Si hay una persona aún más interesada que los propios 22 encausados en el primer juicio de la macrocausa de los ERE irregulares en Andalucía durante la pasada década, que costaron a las arcas de la Junta de Andalucía más de 850 millones de euros aún no recuperados, esta persona es la propia presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz, que en reiteradas ocasiones ha defendido la “honradez” y “honestidad” de los ex presidentes que la precedieron en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y que nunca ha querido valorar en cambio la contundente petición de pena para ambos por parte del Ministerio Fiscal. De este modo, Díaz vincula su futuro político al destino judicial de los ex presidentes que la precedieron.

Susana Díaz vincula su futuro en Andalucía al de sus predecesores tras reiterar la “honestidad” de Chaves y Griñán

Los ex presidentes andaluces se enfrentan respectivamente a una petición del fiscal de diez años de inhabilitación por prevaricación continuada y seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Los expresidentes, junto a los 20 restantes ex consejeros y ex altos cargos de la Junta que se han sentado desde el pasado diciembre en casi un centenar de sesiones de la vista oral suman una petición fiscal de pena de 122 años de cárcel para los 15 acusados de malversación, y 520 años de inhabilitación para los 22 implicados por prevaricación.

Desde este martes 4 de septiembre, quedan por declarar en la Audiencia Provincial de Sevilla una decena de testigos. Uno de los que más expectación ha suscitado es la ex directora de Trabajo del Gobierno español Soledad Córdova en la década de los noventa, que reconoció que el ejecutivo de José María Aznar también utilizó este modelo de concesión de ayudas directas a empresas en crisis.

A continuación, declararán a instancias del Ministerio Público nueve de los diez peritos previstos inicialmente, designados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estas comparecencias se prolongarán aproximadamente durante un mes, con lo que la vista oral no concluirá probablemente hasta finales de este año y comienzos de 2019, tras las conclusiones presentadas por las partes.

Durante sus declaraciones en la vista oral, los 22 ex altos cargos andaluces imputados han negado todas las acusaciones y que se produjera un reparto sin control e irregular de las ayudas sociolaborales. Estos testimonios han chocado frontalmente con lo declarado por los propios interventores de la Junta, que aseguraron que advirtieron en sucesivas ocasiones de la opacidad y falta de control con que se estaban adjudicando estas ayudas, sin que nadie actuara en consecuencia desde los sucesivos ejecutivos socialistas andaluces durante una década.

En paralelo, este último tramo de legislatura del Gobierno de Susana Díaz discurrirá sin duda al ritmo que marque la justicia desde la Audiencia Provincial de Sevilla, ya que aquí se está juzgando a la cúpula de sucesivos gobiernos socialistas andaluces, que han dirigido la comunidad ininterrumpidamente durante casi cuatro décadas.

A nivel político, Ciudadanos ya ha comenzado a dar muestras de un cierto distanciamiento del PSOE, al que ha apoyado sin alzar mínimamente la voz en su gobierno en minoría durante estos tres años pasados de legislatura. Mientras, se suceden posibles fechas y rumores sobre un adelanto electoral en Andalucía, que la propia Susana Díaz ha negado una y otra vez, cargando sobre el partido naranja la responsabilidad en caso de que se vea forzada a hacerlo, como ya hizo en 2015 cuando por sorpresa rompió su gobierno de coalición con IU y adelantó casi un año los comicios autonómicos.

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