El anterior director general de Tráfico del partido Popular le ha dejado a Pere Navarro un cúmulo de irregularidades en la contabilización de más de 500 millones de euros, recaudados con las multas de tráfico y la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).  La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano que audita las cuentas de los organismos públicos se ha negado a validar las cuentas del 2017 de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras detectarlas.

El organismo auditor ha señalado que las irregularidades detectadas “son carencias históricas” que achaca a la “insuficiencia de recursos humanos” -Los recortes de Mariano Rajoy-, y que tiene un Plan aprobado por los interventores para solventarlas.

En 2017 la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó 376 millones con las sanciones de tráfico, (340 millones en 2016 y 390 millones en 2015), estas cifras representan el 37,34% de los ingresos netos de la DGT, según el Informe de auditoría publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El informe publicado indica que la DGT obtuvo unos ingresos de 268.925.422,70 euros en concepto de sanciones no cobradas en periodo voluntario, adquirieron ejecutividad durante el ejercicio y se enviaron a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio. Sin embargo, no contabilizó esos ingresos, sino como ingreso la cifra de 108.988.509,25 €, que corresponde al importe líquido resultante de la gestión de cobro realizada por la AEAT.”, señala el informe de la auditoria.

El Informe prosigue que la DGT “Tampoco fueron contabilizados 161.7 millones de euros de anulaciones y cancelaciones de derechos por insolvencia, prescripción y otras causas; ni otros 11.4 millones en rehabilitaciones y reactivaciones de deudas antiguas”.

 

Irregularidades en el Consorcio de Seguros

El auditor también encuentra irregularidades en las transferencias al Consorcio de Compensación de Seguros, al que le corresponden “el 50% de la recaudación que se obtenga por sanciones por incumplimiento de la obligación de asegurarse”, que ascendieron a 19 millones.

La DGT se los anotó íntegramente, con la intención de saldar las cuentas posteriormente con el Consorcio, contabilizándolo como una devolución de ingresos. Pero en la liquidación final “En el Estado de liquidación del presupuesto de ingresos, los importes de derechos reconocidos y derechos anulados aparecen incrementados en 9.3 millones”.

 

Irregularidades en las tasas de Inspección Técnica de Vehículos

La auditoría no ha podido verificar “que la recaudación de 77.6 millones en concepto de tasa por Inspección Técnica de Vehículos, ingresada por las entidades concesionarias de este servicio, sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio”. Dicho importe “es contradictorio con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo”, señala informe del regulador.

Las cuentas del Organismo correspondientes a 2017 fueron formuladas por el anterior director, Gregorio Serrano, en abril de 2018. Su sucesor, Pere Navarro, las modificó en julio, a los nueve días después de su toma de posesión. A pesar de ello no fueron aceptadas

La responsabilidad del Organismo regulador es “emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público”, pero debido a que han sido rechazadas, no han “podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría”.

La IGAE recalca que las cuentas de la DGT “no reflejan los verdaderos ingresos que el Organismo ha tenido en el ejercicio ni las pérdidas incurridas en concepto de insolvencias y prescripciones”, una falta que, “ha venido produciéndose de manera reiterada” en años anteriores.

Tráfico ha notificado a la Intervención General del Estado (IGAE) que “reconoce la situación existente respecto a la contabilidad de derechos pendientes de cobro e informa de que ha implementado un plan de acción para resolverla”. La Dirección General de Tráfico reconoce en sus cuentas que “no dispone de los medios necesarios para el tratamiento y gestión de la información de derechos pendientes de cobro” por sanciones, “imprescindible para su contabilización”, pero que se solventará con “la externalización e implantación de un nuevo sistema de gestión de la información de ingresos que permita, entre otras cosas, el tratamiento y contabilización de los derechos pendientes de cobro”, han señalado.

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