Sanidad desaconseja el consumo de cigarrillos electrónicos y de productos de tabaco sin combustión por considerarlos perjudiciales para la salud, tras haber encontrado sustancias cancerígenas en sus componentes.
Según ha explicado la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en los cigarrillos electrónicos «se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos, por lo que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al vapor».
Mientras que «los productos de tabaco por calentamiento generan un aerosol que contiene nicotina en proporción igual o superior a los cigarrillos con combustión, produciendo los efectos fisiológicos y adictivos de la nicotina, equivalentes al tabaco por combustión», argumenta en su informe.
Hay que recordar que los cigarrillos electrónicos o vapeadores y el tabaco sin combustión se presentaron en España como la alternativa al tabaco convencional. En concreto, los primeros cigarrillos electrónicos (e-cigs) aparecieron en 2008 con un diseño muy fiel al cigarro de combustión o la clásica pipa. Tienen en su interior una batería para calentar un líquido y convertirlo en vapor. Este líquido está compuesto de propilenglicol, glicerina vegetal, además de nicotina en diferentes cantidades. Sin embargo, el propilenglicol y el glicerol causan carcinógenos, agentes potencialmente peligrosos y capaces de producir cáncer.
El IQOS o tabaco sin combustión fue lanzado en 2016 por la poderosa Philip Morris, fabricante de Marlboro. Consta de un dispositivo electrónico que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, lo que lo hace, según palabras de la propia compañía, en menos perjudicial para la salud del fumador. No obstante, esa supuesta menor toxicidad no los convierte en un producto ‘saludable’ o ‘milagro’ para dejar de fumar.
La propia Sociedad Española de Neumalogía y Cirugía Torácica venía avisando desde hacía tiempo de que los vapeadores causaban las mismas enfermedades pulmonares o “muy parecidos a los causados por los cigarrillos normales”. Y en 2014, varios estudios realizados por la OMS y el Ministerio de Sanidad confirmaron los efectos nocivos que los cigarrillos electrónicos tenían para las vías respiratorias y su ineficacia terapéutica para dejar de fumar.
También otros estudios publicados en European Respiratory Journal, una revista que realiza publicaciones científicas sobre medicina respiratoria, demostraron que el vapor de los cigarrillos electrónicos tenía un «efecto similar al cigarrillo tradicional» y, por lo tanto, aumentaba el peligro de tener una infección pulmonar.
La respuesta a lo anunciado por Sanidad por parte de la Organización de Médicos en Apoyo del Vapeo y de los Cigarrillos Electrónicos (MOVE, según sus siglas originales) ha sido tajante: “Se trata de una postura inmovilista” y ha criticado que la Comisión de Salud Pública haya desaconsejado su consumo. Además la coordinadora de MOVE, Carmen Escrig, ha lamentado que no se fomenten sistemas menos agresivos para luchar contra el tabaquismo «que han demostrado tener un gran éxito y han ayudado a miles de fumadores a sustituir el tabaco por alternativas menos nocivas».
Sin embargo Elena Andradas, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, ha declarado que a los productos de tabaco sin combustión se les debe aplicar la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, debido a que, como marca la normativa de 2017, tienen la consideración de “novedosos”. Lo cual supondría soportar las mismas exigencias que el tabaco convencional, es decir, limitaciones en su venta, promoción, publicidad, patrocinio y espacios para su consumo. En dicha normativa ya se incluyen los cigarrillos electrónicos en la categoría de productos relacionados con el tabaco.
También recuerda la Comisión que España firmó en el 2003 el convenio marco del control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud y reconoce que existe una lucha de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública de los ciudadanos. Por esa razón obliga a las partes a que protejan las políticas de salud pública de los intereses comerciales.
