El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga una presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa y senadora, Rita Barberá, aforada ante el alto tribunal.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, informa OTR.

El juez, no obstante, señala que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación “concreta” respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

Sin embargo, según el TSJCV, el instructor detalla en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

El juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de “estrecha confianza” entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

SILENCIO DE GARCÍA FUSTER

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es “compleja”. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal” son “muy anteriores en el tiempo”, pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran. Sus explicaciones, señala el instructor, son “insuficientes” para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

ALEGACIONES DE DOMÍNGUEZ

El otro aforado al que afecta esta causa es el diputado autonómico del PP Miguel Domínguez, aforado ante el TSJCV. El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del ‘caso Imelsa’, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

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