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Querella criminal contra Rajoy por impedir la investidura de Puigdemont

La asociación de juristas Atenas ha presentado un escrito en el que acusan al expresidente español y al Tribunal Constitucional de los delitos de prevaricación y vulneración del derecho de participación política

Jorge Martín
Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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análisis

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La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el expresidente Mariano Rajoy y contra el presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, por “impedir la investidura de Carles Puigdemont”. Según la asociación, Rajoy habría incurrido en un delito de vulneración de derechos fundamentales de participación política.

En el caso del Tribunal Constitucional, la Asociación Atenas acusa a su presidente de un delito de prevaricación judicial tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Un delito que se extiende según entiende Atenas a otros diez magistrados del TC, y en el caso del delito del que acusan a Rajoy, también se incluye a su consejo de ministros.

La querella expone que el 27 de enero de 2018 el Pleno del Constitucional dictó «un auto con medidas cautelares claramente injustas que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y del candidato electo». Se refieren a la suspensión de cualquier sesión de investidura no presencial; imposibilidad de debatir y votar la investidura de Carles Puigdemont a través de medios telemáticos o representado por otro diputado; e inviabilidad de una investidura de Puigdemont sin autorización judicial «aunque hubiera comparecido personalmente en la Cámara, durante la vigencia de una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión en su contra».

Por contra, Atenas argumenta que la candidatura de Junts per Catalunya, constituida el 7 de noviembre de 2017 y encabezada por Carles Puigdemont, había concurrido legalmente a las elecciones sin oposición alguna ante la Junta Electoral Central por parte del Gobierno. Unas afirmaciones que tendrán que ver si encuentran su eco en los tribunales.

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1 COMENTARIO

  1. Gran «defensor» de los Propietarios del Banco Popular.
    Ya está en Madrid, con su hermanita que es otra registradora de la propiedad, que rápido ha sido el traslado, valiente golfo, a cuantos se ha saltado en la lista que tendrían solicitado Madrid; pedazo de hijo puta encubridor, y ayudante de la JUR.

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