantes inspectores de Hacienda para contener el fraude al fisco; ni tribunales independientes y valerosos que pongan orden en este sindiós laboral que tritura a los más débiles.

Eso sí, a lo que no le gana nadie a la clase empresarial ibérica es a chovinista y podemos ver cómo a sus líderes de traje y corbata se les llena la boca dando lecciones de patriotismo al pueblo (el rollo de siempre de la “cultura del esfuerzo”) mientras proliferan las cuentas en Suiza, los paraísos fiscales y la evasión caribeña. Todo ese dinero que sale de España a espuertas cada día y que empobrece a un país, en fin. Los expertos de la inspección de Hacienda calculan que tenemos una bolsa de economía sumergida que ronda los 240.000 millones de euros anuales, es decir el 23 por ciento del Producto Interior Bruto. Se sospecha que más de dos tercios de esa inmensa cantidad de dinero que no se declara nunca provienen de la evasión de capitales y el fraude fiscal de las empresas. Así es el modelo económico made in Spain, la forma de entender el desarrollo de un país de esa clase empresarial sin clase, insolidaria, a menudo formada por catetos con maletín, trileros del ladrillo hechos a sí mismos a golpe de mordida y comisión, especuladores que guardan la pasta en el calcetín suizo y que nunca han leído un libro. Pero la culpa de todo siempre la tiene el trabajador holgazán que quiere cobrar por encima de sus posibilidades, o al menos eso insinúan Casado y Rivera. Ya lo dijo aquel diputado de la CEDA: “Hay que procurar por todos los medios que los trabajadores rindan lo debido durante la jornada laboral”. Pues eso: a dar el callo y a callar.

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