Es la tarde del 1 de Julio de 2018, al cierre de las casillas se confirma la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el consejero presidente del Instituto Electoral saldrá a reconocer lo irreversible del resultado, Lorenzo Córdova declara el triunfo para la coalición Juntos Haremos Historia con poco más 25 millones de votos.

Se rompe la tradición del fraude, la democracia mexicana da visos de existencia, la alternancia que no fue parece ser, 50 años después los deseos de los jóvenes estudiantes de 1968 al fin se cumplen, muere el PRI después de privatizar prácticamente todo.

La muerte del PRI y su extensión bipartidista del siglo XXI, el PRIAN implica el nacimiento del nuevo partido de oposición creado para derrocar a López Obrador. El tradicional poder en manos de un solo hombre será la principal bandera de la derecha, criticaran todo lo que hicieron como gobierno y lucharan con todo por evitar que cumpla la promesa capital de acabar con la corrupción.

El nuevo régimen comenzará por atender la exigencia de justicia ante la impunidad con la declaración de dos instancias, la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa y la Fiscalía especializada para investigar el caso Odebrecht.

La propuesta económica se guiará bajo el principio de la austeridad para los altos funcionarios, se suprimirán los sobresueldos e inconfesables beneficios que les da la disposición arbitraria de recursos públicos, se reducirá el presupuesto en fuerzas armadas para destinar más al gasto social especialmente a la educación.

Para beneficio de la economía popular se ordenará el control democrático de precios a la luz, el gas y la gasolina. Se cancelará el proyecto del aeropuerto de Texcoco y los empresarios aceptaran la propuesta de ampliar el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y abrir el de Santa Lucia.

Todas estas medidas emergentes del primer año serán acusadas de ser autoritarias y lo que fuera considerado el poder de un monarca en los tiempos del PRIAN será tachado de dictadura.

Los negocios al amparo del poder público reclamaran su vigencia, la convocatoria a un Constituyente será la demanda de los que queremos que la obra social de la honestidad y las nacionalizaciones se ordenen por la Constitución.

El nuevo régimen para ser democrático exige dividir el poder político del económico bajo la consideración de que sólo a través de elecciones austeras basadas en la confrontación de propuestas podrá acabar con el poder del dinero en la elección.

Los debates y no los billetes son los que deben hacer la diferencia sólo así podrá acabarse con la corrupción, la elección de Obrador es un fenómeno político y como tal rara vez sucede, por lo mismo se deben establecer reglas que permitan su constante realización.

Sólo un gobierno electo democráticamente tiene la autoridad para llamar a la elección de un Constituyente, la objeción de la reacción será que su verdadera intención es permitir la reelección de López Obrador, sin embargo, la hegemonía del pensamiento social debe redactarse en la Constitución.

La democracia del siglo XXI debe deshacer la elite política para que las responsabilidades públicas y la representación popular sean experiencias de los ciudadanos, políticos de tiempo completo puede haberlos, pero sin condenar a la ciudadanía a la pasividad del testimonio.

El primero de julio más que ser el fin de una lucha se trata del principio de otra, la que debe darse por llevar la democracia a la Constitución, el México de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes en fin de ese pueblo que el PRIAN relegó a la informalidad sea como desempleados o como migrantes.

La Constitución del PRIAN es porfiriana en lo político y salinista en lo económico, es neoliberal. La nueva que podrán llamar obradorista debe ser unma obra democrática sobre la base del pensamiento juarista, zapatista, maderista y cardenista.

Esta es la cuarta transformación, una República verdaderamente federalista y democrática en síntesis el México para todos.

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