Días atrás se hacían eco los medios de comunicación de un informe del Tribunal de Cuentas, en el cual se desvelaba que se estaban pagando pensiones a unas treinta mil personas que habrían fallecido desde 2014 hacia acá. Esto quiere decir que unos treinta mil defraudadores han estado cobrando de forma irregular un dinero que no les correspondía, y que sale de las cotizaciones del conjunto de contribuyentes, demostrando un desprecio absoluto hacia un sistema público –el de la Seguridad Social- del cual  depende el presente y el futuro de la inmensa mayoría de ciudadanos de este país.

Casi sin solución de continuidad Hacienda informa de que, mediante una mega investigación llevada a cabo con drones, se han descubierto un total de un millón seiscientos noventa mil inmuebles, repartidos en cuatro mil ciento cuarenta y cinco municipios (la mitad del total del país) que no tributaban con cargo al Impuesto de Bienes Inmuebles. Estaríamos hablando de aproximadamente el 9% de inmuebles urbanos, que habrían estado defraudando al conjunto de haciendas locales una cantidad del entorno de mil doscientos cincuenta millones de euros. Y restan por investigar los cuatro mil municipios restantes. Lo cual significa que en estos tiempos de crisis, en los cuales los ayuntamientos han recurrido a subir el IBI para paliar sus estrecheces, unos tres millones de ciudadanos podrían haber estado aprovechándose de los bolsillos de sus convecinos para no tener que rascarse los propios.

Nos topamos frente al recurrente tópico de la picaresca patria; ese del que echa mano el Gobierno en no pocas ocasiones para justificarse y justificar medidas fiscales, intentando paliar la impopularidad de recortes, de sanciones y de subidas de impuestos. A la  casuística anterior se sumaría el famoso “¿con IVA o sin IVA?”, el fraude en la percepción del subsidio de desempleo, el intrusismo de profesionales sin alta en la Seguridad Social y en Hacienda…

Podríamos concluir que el Gobierno libra desigual batalla contra millones de defraudadores en la defensa de lo público. Pero…

El Tribunal de Cuentas concluye que Patrimonio Nacional gestiona de forma caótica los bienes que tiene asignados, y que el descontrol llega a tal punto que no son pocos los inmuebles alquilados por importes ridículos que no llegan a los cinco euros al mes, o fincas cedidas gratis a terceros para su aprovechamiento.

Según la investigación del Juez Castro, la reforma de Génova 13 se llevó a cabo con dinero B y, además, sin licencia de obras, lo que ha obligado al Partido Popular a tener que depositar una fianza en concepto de responsabilidad civil subsidiaria para hacer frente a las posibles responsabilidades que se derivarían de una sentencia condenatoria en el procedimiento que actualmente se instruye en la Audiencia Nacional.

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justificó la amnistía fiscal de 2012 como una medida para recaudar más y así reducir del déficit, pero quienes se acogieron a la misma acabaron pagando menos del 3% sobre el dinero repatriado. Y teniendo en cuenta algunos de los perfiles de los amnistiados –incluida la esposa del comisario Arias Cañete- todo parece indicar que estaríamos ante un escandaloso trato de favor a no pocas fortunas.

Es evidente que adolecemos de un notable déficit en materia de educación para la ciudadanía también en su vertiente tributaria. El espíritu liberal nos impregna hasta el punto que damos por bueno que lo que es público no es de nadie. Quienes disfrutan de holgados patrimonios privados no parecerían interesados en velar por el patrimonio público, pero quienes no tenemos otro patrimonio que no sea la cuota alícuota que nos corresponde en el de todos, tampoco es que demostremos mayor interés en defenderlo. Así que no parece que haya nadie que esté libre de culpa.

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