El barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, abogó en el siglo XVIII por la división de poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) como posible solución a los males sociales que veía en las sociedades de su época. Un ataque al absolutismo monárquico. Sin embargo, pese a tener un parlamento lleno de leguleyos parece que en España esa división no existe. O domina el gobierno conservador en su beneficio, o domina el Ejecutivo de nombre (monarca) en beneficio de su familia, o domina el poder económico en todos los demás. Nos gobiernan mafiosos pero de los malos, de los que no cumplen códigos éticos propios, sino que sólo miran por su propio interés.

 

Mujeres asesinadas

Ya han muerto a manos de asesinos machistas 15 mujeres. Y todo lo que se le ocurre a la clase ociosa, los políticos, es reunir un pacto contra la violencia machista a instancia de la ministra Dolors Montserrat. ¿De verdad que saben de qué hablan? Todo es un rasgarse las vestiduras pero siguen cayendo las mujeres. Si la ley se aplicase realmente se evitarían muchas muertes. Con las famosas órdenes de alejamiento no se ataja el problema. El asesino de la víctima 14 tenía una orden de alejamiento de mil metros. Y ¿quién vigila que se cumpla esa orden? Lo etéreo debe ser, porque nadie más lo hace. Toda vigilancia recae en la propia víctima y, con suerte, su círculo cercano.

La huelga de hambre que llevan a cabo un grupo de mujeres en la Puerta del Sol de Madrid debería servir para concienciar a la sociedad y que ésta presione a la clase política. No sirven de nada protocolos y leyes sin dotación presupuestaria y recursos humanos. Y de protocolos saben las mujeres de “Ve La Luz”, han sufrido la no aplicación del protocolo de huelgas de hambre.

Las fuerzas del orden público no dan abasto para tanto crimen. Nada se hace por aumentar el personal, siendo la protección el principal elemento constitutivo del Estado. Proteger a la ciudadanía. Pero bajo la hégira de gobiernos conservadores ni protección a las mujeres, ni al resto de la ciudadanía. Quieren un Estado tan mínimo que incumplen el principal mandato del mismo. Así ocurre que el número de suicidios en la Guardia Civil ha aumentado clamorosamente. Los presionan para ir más allá de lo humanamente posible y acaban matándolos en diferido. Por ahorrar en lo necesario, la banda mafiosa acaba matando a sus propios administrados.

 

La Justicia de los pocos

Francisco Granados, un político impresentable sin duda, lleva 28 meses en prisión preventiva por la operación Púnica. Ha sido, supuestamente, el ideólogo de una de las mayores tramas de corrupción de España. Pero está en la cárcel sin haber sido juzgado y vulnerándose, en cierto modo, los derechos humanos. Iñaki Urdangarín, cuñado de Felipe de Borbón, ha sido condenado a 6 años de cárcel pero se le permite seguir viviendo en Suiza y acudir una vez al mes al juzgado más cercano a su casa. La embajada en su caso. Si bien no hay sentencia firme, obtiene libertad provisional sin fianza habiéndose demostrado que ha robado a los españoles. Siendo dos miembros de la “casta” existen, incluso, diferencias de rango. La cortesanía española de la clase gobernante no tiene límites.

El ministro Catalá advierte al presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez que el Fiscal le va a imputar, pero que no se preocupe, y el señor ministro sigue en su puesto. Ni dimite, ni le cesan. Son los propios fiscales quienes solicitan la dimisión del ministro por el grave atentado que supone para la autonomía del cuerpo de fiscales, pero nadie dice más. En el PSOE, Antonio Hernando afirma “en este tema no vamos a parar hasta que no se descubra qué es lo que está pasando en las Fiscalías, por qué se está persiguiendo a los fiscales que persiguen la corrupción. Es absolutamente inaceptable”. Y piden la comparecencia y no la dimisión.

La utilización por parte de la mafia, que rodea todo esto, de prácticas de acoso y asaltos de viviendas contra diversos fiscales, como se ha venido denunciado, hace ver que los intereses privativos de algunos pesan más que la Justicia en sí. Las palabras de Manuel López Bernal en la cadena SER, deberían haber provocado ya el cese del ministro. Pero el gobierno conservador entiende el Estado como patrimonio y los funcionarios como lacayos. Y los que iban a gobernar en la oposición a verlas venir.

Al menos, ha habido una buena noticia. Miguel Blesa y Rodrigo Rato han sido condenados a 6 y 4 años de prisión y todos los que se gastaron el dinero deberán devolverlo. Una batalla ganada por Goirigolzarri, que recupera 12 millones de euros para Bankia. Cuestión bien distinta es si llegan a pisar el maco. En ese caso veremos si los privilegiados de la oligarquía dominante sí son sometidos a la Justicia o no.

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