Según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), cada año tenemos que pagar más de 200 millones de euros –entre cuatro y seis euros por habitante– para que nos desatranquen las alcantarillas de toallitas higiénicas húmedas. Aseguran los mismos operadores que ese gesto aparentemente insignificante de arrojarlas al váter es “un acto que afecta al ciclo urbano del agua, repercutiendo por tanto en las facturas del servicio”.

En la actualidad ninguna ciudad, municipio o mancomunidad se libra de este desastre ecológico, que se debe a que las toallitas no se deshacen rápido, sino que se acumulan y actúan como red agregando al agua grasa y otros residuos.

¿Los culpables? Antes que los propios consumidores, son los fabricantes, distribuidores y las propias administraciones, que se escudan en el concepto de biodegradable para normalizar un producto que, de momento, no es como el convencional.

Así tenemos que, por un lado, los fabricantes y distribuidores lo denominan “papel higiénico húmedo” y lo sitúan en los supermercados junto al papel higiénico clásico, confudiendo al consumidor. Además, en el etiquetado del producto, se invita a arrojarlo al váter con el correspondiente símbolo. A veces con la advertencia de “no más de dos por descarga”. 

Sin embargo, como explica en un análisis técnico (publicado en Futuroenviro) el Jefe de Calidad y Medio Ambiente de la empresa de aguas de Córdoba, Emacsa, Rafael Marín Galvín, uno de sus componentes “los termoplásticos se erigen como una fuente notable de generación de microplásticos de mínima o nula biodegradabilidad en el medio acuático, además de actuar como absorbentes de otra gran cantidad de compuestos orgánicos sintéticos o naturales con potencial incidencia ambiental”.

Según Fernando Morcillo, presidente de AEAS, existe una norma para los fabricantes que establece que no es biodegradable si está compuesta de poliésteres. Pero sí lo dan como biodegradable si es de celulosa modificada o fibras sintéticas. “Pero nosotros, como operadores del servicio de agua, no estamos de acuerdo de con esa definición porque son biodegradables a larguísimo plazo y las depuradoras funcionan a muy corto”, asegura.

Más culpables todavía son aquellos que callan y otorgan, es decir, las administraciones, que prefieren mirar hacia otro lado. “La administración es muy lenta y considera que el etiquetado es suficiente y hemos apostado por influir en la concienciación de las empresas y la sociedad y llevamos dos años mandándoles información. No hemos explorado la vía de demandar concretamente porque no nos corresponde, sino que queremos dar soluciones razonables de carácter técnico y que el fabricante sea consciente de que debe ser sensato”, aclaran desde AEAS.

Ocurre que las administraciones ni intervienen en el problema ni asumen sus responsabilidades, solo se pasan la pelota unas a otras. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) sostiene que no tiene nada que decir en este tema, porque no es “autoridad en materia de consumo” para entrar “en las certificaciones de qué empaquetado es correcto o no”. Hasta asegura haber participado “en campañas de recomendación para que se tiren al cubo de la basura” este tipo de productos. Pero prefiere pasarle la bola a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) porque es “la competente”.

Y Aecosan, que depende del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, le pasa a su vez la bola a las autoridades medioambientales, tanto estatales como autonómicas, “ya que está dentro de su órgano competencial”. También argumenta que no tiene competencias en esa materia.

Mientras tanto, el problema continúa. La  Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio de 15 de las marcas más comunes en el mercado y “ninguna de ellas resultó ser ni desechable ni biodegradable”. Por lo que exige a los fabricantes una acción inmediata que “pasaría por retirar todos aquellos mensajes donde se está indicando que son desechables, biodegradables, papel higiénico húmedo…”, y que la Comisión Europea ponga en marcha cambios legislativos y normas técnicas.

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