El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que el partido aplicará su código ético si se confirma la implicación del presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en una supuesta trama de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Esta misma mañana la Policía ha detenido a Rodríguez y a otras cinco personas en el marco de la ‘Operación Alquería’, que ha detectado irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en la empresa pública Divalterra. En el dispositivo se han ejecutado varias órdenes de detención y ocho registros domiciliarios, tanto en Valencia como en Ontinyent, en una causa declarada secreta y abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según informa Efe.
José Muñoz asegura que no hay que demonizar a las empresas públicas valencianas pero sí establecer más controles para que no vuelva a ocurrir
Muñoz ha asegurado ante los periodistas que el PSPV se ha enterado de la operación policial “a través de los medios de comunicación”, lo que ha originado “preocupación” en el seno del partido y del Gobierno autonómico. El portavoz de los socialistas valencianos ha manifestado que el partido quiere ser “prudente” en este caso, a la espera de ver cómo se desarrolla la investigación judicial, aunque a medida que se vayan conociendo más datos “se irán tomando las decisiones que sean necesarias”. “Ya ha ocurrido en otras ocasiones en estos casos, en la Comunidad Valenciana, que a medida que va pasando el día se va conociendo mejor información. Nosotros, para tomar decisiones, necesitamos tener todos los elementos de juicio suficientes como para poder ser justos” con los implicados en la supuesta trama.
El portavoz socialista insistió en que “desde el PSOE hemos establecido unos estándares de ejemplaridad elevadísimos”, ya que en otros asuntos similares de corrupción el partido ha tomado “medidas ejemplarizantes”, como en el reciente caso de un concejal del Ayuntamiento de Alicante contra el que se abrió procedimiento judicial. Según Muñoz, el PSPV no tenía conocimiento de que se iba a producir la ‘Operación Alquería’ esta mañana, y avanzó que se aplicará el código ético (que supondría apartar a los imputados del partido) una vez que se tengan más datos sobre lo que ha ocurrido en la Diputación de Valencia con los contratos de alta dirección. En ese sentido se abrirá un expediente informativo una vez que se conozca la amplitud de “la causa general y el grado de implicación de las personas detenidas”. “Se actuará de la misma manera en las instituciones valencianas y en el partido”, afirmó Muñoz, quien añadió que lo importante es que empresas como Imelsa o Divalterra funcionen “de manera correcta”.
Además, pidió “un poco más de tiempo” para conocer el contenido íntegro del sumario judicial antes de tomar una decisión de la que “luego nos podríamos arrepentir”. Finalmente recordó que las empresas públicas forman parte del entramado de la administración valenciana, por lo que “hay que evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”. “No hay que demonizarlas porque son un instrumento que sirve para ejecutar las políticas públicas valencianas”, al tiempo que apostó por reforzar los controles suficientes “para que estas cuestiones no ocurran”.
En el dispositivo policial, que se ha activado a las 7.30 horas de hoy con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
