Hablamos, como poco, de 65.000 millones de euros evaporados de las arcas públicas estatales de 2009 a 2016 gracias a las ayudas oficiales a la banca española y a la amnistía fiscal de 2012 que condonó multas y rebajó los tipos impositivos a defraudadores de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. ¿Tomará la iniciativa de acusar al Gobierno del PP, al presidente Rajoy y al ministro de Hacienda Montoro de malversación de caudales públicos la Fiscalía General del Estado?
El Banco de España ha dejado claro recientemente que de los préstamos concedidos a la banca, unos 56.000 millones de euros, solo se han devuelto casi 4.000 millones, restando más de 50.000 millones por recuperar. Como mucho, admite su gobernador Linde, podrían ser susceptibles de recuperarse cerca de 10.000 millones, dándose por incobrables por encima de los 40.000 millones de euros.
Sesudos analistas indican que el 80 por ciento de la deuda bancaria será fallida para Hacienda. Sin embargo queda una duda intensa, ¿a cuánto asciende realmente la cantidad del rescate? Se sabe que Madrid solicitó a la Unión Europea una línea de crédito oficial de 100.000 millones de euros, pero se desconoce por el oscurantismo de Bruselas y La Moncloa la cifra final del rescate bancario sumando créditos directos camuflados en diferentes fuentes y ayudas indirectas escondidas en condonaciones de deuda, bonificaciones especiales y exacciones fiscales. Todos son especulaciones al alza: 62.000 millones, 77.000 millones, 100.000 millones, ¿130.000 millones de euros? Las estimaciones a la baja señalan que el rescate bancario nos ha costado a cada contribuyente en España un sobrecoste muy próximo a los 2.200 euros.
Los principales perceptores de las ayudas a la banca, según el Banco de España, fueron Bankia (22.000 millones de euros), BBVA (12.000 millones), Novacaixagalicia (9.000 millones), CaixaBank (5.500 millones) y Banco Sabadell (5.200 millones). Varias entidades se repartieron el resto, 6.000 millones de euros.
Por solo referirnos a 2016 y al primer semestre de 2017, los bancos citados ya están desde hace mucho tiempo en beneficios. Están son sus ganancias actuales. BBVA (5.700 millones de euros), CaixaBank (1.800 millones), Bankia (1.300 millones), Banco Sabadell (1.100 millones) y Abanca (560 millones), antes Novacaixagalicia. Abanca, primer banco privado de Venezuela, compró la entidad gallega por 1.000 millones de euros, tiene presencia en 16 países, 10 millones de clientes y 150 billones de dólares en activos. Si añadiéramos la cuenta de resultados de ejercicios precedentes, los beneficios se dispararían considerablemente, pero valga como muestra los datos aportados para hacerse una cabal idea de las lustrosas plusvalías bancarios asentadas en el colchón casi regalado de los recursos públicos.
Siguiendo estadísticas de Eurostat, para afrontar la crisis financiera desatada en 2008, las ayudas estatales de sus países miembros a las bancas nacionales alcanzaron oficialmente los 600.000 millones de euros, una sexta parte correspondientes a España. Esta inyección de dinero fresco extraída de la caja común fue equivalente al 4,5 por ciento del PIB europeo y al 8,5 por ciento del PIB español, es decir, casi el doble de la media. Y siempre se negó de forma categórica que fuese un rescate en toda regla.
Retengamos esta colosal cifra: al menos, 50.000 millones de euros perdidos hasta la fecha en las cajas acorazadas de la banca española.
Favores fiscales ilegales
Vayamos ahora al asunto de la amnistía fiscal de Montoro. Las medidas de gracia hicieron aflorar 40.000 millones de euros no declarados en los plazos estipulados. Al principio se pensó en un tipo impositivo del 10 por ciento; más tarde se redujeron las expectativas al objetivo de recaudar 2.500 millones. El resultado final, 1.200 millones, esto es un 3 por ciento sobre los bienes declarados tras la regularización extraordinaria. Si a esos 40.000 millones se les hubiera aplicado la normativa ordinaria más multas, sin excepciones, la recaudación debería haber ascendido a 15.000 millones de euros. O sea, 14.000 millones se han escamoteado merced a una ley declarada inconstitucional pero sin efectos retroactivos.
De los 31.500 beneficiados por Montoro han salido a la luz nombres muy ilustres, entre otros, el inefable Rodrigo Rato, el no menos notorio Francisco Granados, Alberto López-Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Edmundo Rodríguez, ex testaferro de Ignacio González, ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero de La Razón, Diego Torres, ex socio del cuñado del rey Urdangarin, Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid e Iván Yáñez, broker y ex testaferro de Luis Bárcenas.
Merece la pena abundar en cuestiones fiscales. Varios estudios, entre otros de Gestha (prestigiosa asociación de técnicos de Hacienda), ponderan que la economía sumergida ronda los 250.000 millones de euros en España, que al no mantener estatus legal, impide que las arcas públicas reciban 90.000 millones de euros anuales.
Tampoco están declarados 160.000 millones de euros de residentes en España con patrimonio y depósitos en metálico en el extranjero, alrededor de 145.000 millones en paraísos fiscales. Detrás de ese neutro “residentes en España” se cobijan las multinacionales que cotizan en el exclusivo índice bursátil Ibex 35, empresarios de alto rango y familias de postín. La ingeniería financiera no está al alcance de soldados rasos que viven de un salario normal o perciben una pensión para llegar con dificultades a fin de mes.
Este fraude multimillonario obliga a cada contribuyente en nuestro país a un suplemento medio de 1.000 euros al año para paliar tamaño agujero evasor e ilegal. El resto se lo llevan los recortes salvajes promovidos por el PP.
Resulta ilustrativo traer aquí a colación números significativos de los presupuestos generales del Estado para el año en curso, que se elevan a 319.000 millones de euros. El dinero evaporado en el rescate bancario y la amnistía fiscal suponen un 20 por ciento de tal cantidad, un 30 por ciento si tenemos en cuenta el volumen de fraude que no tributa a Hacienda y un 80 por ciento acudiendo a las escandalosas cifras de la economía sumergida, que representa a su vez casi la cuarta parte del PIB (o de la deuda pública que más a o menos están a la misma altura).
En total, casi 65.000 millones de euros se han perdido o dejado de ingresar por las ayudas a la banca y la amnistía fiscal decretada por Montoro. Más comparaciones. Para 2017, Sanidad cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de euros, Servicios Sociales, 2.400 millones, Educación, 2.500 millones y Justicia, 1.700 millones. Todas las partidas juntas, 10.600 millones de euros. ¿A cuánto podrían ascender si la lucha contra el fraude y la equidad fiscal funcionaran correctamente?
El Banco de España no se enteró de la crisis ni delante de sus narices. El Gobierno de Rajoy afirmó hasta la saciedad que las ayudas a la banca no iban a costar ni un céntimo a las arcas públicas. La ley de amnistía fiscal ha sido tachada de inconstitucionalidad. ¿Ha habido malversación de fondos públicos? Tiene la palabra la Fiscalía General del Estado. Si lo suyo es defender el principio de legalidad y el interés general, tiene materia más que de sobra para abrir cauces legítimos para que la impunidad no se lave en las urnas del olvido y la indiferencia.
Nos deben 65.000 millones de euros. ¿Perdonamos la deuda o reclamamos justicia?
