Cuando Bush, Blair y Aznar decidieron declarar la guerra a Saddam Hussein no lo hacían, tal y como nos contaban en sus solemnes declaraciones institucionales, llevados por la responsabilidad de unos estadistas visionarios llamados a proteger a la humanidad de unas terribles armas de destrucción masiva que nunca existieron, sino por una confluencia de intereses económicos y geoestratégicos que precisaban de la complicidad formal de los jefes de los ejércitos para llevar a término sus planes. Sin duda no hay razón de Estado más legítima que la defensa de la seguridad y las vidas de los ciudadanos, pero cuando la misma no es más que un subterfugio para amparar fines ilegítimos, como posteriormente tuvimos ocasión de constatar en el caso de la guerra de Irak, con lo que nos encontramos es con la mentira institucionalizada.
Nos cuentan hoy los medios de comunicación que en el PP se considera ahora que la mejor opción táctica para sus intereses es la de ir a una nueva convocatoria electoral que tendría lugar, de acuerdo con la iniciativa parlamentaria que impulsan para su urgente tramitación, el 18 de diciembre. Lo que viene a significar esto es que hemos estado asistiendo durante meses a la representación de una gran farsa. En ningún momento fueron los intereses del país, su imagen en el exterior, el descrédito de las instituciones o el deterioro de nuestra credibilidad económica para los inversores, las verdaderas razones que sustentaron discursos, editoriales, debates y apelaciones al sentido común y a la responsabilidad.
Tras la buena razón de Estado de la estabilidad para todos se ocultaba la verdadera, que no es otra que la de la mejor oportunidad para algunos. Y ahora que se vislumbra una coyuntura más halagüeña para el PP que podría llevarle a mejorar sus resultados en las urnas (gracias, eso sí, a la inestimable colaboración del resto de partidos), unas terceras elecciones ya no sólo no son perniciosas para la sociedad, sino que pasan a convertirse en la mejor de las salidas para propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Porque no son nuevas las circunstancias a las que apela hoy Rajoy (facilitar la investidura es condición indispensable pero insuficiente, de tal manera que el PSOE habría de garantizar su apoyo para toda la legislatura) de hecho eran evidentes desde el primer momento: la inestabilidad política que precede a la investidura del Presidente del Gobierno no queda en absoluto conjurada tras una votación suficiente para hacerla efectiva; es más, la verdadera incertidumbre se inicia justo en ese momento en el cual un Gobierno ha de enfrentarse a la realidad de un Parlamento con una mayoría dispuesta a bloquear iniciativas básicas, como los presupuestos que le permitan gobernar, y volcada en la derogación de buena parte de las leyes aprobadas por el mismo en su anterior mandato.
Lo que sucede es que entre la desorientación del tumulto había quien tenía claro el objetivo, y este no era otro que elevar el interés partidario a la categoría de interés general, de tal manera que, cegadas el resto de las vías, sólo dos opciones quedarían visibles: o Rajoy o el abismo. Y a nadie en su sano juicio le apetece despeñarse.
Así como la razón de Estado condujo irremediablemente a aceptar la guerra de Aznar como el mal menor (a pesar de un 90% de españoles en contra) frente a la alternativa del terror; ahora hay quienes estarían dispuestos a aceptar la corrupción que acompaña la trayectoria política de Rajoy como opción menos mala que el desgobierno que se atisba al otro lado, aunque la suma de votos de la oposición dupliquen en número a los del Partido Popular. Evidentemente la culpa es de quienes no son capaces de liberar a los ciudadanos de esa perversa disyuntiva.
