En su auto, la magistrada les hace responsables de las concentraciones en diversos puntos los pasados 20 y 21 de septiembre, para impedir que la guardia civil y la comitiva judicial enviada por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona pudiera llevar a cabo una serie de detenciones y registros en el marco de la investigación contra las infraestructuras catalanas.
Para la juez, los indicios que existen hasta ahora es que el día 20 de septiembre en el curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro “una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados”. Dichas concentraciones fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas “siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria las realizadas por los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Omnium”.
Según recoge el auto, a través de las citadas convocatorias se hacia un llamamiento no a una concentración o manifestación pacíficas sino para que voluntarios, “conscientes de que con ellos se dificultaría la intervención policial, hicieran un cordón ante la puerta de la Conselleria de Economía y evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos, mientras gritaban a los Mossos no os mereceis la bandera que llevais, intimando a la Guardia Civil al grito de “no saldreis.
Para la juez es esencial el hecho de que durante el transcurso de la jornada los responsables de ANC y Òmnium se erigieron como interlocutores de la concentración afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines. Algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches de la Guardia Civil, e impidieron a los agentes y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados.
La juez destaca en el auto, que en aquellas concentraciones del 20 de septiembre, Sánchez se dirigió a los congregados ante la sede del departamento de Economía “arengándolos” con expresiones como: “el 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos” o “que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”.
Reiteración delictiva y destrucción de pruebas
Lamela también cree que hay riesgo de reiteración delictiva, ya que los investigados “vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha”.
Por último, la juez aprecia la alta probabilidad de que los dos investigados puedan proceder a “ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, como se pone de manifiesto a través de la actividad ya protagonizada por los mismos en ese sentido”. Esto lo harían, según la instructora, mediante la realización de “actividades semejantes” a las que han motivado su investigación en esta causa,
Riesgo de fuga
En el auto por el que se acuerda su ingreso en prisión incondicional, la juez destaca la gravedad del delito y las penas que llevan aparejadas para tener en cuenta la posible huída de la acción de la Justicia por parte de Sánchez y Cuixart.
Denuncia de guardia civil y actúa Lamela. A Qué Me Suena Esto?
Criminalizando revueltas populares sólo conseguirá otra. Y otra peor. Y otra nefasta. Es que no habrá un juez que persiga a los guardias civiles que causaron 18000 víctimas en la era franquista? Digo. .por compensar.