Huelgas de hambre, motines, falta de higiene en habitaciones y pasillos, hacinamiento, mala comida, enfermos contagiosos y crónicos que no reciben una asistencia médica adecuada, internos que no pueden ser visitados por sus familiares, celdas de aislamiento y trato poco humanitario han puesto bajo sospecha a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), recintos de seguridad que a menudo son gestionados con escasa transparencia y falta de información.
La polémica por las deficientes condiciones de habitabilidad planea sobre estos complejos policiales construidos para la retención provisional (que no detención) de aquellos inmigrantes sin documentación legal en España que aguardan una resolución del Gobierno sobre su futuro inmediato: la expulsión del país o la ansiada regularización. Las oenegés piden el cierre de los CIE porque, según consideran, atentan contra los derechos humanos, mientras que los sindicatos policiales denuncian que la situación es “insostenible” y que cualquier día “va a ocurrir una desgracia”. El Gobierno, por su parte, no suele ofrecer demasiadas explicaciones y la mayoría de las veces se limita a guardar silencio. Es como si nadie se quisiera hacer cargo de la patata caliente que suponen estos centros.
¿Pero qué está pasando realmente dentro de los CIE, cuál es la situación real? ¿Por qué se da a muchas de estas personas un trato injusto más propio de presidiarios que de inmigrantes o refugiados que no han cometido delito alguno? ¿Por qué sabemos tan poco de lo que sucede de puertas para adentro en estos centros de internamiento donde suele imperar el oscurantismo? Los CIE fueron creados por la Ley de Extranjería de 1985 para adecuarse al espacio Schengen europeo. España iba a convertirse en la frontera sur de la UE y tenía que estar lo más blindada posible ante la entrada de inmigrantes. En la actualidad, siete de estos centros siguen funcionando en España: Madrid-Aluche, Barcelona, Valencia-Zapadores, Murcia, Algeciras, Tenerife y Las Palmas. Los de Málaga y Fuerteventura fueron clausurados recientemente por inhabitables. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de inmigrantes sin papeles que pasan cada año por estas instalaciones policiales pequeñas y escasamente dotadas de personal y recursos materiales.
Algeciras, por su condición de centro fronterizo, es el más masificado, con 2.303 internos (un 33,23% del total, según datos de 2015), mientras que el de Madrid (1.342) es el segundo que más personas registra, ya que por allí pasan los retenidos que van a ser expulsados del país vía aeropuerto internacional Barajas-Adolfo Suárez. Las oenegés como SOS Racismo denuncian que ningún CIE está acondicionado, hoy por hoy, para atender a tal cantidad de inmigrantes.
Himmi, un africano de 36 años que llegó a España clandestinamente, sabe bien lo que es pasarlas canutas en uno de estos centros. En el año 2007, después de que los médicos le diagnosticaran el virus del sida, fue ingresado allí de forma provisional. De la noche a la mañana, el paraíso español con el que soñaba cuando estaba en su país se convirtió en una celda de apenas dos metros cuadrados. “Me abrieron un expediente de expulsión y fui internado. No pude tomar los antirretrovirales durante cinco días y al final tuvieron que llevarme a un hospital. La doctora les tuvo que decir que tenían que darme los medicamentos sin falta”, asegura. Para un enfermo crónico que necesita asistencia y cuidados a diario, terminar en un CIE puede resultar un auténtico infierno. El Gobierno español intentó expulsar a Himmi pero no pudo hacerlo al no reconocerlo su país de origen como ciudadano propio.
Abdennour, un joven subsahariano de 18 años, es otro de los miles de inmigrantes que en los últimos años han llegado a España en patera. También ha vivido la traumática experiencia de ser encerrado en una de estas “cárceles amables”. “Estoy enfermo de los pulmones y toso mucho. Uso un inhalador que me renuevan en la enfermería del CIE con cierta regularidad. Pero como los demás internos me ducho sin agua caliente y eso me pone peor. Mi novia vive aquí en España, está embarazada”, explica con resignación.
Los casos de Himmi y Abdennour son solo dos gotas de agua en el inmenso océano de dramas humanos que se viven cada día en los siete centros de internamiento españoles. Sus testimonios, y el de otros muchos, han sido documentados en un reciente informe elaborado por Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una oenegé que se dedica a entrevistarse con ellos para evaluar cómo es el trato que reciben en estas instalaciones. En principio, los CIE fueron creados para “retener de manera cautelar y preventiva” a personas sin documentación legal en España a la espera de su regularización o de su expulsión del territorio nacional. No tienen carácter penitenciario, no deberían funcionar como instituciones punitivas, coercitivas o represoras, ya que la inmensa mayoría de las personas que son internadas entre sus muros no han sido condenadas por delito alguno y simplemente han cometido una falta administrativa: la de no poseer un permiso de residencia. Sin embargo, en la práctica no es así y desde hace ya algunos años, como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país, los CIE se han convertido en auténticas cárceles, muchas veces masificadas. En estos complejos de seguridad, cientos de extranjeros de numerosas nacionalidades conviven en condiciones poco dignas que dicen muy poco de una democracia avanzada como debería ser la española, según denuncian diversas oenegés, que comparan el hecho de recluir a un inmigrante sin papeles en un CIE con encarcelar a un ciudadano solo porque no tiene el DNI en regla.
Durante el año 2015, 6.930 extranjeros fueron internados en los CIE españoles, siempre por orden judicial. Apenas un 41% fueron finalmente expulsados del país, de manera que un 60% de ellos podrían haberse ahorrado el mal trago de vivir largos y penosos días de aislamiento entre cerrojos y alambradas. En total, el Ministerio del Interior abrió 30.614 expedientes de expulsión en toda España y dictó 20.552 órdenes de repatriación, de las que finalmente fueron ejecutadas 6.869. Es decir, solo uno de cada cinco expedientes abiertos terminó con la devolución del inmigrante a su país de origen. Francisco Blas, inspector jefe y exportavoz del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Murcia, reconoce a Diario16 que la situación puede llegar a ser “conflictiva” en estos centros porque “a la ansiedad y la preocupación de esta gente, que ve cómo va pasando el tiempo y no se regulariza su situación en España, que ni es de libertad ni es de reclusión en una cárcel, se une que las medidas de seguridad en algunos CIE, por ejemplo el de Murcia, no están adaptadas a las últimas tecnologías, como el uso de mecanismos de control remoto en las puertas, lo que obliga a que haya un mayor contacto entre los policías e internos. Esto genera tensión”.
Junto al centro de internamiento de Algeciras, el CIE más importante sigue siendo el de Aluche (Madrid), conocido entre los inmigrantes sin papeles como El Guantánamo español. Construido sobre el antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel, fue inaugurado en junio de 2005 con un coste de 11 millones de euros y una capacidad inicial para 280 personas (40 de ellas mujeres). Pero la masificación se ha ido adueñando de las instalaciones y solo en 2013 pasaron por allí más de 3.000 personas.
El Guantánamo español funciona como una auténtica prisión estatal, no solo porque los internos están absolutamente privados de libertad, sino por su estructura arquitectónica dividida en módulos carcelarios, por el alojamiento de los recluidos en “celdas” mal ventiladas con ventanas selladas por las que apenas entra la luz, por los férreos controles de vigilancia y por el estricto régimen cuasipenitenciario que rige su vida diaria. Varias oenegés han denunciado las deplorables condiciones de vida que soportan los internos.
Tras once años en funcionamiento, el centro ha multiplicado su ocupación y se encuentra completamente saturado. En el momento del ingreso se facilita al interno una colchoneta y unas sábanas, que se lavarán cada 15 días, así como un pequeño kit de aseo. Las celdas, inicialmente ideadas para una media de entre cuatro y seis personas, albergan ya hasta ocho internos. Lo peor de todo es que en algunos momentos solo hay disponibles tres o cuatro literas por habitación (fabricadas en un duro material metálico). La austeridad es espartana. En un principio, las celdas no disponían de baño propio y pese a ello a los internos se les prohibía salir por la noche a hacer sus necesidades, aunque la situación ha mejorado en ese sentido y ya hay lavabos independientes en las habitaciones. De las duchas, a menudo averiadas, solo sale agua congelada o hirviendo, otra deficiencia marca de la casa.
El Defensor del Pueblo, en su condición de mecanismo jurídico para la prevención de la tortura, tuvo que recomendar a la Dirección General de la Policía el reparto de colchonetas de mayor grosor, maquinillas desechables y cortaúñas para evitar un uso compartido que pueda provocar el contagio de enfermedades infecciosas. Una de las denuncias más reiteradas de los extranjeros es la mala calidad de la comida, por días cocinada con escasa higiene y cuidado. La calefacción suele averiarse a menudo, lo cual es un problema en el frío invierno de Madrid. No hay libros, faltan zonas habilitadas para el culto religioso y el único entretenimiento para las largas horas de tedio es una televisión colectiva en la sala de estar.
Todo eso ha provocado que la situación de conflictividad se haya hecho especialmente insostenible en las últimas semanas. El pasado 18 de octubre estallaba el motín. Ese martes, medio centenar de internos decidían atrincherarse en la azotea del edificio, donde al grito de «libertad» y «dignidad» denunciaron que estaban siendo maltratados. Ya no aguantaban más el trato vejatorio que, según ellos, estaban recibiendo por parte de las autoridades españolas, un trato más propio de presidiarios recluidos en cárceles de países tercermundistas que de un centro oficial en una democracia europea respetuosa con los derechos humanos. La versión oficial de la Policía Judicial fue que en torno a las 22.00 horas un grupo de internos intentó hacerse con el control del centro, atrincherándose en la terraza. Allí permanecieron hasta pasadas las 9.00 de la mañana del miércoles, cuando los agentes consiguieron apaciguarlos y convencerlos para que volvieran a sus celdas-habitaciones. Ningún amotinado consiguió escapar, pero fueron once horas de máxima tensión de un episodio que está siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Madrid y por el Defensor del Pueblo. Tras estos graves incidentes, la única medida que ha tomado el Juez de Control hasta la fecha ha sido ordenar la instalación de unas cuantas cámaras de seguridad en aquellas salas del CIE donde antes no las había y donde, según los internos amotinados, eran agredidos y amenazados por los vigilantes. A partir de ahora se grabará todo cuanto suceda allí dentro para comprobar si se producen esos supuestos malos tratos, pero la medida no pasa de ser un simple parche que no solucionará la situación de tensión que se vive desde hace años en el CIE de Aluche.
La asistencia médica y humanitaria tampoco parece no ser la más óptima. Tras la masiva llegada de inmigrantes a nuestro país, el Gobierno debería haber incrementado los recursos médicos para garantizar la salud de los internos y funcionarios pero no solo no lo ha hecho sino que ha suprimido la sanidad pública en algunos de estos centros y ha encargado la gestión médica a empresas privadas subcontratadas. Así, la asistencia sanitaria en el CIE de Aluche está adjudicada a la empresa Clínica Madrid S.A. Los amotinados se quejaban de que los médicos se limitaban a administrarles paracetamol para casi cualquier dolencia por grave que ésta fuera. Además, denunciaron la falta de una enfermería que funcionara las 24 horas del día para casos de urgencia y que no les llegaba ropa ni calzado adecuado.
La asistencia psicológica, psiquiátrica y bucodental suele brillar por su ausencia y la escasez de intérpretes dificulta la comunicación entre médico y paciente. Por si fuera poco, el Defensor del Pueblo tuvo que mediar para que se realizaran análisis destinados a detectar de la forma más rápida posible el consumo de sustancias tóxicas o la existencia de enfermedades infectocontagiosas entre los internos. También recomendó que se llevaran con más rigor los partes de lesiones y los historiales médicos. Las consultas semanales entre los inmigrantes y los asistentes sociales funcionan de aquella manera y el Servicio de Orientación Jurídica (SOJE) con los abogados tampoco se organiza de una forma eficiente y fluida.
Según las oenegés, no existe ningún rigor a la hora de identificar a los menores internados, y se recluye sin miramientos a mujeres embarazadas y a personas de edad avanzada o afectadas por una grave enfermedad. Cuando una inmigrante denuncia que ha sido víctima de explotación sexual o trata de blancas, en ocasiones no recibe una adecuada atención. Muchas veces la Policía cree que la mujer pone la denuncia para evitar su expulsión del país.
A fecha de hoy, la Justicia sigue investigando si las negligencias sanitarias en el CIE de Aluche precipitaron la muerte de Samba Martine, la inmigrante congoleña 3106 que falleció en el centro en extrañas circunstancias. Ocurrió el 19 de diciembre de 2011. Médicos, sanitarios y responsables de la empresa que gestionaba la asistencia médica fueron llamados a declarar ante el juez debido al cúmulo de irregularidades detectadas. Según las oenegés, la chica requirió los servicios médicos hasta en diez ocasiones pero en ninguna de ellas se le diagnosticó la enfermedad, a pesar de que su agonía era más que evidente, tal como consta en el informe de Cruz Roja. Tras su traslado al hospital 12 de Octubre, ya en situación crítica, falleció sin que los médicos pudieran hacer nada por ella. En un primer momento se dictaminó como causa de la muerte una meningitis; después se cambió el diagnóstico al de neumonía neumocócica y finalmente se señaló que la muerte podría haber sido provocada por una infección derivada del virus VIH, ya que Martine era seropositiva. El Juzgado de Instrucción archivó la causa pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó, en enero de 2014, a reabrir la investigación, al considerar que la muerte de la mujer podría haberse evitado. “El personal sanitario que trabaja en los CIE lo hace por horas y si hay una urgencia ya se verá lo que se hace. Hay mucha gente en estos centros con enfermedades crónicas, adicciones y trastornos mentales que no están siendo controlados”, explica Dayana Contreras.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha posicionado a favor del cierre de las instalaciones, pero poco puede hacer el equipo de gobierno de Manuela Carmena, ya que no dispone de competencias en la materia. “Algunos inmigrantes que participaron en el motín ya han sido deportados, otros han sido puestos en libertad y están en la calle”, asegura a esta revista Dayana Contreras, portavoz y activista de la oenegé SOS Racismo. “Lo que estamos pidiendo nosotros es el cierre inmediato de todos los centros de internamiento de extranjeros que hay en España porque no cumplen con la legalidad vigente, tal como ha reconocido el propio ministro del Interior, y porque no reúnen las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Todas esas personas, especialmente algunas muy vulnerables como menores de edad y mujeres, no deben estar allí porque no han hecho nada. No son delincuentes ni deben ser tratados como delincuentes”, asegura Contreras.
No era la primera vez que sucedía algo así en el CIE de Aluche. Altercados y episodios parecidos se vienen produciendo con cierta frecuencia, sobre todo protestas e intentos de fuga que unas veces prosperan y otras no. En una ocasión, siete personas lograron huir tras serrar los barrotes de una celda y descolgarse por una ventana con la ayuda de una sábana en una escena típica de película de cine negro.
La situación es similar en otros centros como el ya citado CIE de Sangonera la Verde, en Murcia, donde se han vivido varios motines graves en los últimos años. El pasado 5 de octubre, 67 inmigrantes llevaban a cabo una fuga masiva tras amotinarse y supuestamente agredir a cinco policías, que resultaron heridos leves. Según la versión oficial, uno de los implicados fingió estar enfermo y cuando los agentes permitieron la entrada de la ambulancia que tenía que atenderlo se desencadenó el motín. El grupo amenazó a los policías con extintores y cuchillos que habían sacado previamente de la cocina. Luego salieron corriendo hacia la calle, aunque al menos 37 de ellos fueron detenidos por las patrullas desplegadas en la zona. Otro episodio similar tuvo lugar días después, concretamente el 14 de noviembre, cuando varios internos lograron escapar prendiendo fuego a papeles y cartones y provocando un conato de incendio por el que tuvieron que intervenir los bomberos.
El CIE de Murcia es otro polvorín que puede estallar en cualquier momento. La situación de conflictividad en este centro se remonta al año 2000, cuando 11 retenidos escaparon tras forzar las rejas. En 2012, al menos 25 inmigrantes atacaron a los agentes de seguridad con mangueras, extintores y demás útiles del centro. En 2013, una decena de internos saltaron la verja y escaparon y en 2015 ocho argelinos huyeron tras abrir un agujero en la valla metálica.
El CIE de Valencia (985 internos en 2013) también ha registrado algunos intentos de fuga, el más importante el que protagonizaron, hace apenas un año, 60 extranjeros que decidieron amotinarse y que obligó a los agentes a sacar sus armas reglamentarias y a pegar algunos tiros al aire para disuadirlos, según algunos testigos. Por su parte, el CIE de la zona Franca de Barcelona, uno de los menos transparentes del país, tampoco ha quedado a salvo de incidentes violentos. Allí han fallecido ya tres inmigrantes: un ciudadano armenio en diciembre de 2013, un guineano en enero de 2013 y un marroquí en 2010. La situación de habitabilidad en este centro era tan precaria que tuvo que ser reformado de arriba abajo y la alcaldesa Ada Colau ha ordenado su cierre por no contar con unas mínimas condiciones higiénicas, como exigen las ordenanzas a cualquier establecimiento público.
Alleou, de 21 años, se queja del trato médico recibido. Recién llegado a España fue internado en uno de esos centros de retención. “Tenía el dedo de una mano muy hinchado, creo que lo tenía roto. El médico del CIE me dijo que me llevarían a un hospital. Pero pasaron doce días y no me llevaban”, asegura en el informe sobre testimonios recogidos por los voluntarios de Servicio Jesuita a Migrantes. Un voluntario de esta oenegé que se entrevistó con el interno constató que el dedo podía estar roto a causa de una operación mal practicada y que necesitaba rehabilitación. En una visita posterior, cuando el voluntario le llevaba a Alleou una pelota de goma para que pudiera empezar con los ejercicios recuperatorios, los agentes le dijeron que el interno ya había sido puesto en libertad. Los extranjeros aparecen y desaparecen del CIE como espectros, sin apenas control y sin que parezca haber un registro exhaustivo de retenidos.
Que las condiciones de salubridad en estos centros no son las más adecuadas es algo que han denunciado hasta sindicatos de Policía como el SUP, que han sugerido de forma más o menos explícita su cierre. Concretamente, este sindicato ha reclamado, “una vez más al Ministerio del Interior, la inmediata resolución de la situación de los centros de internamiento de extranjeros de todo el territorio nacional». Pero lejos de dar una respuesta, el Gobierno central ha permitido que la situación haya terminado siendo insostenible y por momentos vergonzosa. Recientemente se han detectado brotes de sarna y plagas de chinches que han obligado a cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia. Ante esta situación de auténtica emergencia sanitaria, los responsables decidieron desalojar las instalaciones y proceder a la limpieza y desparasitación del centro. Los chinches no son los únicos inquilinos que acompañan a los inmigrantes en sus miserias diarias; también se han detectado plagas de garrapatas y piojos. La situación del CIE de Valencia es tan penosa que los inmigrantes han llegado a “hacer sus necesidades en un bote” por el mal funcionamiento de los aseos, como ha denunciado una abogada que presta asesoramiento gratuito a los internos. En Valencia se ha dado el caso de que son las propias internas las que han decidido limpiar el módulo en el que permanecen apartadas de los hombres (“una jaula dentro de otra jaula”). A veces no hay grifos en los lavabos porque son desenroscados por algunos internos para utilizarlos como armas de defensa y durante las comidas (que no suelen ser delicias gastronómicas precisamente) cuatro personas tienen que compartir una botella de agua de un litro. No se tienen en cuenta dietas alimentarias especiales por enfermedad, embarazo o religión. Si sigue habiendo crisis en España, dentro de un CIE esa crisis se convierte en mucho más dura y penosa de llevar.
La vida en un centro de internamiento para inmigrantes no suele ser nada cómoda. De entrada a los internos se les trata por un número asignado, no por sus nombres y apellidos. Cuando tienen alguna queja que hacer no resulta fácil elevarla a la autoridad, ya que allí dentro no existen libros de reclamaciones. De vez en cuando pasan por el centro los voluntarios de las oenegés previamente controlados por la Policía, que solo pueden entrevistarse con aquellos inmigrantes que figuren en la lista aprobada, es decir, nada de entrevistas espontáneas ni improvisadas.
Hay cámaras de videovigilancia por todas partes, menos en las habitaciones, aseos y zonas de cacheo. Las celdas de aislamiento existen como medidas disuasorias y de castigo e infunden auténtico miedo entre los internos. Decenas de personas de múltiples países del mundo –sobre todo magrebíes y subsaharianos, y en menor proporción de la Europa del Este y sudamericanos– se ven obligadas a convivir en espacios muy reducidos, en pequeñas torres de Babel.
No hay separación entre los que tienen antecedentes penales y lo que están limpios a la espera de resolución. No hay privilegios. No suele haber un trato humano, sino más bien distante, frío, rutinario. Dar el nombre de “habitaciones” a las celdas donde permanecen encerrados los internos supone un eufemismo, cuando no un sarcasmo. De hecho, todos deben utilizar un interfono para comunicarse con los funcionarios. A menudo los van cambiando de celdas, tal como sucede en las cárceles para evitar motines e intentos de fuga. Las celdas de mujeres y hombres están separadas y todos salen al patio por turnos. Pueden usar el teléfono móvil durante cuatro horas al día, no más, pero por la noche se les requisa hasta el día siguiente.
Hay cabinas telefónicas que pocos utilizan porque los sin papeles no suelen llevar dinero encima, y menos para las costosas conferencias internacionales. Las visitas de familiares suelen estar muy restringidas (una por día y durante un máximo de 30 minutos). Se suele prohibir el contacto físico entre ellos (excepto un abrazo al inicio de la visita) y en no pocas ocasiones se hablan en un locutorio a través de un telefonillo. Los familiares pueden hacerles entrega de dinero durante la visita o por correo ordinario pero se suele aconsejar que lo hagan por correo postal, en cuyo caso es un funcionario quien se lo entrega en mano al interno. Los policías no suelen participar en estas cosas. En general, el grado de desinformación de las personas internas es elevado, lo que genera en ellas una “elevada ansiedad y un sentimiento de desamparo”.
Cuando un extranjero denuncia que ha sufrido malos tratos por parte de algún funcionario o vigilante se abre un expediente judicial, pero los casos suelen archivarse porque la Justicia es lenta y cuando la supuesta víctima es llamada a declarar por el juez ya ha sido deportada o se encuentra en paradero desconocido. “Desde SOS Racismo les damos asesoramiento jurídico pero no tiene sentido abrir un juicio cuando la persona ya ha sido deportada. No obstante, seguimos trabajando para que ellos tengan una voz propia”, explica Contreras.
Por lo general, el extranjero que sufre los rigores de la vida en el CIE ve cómo la burocracia no resuelve nada, ya que pasan las semanas y los plazos se agotan sin que se les tramite la documentación ni sean devueltos a sus países de origen. Los trámites para la obtención de papeles suelen ser complicados y farragosos: el extranjero debe demostrar que tiene un arraigo en España o un contrato de trabajo en vigor, lo que rara vez sucede. Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Es el círculo vicioso en el que suele caer esta gente. Cuando se agotan los plazos legales de detención son puestos en libertad, muchas veces sin que su situación se haya regularizado, así que terminan deambulando por la calle hasta que vuelven a caer en otro control policial.
Y vuelta a empezar, vuelta otra vez al centro de internamiento. El CIE se convierte así en el escenario de una práctica rutinaria, cíclica, que criminaliza y priva de libertad a personas inmigrantes de forma gratuita, sin que se lleve finalmente a cabo la regularización o la expulsión efectiva del país. Lo peor de todo es que muchas de estas personas, si el sistema funcionara correctamente, podrían ahorrarse el trauma que supone vivir en un régimen carcelario durante dos meses. No son pocos los inmigrantes que se pasan unas cuantas semanas entre las rejas de un CIE de forma innecesaria por culpa de los errores y lentitudes de la burocracia y la Justicia españolas.
Los llamados “inexpulsables” (aunque ellos la mayoría de las veces no sepan que lo son) tienen derechos que rara vez pueden hacer valer por falta de información. La mayoría de las veces suelen llegar al CIE asustados tras ser cazados en un control policial y prefieren guardar silencio. Ni siquiera se atreven a pedir la asistencia de un abogado. Hay varios supuestos de no expulsión: personas enfermas, menores de edad (al menos 19 pasaron por el CIE en 2015) mujeres embarazadas, víctimas de delitos machistas, de trata de blancas, explotación laboral o sexual y solicitantes de asilo político. También deberían ser objeto de especial protección los indocumentados que no son reconocidos por las autoridades de sus países de origen y los originarios de Estados con los que España no tiene firmados convenios bilaterales de retorno. Los convenios internacionales exigen un estatus privilegiado para estas personas que rara vez se cumple. Son víctimas que a pesar de las penalidades que han sufrido para llegar a España terminan siendo criminalizadas solo por no disponer de un papel.
Catherine, de 20 años, cuenta su experiencia tras pasar por un CIE español: “Huí de mi país, sola, porque practicaban la circuncisión a las niñas. No tenía padre, fue mi madre quien me lo quiso hacer. Me negué e intenté huir, pero me cogieron y con 17 años acabaron haciéndomela. Pude escapar, entré en España en una pequeña embarcación. Si regreso a mi país, mi madre y mi comunidad me matarán. Estuve en el CIE y me pusieron en libertad 21 días después de haber sido internada”, asegura.
Caso parecido es el de Talibou, de 42 años: “Llevo diez años en España. Mi mujer y mis dos hijos están en mi país. Estuve veinte días encerrado en el CIE, luego me pusieron en libertad. Me dejaron en la puerta del centro con mis pertenencias y cuatro euros en el bolsillo”, se lamenta. Talibou duerme a la intemperie mientras espera que su solicitud de asilo sea admitida a trámite, pero después de seis meses sigue sin estar resuelta. Su miedo es que la Policía vuelva a detenerlo y a enviarlo de nuevo al temido centro de internamiento. El tiempo máximo de estancia en un CIE es de 60 días: dos meses confinado en una cárcel por carecer de un simple documento oficial. “Fui expulsado en 2009, pero regresé a España. Ahora tengo una mujer española e hijo también español. Cuando paseaba con mi pareja y mi cuñada, la Policía me pidió documentación y fue internado. Pedí asilo y paralicé la expulsión. Finalmente me dejaron en libertad”, explica otro emigrado.
Cuando el expediente concluye por fin con la deportación por orden gubernativa se le notifica al interesado con apenas dos horas de antelación, de forma que muchas veces no suelen disponer del tiempo suficiente para localizar a sus familiares en el país de origen. Entre el año 2011 y 2015 la Administración española se gastó 26 millones de euros solo en expulsar por vía aérea, en vuelos privados, a 4.674 personas, lo que supone un coste medio de 5.629,86 euros por persona. La política de deportación sale cara a un país, casi más cara que la política de acogida. “Los policías no entramos en si deben ser cerrados o no los CIE, nos limitamos a hacer nuestro trabajo en cumplimiento de la legislación vigente, pero entiendo que los derechos humanos están suficientemente garantizados. Muchas veces se traslada a los agentes un problema que deben resolver los políticos”, afirma el inspector jefe Francisco Blas.
La última regularización masiva de inmigrantes sin documentación en España tuvo lugar en 2005, cuando cerca de 700.000 personas consiguieron legalizar su situación. Eran los años del ‘boom inmobiliario’ y España necesitaba mano de obra barata. Desde entonces el grifo se ha cerrado y han primado las detenciones en los CIE y las deportaciones en frío y en caliente. España no ha quedado a salvo de los nuevos vientos que soplan por Europa impulsados por el auge del nacionalismo xenófobo, los gobiernos ultraderechistas que llegan al poder, el rechazo a los refugiados y las políticas restrictivas de la UE en materia de inmigración.
La vida para un inmigrante sin papeles es hoy mucho más dura que en 2005. Y lo será mucho más después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Es el caso de Agripinne, que llegó con solo 16 años a las costas andaluzas a bordo de una patera. Clasificada como víctima de trata de seres humanos, rechazó la protección judicial, quizá por miedo a las represalias de la mafia. Fue internada en el CIE de Algeciras y después trasladada a un centro de menores, de donde finalmente logró escapar. Actualmente se desconoce su paradero, según asegura la oenegé SJM. A partir de ahora será una invisible más. Alguien que no interesa a nadie.
