Los segundos niveles de la Administración durante el gobierno de Rajoy han salido por la puerta grande al dimitir o ser cesados, algunos incluso por casos de corrupción. Tan grande es esa puerta que para casi todos ha significado un retiro dorado.
Es el caso de Leopoldo González Echenique, ex presidente de la Corporación RTVE. Del influyente “clan de los abogados del Estado”, que lidera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuando dejó Radiotelevisión Española estuvo trabajando en la investigada Acuamed durante cinco meses. Posteriormente, el gobierno le autorizó prestar servicios en la multinacional de aplicaciones tecnológicas Everis, y, al mismo tiempo, para el despacho de abogados Herbert Smith Frehills Spain. Entre una y otra actividad, sus ingresos no son nada desdeñables.
Como tampoco son los de Serafín Castellanos Gómez, que ejerce como abogado tras haber pasado por la consejería de Interior de la Generalitat, y la Delegación del Gobierno de Valencia, y haber sido detenido en el marco de la “operación fuego” en la que se investiga contratos de extinción de incendios para Avialsa a cambio de regalos. Serafín Castellanos sigue encausado por este asunto en calidad de investigado (antes imputado). Otro colega suyo, el delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez Barberá, imputado en el Caso Over, de financiación irregular del PP en las islas, se mantuvo tres años como presidente del Partido en Palma de Mallorca, y secretario general en Baleares después de ser cesado por dicho escándalo.
Eduardo Torres Dulce, ex fiscal general del Estado, no se sabe bien si dimitió o lo cesaron. Hay versiones para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que su nuevo destino es mucho más lucrativo que el cargo: fichó por el despacho de Garrigues, de los más prestigiosos y solventes del país.
Otro abogado del Estado, nombrado por su colega, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría,, es Jaime Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia, que volvió a su “antiguo trabajo” en el Santander. Hasta ahí todo normal de no ser porque el Gobierno le ha autorizado a simultanear la tarea con las de las presidencias de los consejos de administración de Servicio de Alarmas Controladas por Ordenador, SA., Santander Holding Internacional, SA., Santusa, Geoban, SA, Ingeniería de Software Bancario, SL, y de Deproduban Servicios Informáticos Generales, SL. Siete empresas más.
El caso del ex embajador Gustavo de Arístegui es emblemático del uso de puertas giratorias en el PP. Cesado, aunque oficialmente dimitido, por su implicación siendo diputado, en el cobro de comisiones ilegales, ha sido fichado por la compañía estadounidense Mercury LCC. Está acusado formalmente de delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Y para terminar, el caso de la directora general de deportes durante el mandato de José Ignacio Wert, Ana Muñoz Merino. Cuando cesó fue autorizada para fichar por una empresa de eventos deportivos, Setpoint Events, S.A. Asimismo ha sido autorizada para trabajar como “profesional independiente” en dos despachos de abogados, Ramón Asensio Bolea y Gabriel Casado Ollero. También en la Inmobiliaria Moragas y en la Fundación Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Para vivir de sobra.
