Rajoy trata de mejorar su imagen con el pacto contra la violencia de género

A casi nadie en la oposición se le ha escapado el uso que el presidente del Gobierno dio ayer al pacto contra la Violencia de Género. Tras su comparecencia ante el tribunal como testigo por la corrupción ilegal del PP, Mariano Rajoy acudió a un acto contra esta lacra social para limpiar su imagen tras las más de dos horas sentado y respondiendo a los abogados y fiscal de ambas partes en el proceso.

En este sentido, En rueda de prensa, la portavoz socialista Ángeles Álvarez ha criticado el acto que organizó ayer el Partido Popular tras la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional en el juicio por el caso Gürtel, “un acto políticamente obsceno y de falta de respeto hacia los trabajos de la subcomisión, enfocado a lavar la imagen del presidente del Gobierno”, ha dicho.

Por otra parte, La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha registrado hoy en el Congreso 20 votos particulares al dictamen de la Subcomisión para un Pacto contra la violencia de género, en los que, entre otras cuestiones, propone incluir reformas sobre custodia compartida impuesta, violencia patrimonial, explotación reproductiva, aborto, trata y prostitución.

Respecto al Pacto contra la violencia de género, el Grupo Socialista propone, entre otras cuestiones, “promover las reformas legislativas pertinentes para evitar el uso de la custodia compartida impuesta como un instrumento de chantaje, particularmente hacia las víctimas de violencia”; “eliminar los obstáculos que dificultan o impiden hacer efectivo el derecho a una reparación del daño adecuada” -la reparación del daño que exigía Ángela Carreño quedaría atendida con este voto particular-; y “legislar contra la violencia patrimonial, creando un registro de sentencias por impago de alimentos y considerando el impago de alimentos y el control de los de los recursos económicos de los ingresos familiares como violencia patrimonial o económica”.

Los socialistas plantean “incluir la explotación reproductiva como una forma más de violencia contra las mujeres”. Por otro lado, entienden que los juzgados de violencia contra las mujeres deberían tener atribuciones y competencia en los procedimientos de sustracción internacional de menores cuando estos casos están relacionados con violencia de género. “No puede ser que mujeres como Juana Rivas, que están en definitiva haciendo una defensa de la seguridad de sus hijos y su propia seguridad, estén expuestas decisiones de los juzgados de familia que no tienen especialización en esta materia”, ha señalado Ángeles Álvarez.

Asimismo, el PSOE pretende “introducir la vinculación directa entre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual; reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá desmantelar la industria del sexo; legislar contra todo tipo de proxenetismo lucrativo medie o no consentimiento de la persona prostituida, y promover una legislación que  sancione la demanda y compra de prostitución”.

También se pretende modificar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo para que “las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder ejercer su derecho al aborto, ya que en muchas ocasiones son violentadas por aquellas personas que tienen que autorizar si abortan o no”, ha argumentado Ángeles Álvarez.

Por otro lado, se propone la modificación del artículo 416 de la LECRIM para restringir el alcance del mismo cuando la persona, el pariente exento sea víctima de violencia, ya que “la dispensa hace responsable a las víctimas de la continuación del procedimiento”. Y que “la renta activa de inserción que cobran las víctimas de violencia de género cotice a efectos de Seguridad Social, para posibilitar el acceso a la pensión de jubilación de las mujeres que padecen esta violencia”.

Compromiso presupuestario

Ángeles Álvarez ha señalado que para poner en marcha el Pacto es fundamental el “compromiso presupuestario, activar de manera urgente las partidas destinadas”, porque “si no el pacto se vendrá abajo en su conjunto”.  Un presupuesto “insuficiente” – el PSOE aprobó en su último Congreso dedicar el 0,2% del PIB a las políticas públicas de igualdad y violencia de género, lo que supone más de 2000 millones anuales, ha recordado-, pero que “puede ser aceptable para iniciar el proceso”. “Hemos pedido que el reparto de esos 1.000 millones a CCAA y Ayuntamientos sea condicionado y finalista; no queremos que ocurra lo mismo que con la Ley de Dependencia, queremos tener identificadas esas partidas presupuestaria que serán además nuevas con relación a los PGE de 2017”. Además, “es fundamental elaborar en el marco de los PGE una ficha de seguimiento presupuestario y de gasto para cada departamento ministerial que permita identificar las partidas destinadas a las políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia y las asignaciones especificas relacionadas con el acuerdo económico del presente acuerdo”, para evitar “triquiñuelas presupuestarias”.

Para la portavoz socialista, “lo fundamental era traer al partido del Gobierno a este acuerdo. Nos ha costado muchos años, en 2014 hicimos el primer llamamiento para articular este pacto y por fin hemos conseguido sentarles en la mesa”, concluyó.