Los tribunales decidieron archivar al no hallar pruebas el asunto del borrado de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas utilizaba en la sede central del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, 13. Ahora deciden reabrir de nuevo el caso gracias a las evidencias halladas, aunque para el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, todo tiene “bastante poco sentido”. Tres jueces consideran ahora que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna investigación y quieren averiguar quién o quiénes dieron órdenes para borrar dichas pruebas.
El líder del PP asegura no saber “absolutamente nada” del caso y que solo tiene conocimiento de los detalles del caso por lo que le han contado sus más cercanos asesores. Incluso deja la posibilidad abierta de que no hubiese existido tal borrado, como denunció en su día el ex tesorero del PP. Rajoy añade la consabida coletilla de sentirse “muy tranquilo” ante la reapertura del caso del borrado del ordenador de Bárcenas y recuerda que serán “los tribunales” los que decidan al respecto.
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado reabrir el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que estaban custodiados en la sede del Partido Popular en Génova, 13. Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes y UPyD decidieron recurrir contra la decisión de sobreseimiento provisional de la causa acordada por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.
El extesorero popular declaró en 2013 en la Audiencia Nacional que los dos ordenadores que utilizaba durante su etapa en el PP contenían la información original de los supuestos sobresueldos y donaciones ilegales recibidas durante años y centro del mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la formación conservadora. Cuando las autoridades judiciales fueron a revisarlos, éstos estaban vacíos.
Un juzgado de instrucción de Madrid archivó en 2013 la querella presentada, al entender que no existía un delito porque no se había acreditado que los ordenadores fueran de Bárcenas y que el PP había destruido el contenido siguiendo protocolos internos.
Ahora, tres jueces consideran que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quién o quiénes ordenaron en la sede del PP la destrucción de los discos duros.
Tampoco se conocen otros datos básicos, como por ejemplo saber si el partido dispone de un protocolo formal sobre el uso de herramientas informáticas o sobre la confidencialidad de la información almacenada.
“Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos”, dice el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al extesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pendrive y varias carpetas. Así, pide “examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo”.
Los magistrados señalan que “lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos”, así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.
Del mismo modo, aseguran que el delito de encubrimiento debe ser investigado de forma paralela o separada a la investigación del delito encubierto, sin que la falta de esclarecimiento definitivo de este último pueda justificar el sobreseimiento provisional.
El procedimiento se inició tras una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones a los juzgados de Plaza de Castilla.
Esta querella recayó en el juzgado 32 de Madrid, que la archivó, y luego ese archivo lo recurrió otra acusación personada, UPyD, aunque ese recurso no se pudo resolver porque se perdió la causa.
De todas estas actuaciones no se dio traslado al querellado, el PP, que denunció su indefensión respecto de un procedimiento que se dirige contra él y en el que la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación de que disponieran, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso.
“La situación es mucho más grave aún puesto que al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública de mi representado (el PP), la aportación ‘ex novo’ de los documentos que obren en su poder”, denunció la formación política en su escrito.
“Resulta evidente que una reconstrucción como la que se pretende no puede realizarse a espaldas de los querellados, con menoscabo de sus garantías procesales, provocando su indefensión”, explicó el PP, que finalmente se personó en la causa. Cuando el caso fue reconstruido finalmente, la jueza dio traslado del recurso de UPyD para que lo resolviera la Audiencia de Madrid.
