Como vienen destacando varios medios, Argentina se encuentra volcada en la búsqueda de Santiago Maldonado. “¿Dónde está Santiago Maldonado?” es la pregunta que se repite insistentemente desde hace un mes y que desde el gobierno se está intentando censurar. La movilización social ante este asunto ha sido altísima, iniciándose una campaña por todo el país para reclamar la vuelta del artesano de 28 años que desapareció el pasado 1 de agosto en el contexto de una protesta mapuche que reclamaba parte de las tierras de Luciano Benetton en la Patagonia. Su desaparición viene atribuida a la Gendarmería (policía militar).
Parte de esa campaña ha consistido en preguntar por él en lugares públicos: en los consultorios médicos a la hora de llamar a los pacientes, en las escuelas a la hora de revisar el listado de alumnos. Tal ha sido la campaña que desde el gobierno se está intentando erradicar de las aulas bajo el argumento de la politización, lo cual ha incrementado aún más la tensión política.
En un país en el que las desapariciones forzadas se enraízan en su pasado y sus instituciones, enfrentarse a la desaparición del activista a manos del gobierno plantea el frágil equilibrio en que se encuentra la democracia, y sobre todo visibiliza el gran riesgo en que se encuentran los defensores de las tierras indígenas y los recursos naturales frente al extractivismo. El asesinato y acoso de los activistas ambientales es un problema extendido por las regiones del mundo con mayores recursos naturales y viene vinculado a la incontrolada actividad de las grandes multinacionales, que navegan por las lagunas jurídicas internacionales provocando vulneraciones de derechos humanos y conflictos sociales allá por donde pasan.
Uno no puede hablar de Santiago Maldonado sin pensar en activistas como Berta Cáceres, asesinados por defender las tierras indígenas frente a las grandes multinacionales. Pero existe una diferencia fundamental entre estas muertes y el caso de Santiago Maldonado: la responsabilidad directa que tiene un estado en la desaparición en cuestión. Esto nos lleva a hablar de desaparición forzada, un crimen definido por la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” La desaparición forzada se incluye entre los crímenes que el Estatuto de Roma enumera como crímenes de lesa humanidad, si bien se requiere una comisión sistemática del mismo de cara a incurrir en dicha categoría.
A esto se añade la detención de 50 manifestantes durante la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el pasado sábado con el fin de reclamar la aparición del activista. Entre éstos se encuentran varios periodistas, detenidos en condiciones aislamiento sin contacto con sus familiares bajo la ley de terrorismo. ¿No les resulta familiar? El uso de leyes antiterroristas para la criminalización de la protesta y la acción civil son cuestiones que deberían tenernos en estado de alerta. Quizás en este contexto sería mucho más adecuado hablar de terrorismo de estado, algo tan preocupante (si no más) como el terrorismo islamista. La desaparición de Santiago Maldonado no es un crimen particular de un país, sino la manifestación de la peligrosa deriva que los estados del mundo están tomando frente a la protesta social en connivencia con las grandes multinacionales y empleando como arma política el miedo al terrorismo que muchos de los propios estados han provocado mediante el comercio de armas, entre otros factores. Es un caso que debería servir de reflexión a todos.
