El 13 de octubre, a solo dos días de las elecciones regionales, la oposición ultraderechista y sus aliados en Washington instalarán el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) en desacato, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el respaldo de su secretario general, Luis Almagro, enemigo declarado de la soberanía de Venezuela y principal impulso del andamiaje legal para justificar una intervención militar y política en el país.

Los medios norteamericanos, especialmente, la prensa de Miami, calificaron la peculiar decisión de “hecho histórico”. En realidad se trata de la misma estrategia utilizada en Libia y en Siria, donde se proclamaron “gobiernos paralelos” para avalar la intervención militar extranjera en esos países y la continuidad de la nueva hoja de ruta desestabilizadora anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tras el cuestionado “plebiscito” del 16 de julio del presente año.

Este TSJ “en el exilio” tendrá como futuro presidente, a Miguel Ángel Martín, quien aseguró a la prensa que a su juramentación e instalación acudirán magistrados de varios países de América Latina y de Europa. Pareciera no importar que no se encuentren allí cuatro de los cinco poderes que integran el Estado venezolano.

Por su parte, otro de los magistrados “sombra”, Pedro Troconis, indicó que a partir de ese momento, el “ente” podrá emitir acuerdos y pronunciamientos dirigidos a gobiernos y autoridades para que se lleven a cabo investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales. En pocas palabras, se refiere a todos aquellos que se encuentran en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU, incluyendo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Es decir, se trata de la entrega de la administración de la justicia en Venezuela a tribunales y cortes de otros países o de carácter multilateral. De este modo también podrán judicializar el embargo a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y sus filiales, para finalmente declararla en default y posiblemente rematarla al mejor postor.

En ese sentido, en el mes de agosto, Rusia advirtió a la oposición ultraderechista venezolana y a la comunidad internacional sobre el peligro que representaría para la estabilidad democrática “forzar la creación de estructuras paralelas de poder, en particular, el de poner en marcha el procedimiento para el nombramiento por parte del Parlamento de nuevos jueces de la Corte Suprema”.

 

El mismo guion y un nuevo escenario

Para entonces, la MUD intentó esta maniobra para desconocer los resultados del 30 de julio, con la legítima elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero para nadie es un secreto que la coalición derechista no cuenta con el respaldo ni siquiera de muchos de sus propios militantes.

La idea de instalar un gobierno paralelo en Caracas, fue rápidamente desechada porque no contó con apoyo de ningún sector. Tras los más de 8 millones de votos obtenidos por la ANC, y la derrota de los planes de llevar al pueblo a una guerra civil impulsados por la ultraderecha fascista, con resultado de casi 200 muertes de personas en manifestaciones violentas, la MUD cambió su procedimiento.

En el nuevo escenario de confrontación y lucha de clases, la MUD se dividió más y casi extinta como alianza decidió participar en las elecciones regionales del 15 de octubre, que estaban previstas para diciembre, pero fueron adelantadas por decisión de la ANC.

Los sectores de la clase media que apoyaron las guarimbas y los crímenes de odio contra las clases populares, en los que personas resultaron quemadas, heridas o agredidas, por ser negros y chavistas, retiraron su respaldo a la MUD, quien primero negó cualquier salida por la vía pacífica o electoral y convocó a la gente descontenta a salir a las calles a tumbar al Gobierno.

Por tanto, lejos de capitalizar el rechazo al chavismo, generado por deficiencias en los gobiernos locales por mala administración, corrupción o fallas y errores en la gestión política y de gobierno para frenar las consecuencias de la guerra económica, el bachaqueo y la inflación inducida, la oposición se diluye en intentar evitar su definitiva separación y en convencer a quienes apoyaron la violencia, de volver al camino electoral.

En ese contexto, nada está definido y los sondeos que auguran una aplastante derrota del Gran Polo Patriótico en los 23 estados no parecen ser acertados. Allí entra en juego la instalación de un gobierno paralelo en Washington, sede de la OEA, que se iniciará con la entrega de la administración de justicia venezolana a tribunales extranjeros. Su objetivo será “legitimar” que la oposición ganó casi la totalidad, sino la totalidad de las gobernaciones, y decir por tanto que constituyen la mayoría.

 

Otra vez el fraude

Tal y como lo han hecho en otras ocasiones, si el resultado no es favorable, los partidos de la MUD denunciarán un megafraude. Esto no se trata de meras especulaciones.

Ya trataron de hacerlo con la elección a la ANC, creando un falso positivo mediático con funcionarios de la empresa Smarmatic, para poner en tela de juicio el proceso comicial.

Ayer 2 de octubre, a menos de dos semanas para el 15-O, la organización ultraderechista Voluntad Popular denunció supuestas anomalías del CNE para las elecciones regionales, destacando “la eliminación centros de votación y retraso en sustitución de tarjetas”.

Mientras, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, claro aliado de EEUU en la región, dijo que las elecciones a gobernador que se celebrarán el próximo 15 de octubre en Venezuela son un “primer paso” para recuperar la paz social en el país, y le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, respetar los resultados.

La mesa está servida entonces. Al no estar tan segura la oposición de ganar las mayorías de las gobernaciones el 15-O, necesita un “organismo” que, sin pruebas, le dé luz verde a la denuncia de fraude que tienen ya pensada para deslegitimar el resultado electoral y propiciar la invasión. Esto forma parte del plan golpista e injerencista impulsado por la ultraderecha política y empresarial en Venezuela con el aval de Washington .

En tal sentido, observamos cómo mientras más se acercan las elecciones regionales, la gran prensa comercial ha iniciado una campaña de desprestigio contra todos los candidatos del Gran Polo Patriótico acusándolos de ser los responsables de la escasez de combustible que se ha presentado en algunos estados; de los apagones de electricidad, de la falta de efectivo, de la inflación.

El Gobierno Bolivariano ha permanecido alerta. El fin de semana, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, desde el estado Falcón, denunció la existencia de un plan de sabotaje para generar apagones en todo el territorio nacional de cara al 15-O, tras conocerse que una falla en el suministro de luz en la entidad fue producto de un ataque a la planta termoeléctrica Josefa Camejo.

Mientras, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Eulogio del Pino, aseguró que el suministro de combustible está garantizado en todo el territorio nacional y que si bien es cierto las sanciones impuestas ilegalmente por EEUU han generado contratiempos y retrasos en algunas regiones, Pdvsa está en capacidad de cubrir la demanda interna. Del Pino señaló que los medios exageraban la situación generando una matriz de inminente paralización del país por falta de gasolina.

A esto se le suman, más agresiones desde EEUU, como el reciente veto migratorio impuesto a funcionarios del Gobierno Bolivariano, que también perjudica a cualquier ciudadano venezolano que quiera viajar o emigrar a esa nación. Ayer, el gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que prohibirá cualquier negociación con Venezuela.

Paralelamente, EEUU ha desplegado tropas del Comando Sur a lo largo y ancho de Suramérica y el Caribe, bajo la excusa de la ayuda humanitaria tras los desastres naturales ocasionados por los recientes terremotos y huracanes en el continente. Se ha visto la movilización de los marines, pero no su ayuda, pues sus propios connacionales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, han denunciado la falta de atención por parte de la Casa Blanca.

Haciendo su parte del trabajo, sin éxito, la ultraderecha agrupada en la denominada “resistencia” intentó revivir las jornadas de terrorismo urbano, y la MUD abandonó la mesa de negociaciones para el diálogo nacional con el Gobierno Bolivariano, pretendiendo dar luz verde a una nueva escalada de enfrentamientos violentos en las calles.

El escenario para una posible intervención en Venezuela, después del 15.O, usando como excusa un supuesto fraude electoral se está armando. Pero la ejecución de este plan tampoco será fácil para quienes buscar imponer un gobierno títere sumiso a EEUU y de carácter neoliberal.

La estabilidad institucional se consolida pese a que en el plano económico la espiral inflacionaria es agobiante. Sin embargo, el Gobierno Bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han demostrado suficiente capacidad para detener los planes desestabilizadores. La mayoría de los venezolanos han demostrado que apuestan al diálogo para la búsqueda de soluciones . La participación en los comicios del 15-O es una manera de demostrarle al mundo, que los venezolanos queremos paz y soluciones en democracia.

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