La maquinaria judicial se ha puesto en marcha para iniciar la investigación judicial contra la aforada senadora popular y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. A partir de conocerse la condición de aforada por parte de un juzgado de Valencia que pretende investigarla, debe ser su titular el que envíe ahora al Supremo una exposición razonada con los motivos por los que considera que Barberá debe ser citada a declarar como imputada en esta causa. En caso de prosperar la petición, el Supremo deberá entonces solicitar al Senado un suplicatorio para que la exalcaldesa pueda ser juzgada.

El juez de instrucción número 18 de Valencia dirigió un escrito al Senado en el que reclamaba que se acreditase la condición de senadora de Rita Barberá para determinar si es competente para investigarla. En su escrito dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, el juez busca de este modo acreditar la condición de aforada de la ex alcaldesa de Valencia, como así es, algo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.

El magistrado solicitaba a la Mesa del Senado que “a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado” remita “certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura” de Rita Barberá.

La Mesa del Senado, a través del vicepresidente de la Cámara alta, Pedro Sanz, ha explicado que “no corresponde al Senado contestar al juzgado” y que es el Supremo el que debe comunicar al órgano judicial inferior si la ex alcaldesa valenciana ostenta o no la condición de senadora.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Barberá hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que “ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal”. Desde entonces guarda un silencio absoluto y ni tan siquiera acude a las sesiones del Senado “por prudencia”, ha asegurado. La ex alcaldesa explicaba entonces vía comunicado que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, “no se han puesto en duda”.

A nivel político, Barberá sigue protegida por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que, tras hablar con ella por teléfono, le ha asegurado que “es inocente”. De este modo, Rajoy sale al paso de las numerosas voces dentro del partido que piden no seguir protegiendo a la ex alcaldesa de Valencia frente a la acción de la justicia.

Rajoy esgrime un dossier en el que asegura tener constatadas hasta 174 imputaciones a cargos del PP cuyas causas que terminaron siendo archivadas.

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