La Ley Electoral de la República Dominicana data de 1997 y al parecer no garantiza que se cumpla ni da poder a la Junta Central Electoral (JCE), organismo rector de ese país, para aplicarla ya que los partidos políticos no la respetan.

Al parecer la regla es que hay reglas; se supone que el Estado dominicano es el que financia la campaña de todos los partidos, sin embargo, reciben aportes de cualquiera sin declarar a ningún estamento del Estado, lo que no garantiza la equidad y favorece el uso de los recursos públicos en campaña.

En 2015 se aprobó un intento de Ley de Partidos que era prácticamente igual a la anterior por lo que no prosperó, desde entonces se habla poco de dicha pieza a lo interno de los partidos como si usaran tácticas dilatorias para seguir dándole largas al asunto.

La Ley Electoral actual establece pocos controles al financiamiento de los partidos. Una nueva ley podría incluir un poco más de medidas. La mayoría de los políticos de ese país hacen populismo con dadivas que algunas veces son aporte del crimen organizado, como es el caso, no comprobado, de que Quirino Ernesto Paulino Castillo financió la campaña de Leonel Fernández, algo que no se afirmó ni se negó.

La actividad política se ha convertido en un negocio, en el que se compran los votos en la calle, a simple vista sin que haya alguna sanción. El transfuguismo es normal hasta faltando días para el certamen electoral y todo sigue sin que alguien sea sancionado.

Al parecer ningún partido, está realmente interesado en la aprobación de una Ley de Partidos. Aunque, de aprobarse dicha lay los partidos políticos en ese país deberán someterse a reglas.

Nuevo presidente de la Junta

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, depositó el mes pasado el nuevo proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y afirmó que en este año será aprobado por los legisladores.

“Tenemos la firme convicción de todos los Partidos y Agrupaciones Políticas han madurado lo suficiente en este tenor y pensarán en los mejores intereses de la Patria y dejarán de lado sus posiciones, para aprobar la citada normativa”, puntualizó el magistrado Castaños Guzmán en momentos en que consensuaba la pieza junto a todos los partidos.

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