En el programa del 20-D una de las prioridades del Partido Socialista era «Derogar la Ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva Ley que refuerce y proteja a las personas, y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica». Sin embargo, en estos cuatro meses de búsqueda de pactos para que Pedro Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno el PSOE claudicó ante la derecha representante del nuevo liberalismo en su pacto con Albert Rivera al renunciar a la derogación total de la Ley de Seguridad Ciudadana para sólo reformarla: «Se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos». Esta claudicación ante la derecha no es aceptable por ningún partido que sea paladín de la defensa de los valores democráticos. Por eso el PSOE debe volver en el programa para el 26-J a plantear la derogación de la Ley Mordaza como una de sus prioridades para devolver a los ciudadanos los derechos civiles que el Partido Popular derogó de facto con esa Ley.

La utilización de la crisis económica como argumento para la neutralización del Estado del Bienestar también fue utilizado por los partidos conservadores para intentar limitar las libertades civiles de los ciudadanos. La defensa del Estado Social determina que el pueblo se rebele contra ciertas decisiones de los gobiernos y, para limitar esa protesta, éstos suelen buscar medidas que retrotraigan dichas libertades que, además de ser uno de los fundamentos de cualquier régimen democrático, también forma parte del Estado del Bienestar de un modo indirecto, puesto que el uso de las mismas es uno de los puntales de defensa que tiene la ciudadanía ante las amenazas del liberalismo económico y del autoritarismo propio de la derecha. Los gobiernos suelen tener bastante miedo a la presión de la calle y cuando gobierna un partido que ni siquiera en su funcionamiento interno tiene un espíritu democrático la tentación es la de reprimir las libertades civiles.

una vuelta a los tiempos en que los grises perseguían a aquellos que se atrevían a protestar durante la dictadura

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana es una vuelta a los tiempos en que los grises perseguían a aquellos que se atrevían a protestar durante la dictadura. Se trata del primer paso para la derogación encubierta de las libertades civiles de los ciudadanos. El Partido Popular, a través de su ministro de Interior, un hombre que tiene más aspecto de Comisario de la Dirección General de Seguridad que de ministro democrático, impuso a los españoles una Ley que amordazaba estas libertades y que daba impunidad a las malas praxis de las Fuerzas de Seguridad del Estado permitiendo los abusos. La Ley Mordaza imposibilitaba la protesta social ante los atentados del Régimen de dictadura parlamentaria que imponía la mayoría absoluta del PP. Querían sumisión absoluta por parte del pueblo y el único medio que tenían era el de plantear un estado de pánico que evitara que los ciudadanos salieran a la calle a protestar. Fernández Díaz lo planteaba como un modo de evitar protestas violentas. Sin embargo, ¿hubo protestas violentas desde noviembre de 2011? No. Hubo conatos de enfrentamientos por parte de una minoría. Hubo enfrentamientos con la Policía provocados, en algunos casos, por policías infiltrados entre los manifestantes. Querían imponer el miedo, pero realmente quienes tenían miedo eran ellos, era el poder. Felipe González, hablando de la época final del franquismo, hacía una reflexión sobre la debilidad de la oposición democrática al afirmar que tenían una sensación de que el Régimen era fuerte, pero que una visión retrospectiva daba una realidad muy diferente ya que el Régimen entraba en crisis por una simple asamblea de estudiantes en la universidad. Eso mismo parecía ocurrir durante la legislatura negra del Partido Popular. Mariano Rajoy y su gobierno han tenido mucho miedo de los ciudadanos, mucho miedo. ¿Por qué? Yo tengo una teoría: no se habían lanzado todavía a imponer sus objetivos principales, que no sé cuáles son pero que me temía que van a ser muy lesivos hacia el pueblo y muy beneficiosos para las élites. Estas nuevas medidas, unas impuestas por Bruselas —las menos—, y otras impuestas por su propia ideología no democrática —las más—, podrían provocar que el pueblo se rebelara. Ante esto, el PP quiso ponerse la venda antes que hacerse una herida.

Querían sumisión absoluta por parte del pueblo y el único medio que tenían era el de plantear un estado de pánico

Los derechos de manifestación y reunión están en peligro si el PP, heredero del Movimiento Nacional franquista, vuelve a gobernar con una mayoría suficiente. Desde las altas instancias del partido se ha pedido que se «modulen» estos derechos, tal y como se pretende con la Ley de Seguridad Ciudadana y que se limiten estos derechos fundamentales. Un ejemplo de ello lo tuvimos en el grupo de estudio que pretendía que no se realizaran manifestaciones en un punto simbólico de España como es la Puerta del Sol porque afectaría a la actividad económica. De nuevo el PP priorizaba la economía, sobre todo la de El Corte Inglés, a los derechos de los españoles. ¿Qué hay más democrático que la protesta ciudadana pacífica? Sin embargo, el Partido Popular legisló para que esa legítima protesta, que es una manera de expresar la legítima defensa ante medidas miserables por parte del poder, no se produjera.

De nuevo el PP priorizaba la economía, sobre todo la de El Corte Inglés, a los derechos de los españoles

Relacionado con lo anterior estaba la posible restricción o eliminación del derecho de huelga de los trabajadores. El éxito de la huelga de los empleados de la limpieza de Madrid abrió un camino que el PP no quiere que se abra. Los barrenderos mostraron que la lucha obrera da resultados y esto es algo que no podían permitir quienes repudian todo lo relacionado con los derechos de los trabajadores. Mariano Rajoy y su partido impusieron con su Reforma Laboral unas condiciones de precariedad laboral y salarial que provocó que los trabajadores, con tal de no perder su empleo, aceptaran cualquier cosa. Los barrenderos de Madrid mostraron que no es así. Rajoy dijo que había que regular los servicios mínimos y su cumplimiento. No obstante, ¿cómo puede lucharse contra los abusos de empresarios y administraciones públicas si se imponen unos servicios mínimos del 75%? Eso sí que es un abuso y, como es injusto, es lícito que los trabajadores no cumplan dichos servicios mínimos. Rajoy quería evitar que los trabajadores se rebelaran «modulando» el derecho de huelga que, en el lenguaje eufemístico del PP, sería una restricción del mismo o una derogación encubierta.

Las libertades civiles también deben ser blindadas en la Reforma de la Constitución y esto debe aparecer en el programa del PSOE con una mayor concisión. No se pueden dejar reductos para que un gobierno pueda restringirlas tal y como hizo el Partido Popular. No sólo se debe constatar su existencia en la Constitución sino que es necesario dejar claro que estas libertades no pueden ser menoscabadas por ninguna reforma legal. En lo referido a las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación no hace falta poner cuotas, simplemente que deben ser respetados en su concepción más maximalista, siempre y cuando se sigan los procedimientos de comunicación con las instituciones gubernamentales. Con respecto al derecho a la huelga sí que hay que incluir un desarrollo legal que determine el porcentaje máximo de servicios mínimos impuestos. Por ejemplo, el máximo sería del 40% en los casos donde la vida humana estuviera en riesgo, es decir, las huelgas de médicos. En el resto de actividades no podrán ser impuestas unos servicios mínimos superiores al 15%.

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