El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

Al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares. La interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad.

La medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y con responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho.

El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

 

Falsos autónomos

El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como “falsos autónomos”. En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

Las empresas afectadas –o en su caso, los trabajadores- tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

 

Políticas activas de empleo  

El Gobierno ha aprobado el acuerdo de reparto complementario que se tomó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 25 de julio, para la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo destinadas a financiar la formación profesional para el empleo, por un importe de 71.284.430 euros.

La cantidad adicional de 71.284.430 euros se añade a los 2.055.139,10 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución se formalizaron en el Acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2018.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, hace así efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los PGE para políticas activas de empleo a las CCAA. De esta manera se facilita el proceso para que cada región pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.

El Acuerdo cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose fiscalizado de conformidad la aprobación del gasto del importe mencionado con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

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