En su informe semestral, BBVA reconoce que tiene créditos “dudosos o deteriorados” con las administraciones públicas por un total de 218 millones de euros. Aunque no todos los bancos quieren dar a conocer las cantidades que adeudan dichas administraciones y que no han sido devueltas, en fuentes de la patronal bancaria, AEB, aseguran que sobrepasan, con creces, los 300 millones.
Los préstamos que los bancos conceden a las instituciones públicas se suelen desembolsar sin ningún tipo de garantía real. Sólo en algunos casos, la garantía es inmobiliaria. Es decir que, de alguna manera, pueden ser recuperados. Pero es una cantidad mínima. Por ejemplo, en Caixabank, de los 27 millones en préstamos “dudosos” a las entidades públicas, sólo 6 tienen algún tipo de garantía. El resto, reconocen en la entidad, “es difícilmente recuperable”.
BBVA es la entidad con mayor volumen de créditos morosos por parte de las administraciones públicas. El grupo que preside Francisco González reconoce que el saldo de estos préstamos era menor en 2015, 194 millones y que, en la actualidad, estos activos han perdido gran parte de su valor: hasta los 78 millones de euros.
Pero BBVA no es el único banco que ha advertido problemas de impagos por parte de las AAPP. La práctica totalidad de entidades cotizadas se encuentran con el mismo problema. Pero hay algunas, como el grupo Santander, que no se muestra muy transparente en su informe semestral. Sólo revela que “alrededor de una veintena de operaciones crediticias con el sector público” son dudosas o se han convertido en activos tóxicos. La entidad que preside Ana Patricia Botín no dice cual es el impacto en la contabilidad de estas operaciones, ni si se ha procedido a las correspondientes provisiones a las que obliga para estos casos el Banco de España. En Bankinter ocurre algo parecido. Reconocen problemas para recuperar créditos morosos con las administraciones públicas pero no especifican por qué cantidad.
Si prescindimos de estos dos casos, la segunda entidad con mayor saldo moroso procedente de créditos concedidos al sector público sería la nacionalizada Bankia, con 40,9 millones de euros en operaciones de créditos dudosos. Esta cifra se ha reducido en un 33% respecto al año pasado. Cuando la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tenía una cartera de activos tóxicos con las administraciones públicas de 60 millones.
A falta de lo que digan en el Popular, la entidad que cuenta con menos problemas en este sentido es Banco Sabadell. En su informe semestral reconocen unos 5,4 millones en créditos dudosos con las instituciones públicas. La cantidad se redujo ligeramente respecto a 2015, cuando ascendió a 5,9 millones.
Fuentes del Ministerio de Hacienda calculan que sólo el deterioro causado en las cuentas del BBVA significa el 0,6% de la deuda total de las administraciones públicas. Si a ello sumamos el resto de las entidades, el saldo total podría acercarse al 1% del endeudamiento público. Esas mismas fuentes aseguran que “la garantía del Estado es suficiente como para que las entidades desclasifiquen estos créditos del capítulo de morosos ya que, tarde a temprano, se acabarán de pagar, incluso con intereses”.
