Del Fiscal carnal al fiscal incomodo

El exabrupto de la mafia mexicana ha llegado al exceso de remover a un Fiscal por atreverse a ejercer las facultades que le impone la ley, es una vergüenza que México sea el país más corrupto de la región y el único en el que hasta el momento se intente dejar en la impunidad a los implicados en los sobornos de Odebrecht.

Pese a lo desafortunado del hecho, la destitución de Santiago Nieto es la oportunidad del Congreso Unión para concretar la reforma que dota de autonomía constitucional a la procuración de justicia, dar vigencia a la Fiscalía General, muchas veces las instituciones de diseño resultan impracticables, como ha sido el caso, a diferencia de las instituciones hechas a partir de personas de carne y hueso.

La Fiscalía General no ha nacido porque la reforma de 2014 tiene un error de fondo, que persistirá de no aprovecharse la coyuntura, ese error es la contradicción de una Fiscalía autónoma con un fiscal que le deba el cargo al presidente, esa fue la condición para llevar a cabo la Reforma, es el paquete de impunidad, sembrar una justicia a modo a partir de los nombramientos de fiscalías y magistraturas, este propósito fracasó gracias a la intensa presión de la opinión pública con la exitosa campaña del fiscal carnal y el cierre de filas de la oposición.

Santiago Nieto es el fiscal autónomo que parecía no existir, el régimen mismo nos está señalando con esta arbitraria destitución quién sí puede ser autónomo como fiscal, condición que constituye un escenario nuevo, puesto que ahora se cuenta con el perfil que cubre ampliamente la condición de autonomía, verdadero espíritu de la reforma y esencia de la Fiscalía General, además se cuenta con la renuncia pública del presidente Enrique Peña a presentar propuesta.

Lo anterior deja al Congreso en posibilidad de aprobar la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional a través de un Fiscal General provisional hasta en tanto se esté en condiciones de resolver la contradicción de fondo establecida por el procedimiento previsto en el artículo 102 apartado A.

Esta respuesta de Estado es una oportunidad histórica, más aún cuando se está de cara a las elecciones del 2018 que a todas luces le vienen cuesta arriba a los gobiernos, una procuraduría en manos de la mafia es un garrote seguro contra líderes, dirigentes y candidatos indeseables para los caciques que están al servicio de la mafia.

Emilio Lozoya es uno de sus destacados miembros, es señalado por los directivos de la petrolera brasileña por abrir cuentas ex profeso en paraísos fiscales para recibir millones de dólares con el propósito de financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, operación que le valió el puesto como director de Petróleos Mexicanos cargo desde el que cumplió compromisos.

Todos estos hechos son públicos, totalmente verificables, son una evidente realidad que por sí mismos ponen a Lozoya como indiciado, más bien, lo extraño es que en siendo el ojo del huracán no tenga una investigación abierta, peor aún que alardeé de que el Fiscal que lo llevaría a juicio haya sido destituido por semejante atrevimiento y de paso sometido a una calumniosa campaña.

Por eso el Fiscal debería ser no sólo repuesto en su cargo, su destitución representa una afrenta al Estado de derecho, una violenta reacción de la corrupción contra el imperio de la ley, por lo tanto, la potestad del Estado debe reivindicarse y trascender a su nombramiento como Fiscal General, aunque sea con el carácter de provisional para salvar la letra de la Constitución.

Para la mafia este fiscal es un jacobino, es el terror de los corruptos, sin embargo, tan sólo se trata de un Fiscal que ha intentado conducirse con autonomía por lo que le ha sido imposible ejercer sus facultades, es echado del aparato ministerial bajo la acusación de violar el código de conducta ¿Qué conducta? La corrupción como imperativo ético de un buen funcionario priísta.

Entregar a la mafia la cabeza del fiscal sería sintomático del Estado fallido por lo que se debe aprovechar la mayoría que pueden construir los diputados de las oposiciones en el Congreso, para además del desagravio al Estado de derecho se tenga al menos una garantía de imparcialidad para las elecciones.

El caso de Emilio Lozoya pone a prueba la viabilidad democrática de México sostenida por la aspiración de justicia, por lo que su juicio es ineludible por más intocable que se ostente, así ejerza la obscuridad de sus influencias, con todo y su coartada por la que pide ser llamado a declarar, sólo para simular la voluntad de estar a disposición de la justicia bajo la verdadera condición de no ser investigado, práctica mafiosa para pisotear la ley y humillar la dignidad de las frágiles instituciones del Estado mexicano.

En caso de que el Senado se limite a repudiar la destitución, Emilio Lozoya de cualquier manera junto con sus jefes y su partido habrán de enfrentar en última instancia el ineludible juicio del pueblo, votar es una cita con la historia a la que los mexicanos acudiremos contra viento y despensa, bajo la consigna de condenar su impunidad y de liberar a México de su podredumbre.

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Académico; maestro en derecho por la UNAM; defensor de derechos humanos. Actualmente, activista del Movimiento de Regeneración Nacional. Hombre de izquierda con una militancia en el PRD, por el que fue diputado a la VI legislatura, electo por el distrito XXX de Coyoacán. Padre de dos hijos: Sahara de 6 años y Fidel de 2 años, casado con Sara Zuñiga.

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