por Manuel Domínguez Moreno/Ricardo Lenoir
“Se está votando como siempre se ha votado”, dijo hoy a los medios el juez Eddy Olivares, representante de la Junta Central Electoral de República Dominicana, tras recorrer varios colegios electorales en donde pudo comprobar el fallo del sistema de conteo contratado con la empresa española Indra para éstas Elecciones Presidenciales 2016.
Esto ha provocado retrasos en la apertura de colegios, 6 de la mañana, con molestias para los ciudadanos que se han visto obligados a esperar en largas colas. Y a propósito de esto, ¿será éste el motivo por el que miles de técnicos electorales han renunciado en las primeras horas de la jornada electoral?
Un sistema de contabilización de votos que ya fue utilizado en 2012 en este mismo país y en unos comicios semejantes cuando la presidencia se la disputaron el actual jefe de Estado y candidato, Danilo Medina, e Hipólito Mejía, expresidente a su vez.
En aquella ocasión un candidato se quedó a muy pocos votos del otro y la sensación de que se habían cometido irregularidades era palpable.
Indra, grupo industrial-empresarial al que ha estado vinculada la familia Pujol -(Y a la que el Rey emérito Juan Carlos I “tanto ha cuidado”) ha llevado este peculiar sistema a numerosas elecciones latinoamericanas. El favor y el apoyo de personajes tan relevantes algo habrá tenido que ver.
¿Quién contrata?
Lo inquietante de este asunto es que el sistema de Indra lo contrata el Gobierno en el poder que a su vez presenta su propio candidato. Podría decirse que ha sido la Junta central Electoral la que ha contratado tan sofisticada tecnología pero en Dominicana los órganos independientes son vasos comunicantes con el Gobierno.
De esta forma el control sobre lo que el sistema de conteo de votos va recogiendo y procesando está en manos del poder y a partir de ahí se distribuye la información a los medios de comunicación, las otras fuerzas concurrentes y los observadores, además de otros. ¿Se distribuye toda la información?, ¿se “retocan” y manipulan los datos? Esas son las preocupaciones que circulan entre los ambientes políticos dominicanos de oposición y entre algunos medios de comunicación.
La gravedad del asunto, de confirmarse los temores sobre la utilización de los datos recogidos y procesados por la “máquina” de Indra, radica en que lo que está en juego es nada más ni nada menos que la voluntad popular, la soberanía del pueblo dominicano manifestada a través del voto. Y esa voluntad popular está en manos de una empresa privada contratada por el poder, que utiliza el entetanimiento como instrumento de corrupción democrática.
Observadores estériles
Y al embrollo creado por las máquinas y quienes las han contratado se une el papel de los observadores internacionales, auténticos “floreros” de porcelana china, -de tienda de chinos-, que más que observar parece que estén de turismo en el atractivo país caribeño cobrando algunos de ellos una potente dieta que es superior al sueldo que recibe un dominicano medio en un año.
¿Qué seguridad ofrecen los observadores en cuanto al rigor y la independencia con la que trabajan?
Y, lo que es más desconcertante: ¿para qué sirve su actuación? ¿Cuántas elecciones se han invalidado tras un informe en contra de un resultado de los observadores? Hasta donde llega nuestra memoria y con los datos consultados, de los últimos 20/50 años, en Latinoamérica, nunca. Tampoco en 2012 en República Dominicana.
Y sin embargo, cabe aquí pensar en una presunta manipulación y corrupción de los gobiernos de turno, de lo que es y ha sido testigo la conciencia de la historia.
Su presencia, sin embargo, queda bien, luce en el conjunto general de las elecciones y presenta al propio proceso electoral como limpio y transparente. Todos contentos. Aunque el jabón y el control de la limpieza los pague alguien con interés en una lista o boleta concreta.
Impugnar el resultado
El solo hecho de que un sistema de contabilidad electoral haya fracasado, y no es la primera vez, es razón suficiente para que todos los candidatos, incluido Danilo Medina, impugnaran los comicios porque los responsables de esta situación han demostrado no creer en la democracia. Por ello los hombres y mujeres libres tienen el derecho a exigir garantías y responsabilidades por el comportamiento fallido del sistema y de quienes lo contrataron.
