Continuamos con las reflexiones sobre aspectos que deberían entrar en el programa electoral del PSOE o en los que se debería profundizar más allá de una mera exposición de motivos. En estas líneas nos referiremos a lo referido al Estado del Bienestar y a la protección de los valores democráticos. Al igual que en lo referido a la corrupción y que vimos en la anterior reflexión en el programa para el 20-D el Partido Socialista hace propuestas de importante calado por lo que dedicaré estas líneas a hacer un análisis de algunos aspectos en los que, en caso de alcanzar el gobierno tras el 26-J, deberían blindarse dentro de la tan necesaria reforma constitucional si queremos que nuestro sistema democrático se fortalezca a través de un proceso de regeneración basado en medidas de impacto, sobre todo en lo referente a la defensa de los pilares del Estado del Bienestar.

Una de las razones por las que el pueblo piensa que la democracia debe regenerarse es la incapacidad de los últimos años para mantener dar una respuesta a los ataques que desde el poder financiero se hace a los derechos que conforman el Estado del Bienestar. Este sentimiento se ha visto acrecentado desde que Mariano Rajoy accedió al poder, dado que los ultraconservadores españoles han querido implantar en España un sistema neoliberal, la antítesis del Estado del Bienestar, por medio de la imposición.

Según la ciencia política, el modelo de Estado por el cual éste provee de servicios a los ciudadanos para hacer efectivos derechos mínimos en un régimen de igualdad es el Estado del Bienestar. Es el conjunto de actividades que los Estados, que no los gobiernos, desarrollan para buscar modelos de redistribución de la riqueza a través de los presupuestos públicos. Suelen desarrollarse en cuatro aspectos:

  • Sanidad
  • Educación
  • Transferencias en dinero: subsidios y pensiones
  • Provisión de vivienda, alimentación y servicios asistenciales

En relación a los derechos económicos, sociales y culturales aquél podría definirse como «el paso de una seguridad social sólo para algunos, a una seguridad social para todos los ciudadanos marca la aparición del Estado de Bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de los ciudadanos y no sólo a los trabajadores, definirán la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas[1]».

La expresión Estado del Bienestar apareció por primera vez en 1942 en el Informe Beveridge que sirvió para fijar los cimientos del sistema de seguridad social del Reino Unido. Tenía tres ejes fundamentales: la vivienda, la salud pública y el empleo. Hay que tener en cuenta el momento histórico en que fue redactado el Informe Beveridge, cuando las principales ciudades británicas eran bombardeadas por los nazis un día sí y al otro también, cuando los ciudadanos británicos estaban pasando por las penalidades propias del bloqueo alemán y de la violencia de las bombas. Era necesaria la protección por parte del Estado de sus ciudadanos, de las personas que con su esfuerzo y sus impuestos seguían contribuyendo a las arcas de aquél.

La tragedia económica y social provocada por la II Guerra Mundial hizo que el concepto de Estado de Bienestar tuviera un fuerte impulso en las naciones. Dicho impulso está fuertemente entroncado con el desarrollo de las tesis keynesianas que triunfan en la posguerra y que recogían la necesidad del mantenimiento del consumo como base para la expansión del sistema capitalista. El objetivo último es la creación de un escenario de pleno empleo, una seguridad social universal para todos los ciudadanos y una educación gratuita en todos los niveles de la enseñanza. La finalidad del Estado del Bienestar era la consecución de una sociedad más justa mediante la redistribución de la riqueza que genera el sistema capitalista.

La importancia del gasto social provoca que se aumenten las partidas presupuestarias de los países occidentales tras la II Guerra Mundial, llegando a suponer en la segunda mitad del siglo XX un tercio de los presupuestos. En España, sin embargo, no se afianza esta tendencia hasta el restablecimiento de la democracia tras la muerte de Franco y, sobre todo, con la llegada del Partido Socialista al poder.

Las crisis económicas cíclicas son uno de los máximos enemigos del Estado del Bienestar, tal y como estamos viendo en los últimos años. Las elevadas tasas de desempleo y el envejecimiento de la población provocan que los Estados tengan que endeudarse para mantenerlo, lo que hace que desde los sectores más conservadores y economicistas se siembren dudas sobre la sostenibilidad del Estado Social, dado que aumentan el déficit y la deuda soberana. También es la excusa perfecta para que desde los defensores del neoliberalismo económico se implante la idea de que es el sector privado el que debe cubrir esas necesidades de los ciudadanos, desligando cualquier gasto público de las obligaciones que la Constitución les marca.

Existe un hecho que hace que la última crisis económica se utilizara como coartada para intentar eliminar el Estado del Bienestar e imponer un modelo neoliberal en la gestión de los servicios sociales. Nos referimos al cambio del modelo capitalista. Como hemos dicho anteriormente, el Estado del Bienestar era un modelo basado en el reparto de la riqueza generada por el sistema capitalista. Sin embargo, éste se ha modificado en un sistema basado en la especulación de los mercados. Este cambio del capitalismo basado en la producción al que se centra en los movimientos de los mercados financieros incita a que se quiera hacer ver por parte de los gobiernos que el Estado de Bienestar es inviable tal y como está planteado en la actualidad. Para quienes defienden esta teoría deben ser las empresas privadas quienes gestionen lo que hasta ahora gestionaba el Estado. Por tanto, el nuevo capitalismo no quiere participar del Estado Social, y esto es un problema que desde la política se ha de resolver.

Sin embargo, este mismo fenómeno de cambio del capitalismo hace que la propia política se haya convertido en un sub-departamento de la economía global, lo que provoca que los problemas de los ciudadanos queden en segundo término para priorizar las necesidades de las élites económicas por encima de las de aquéllos. Esto es una contradicción y un atentado contra el propio sistema democrático, tal y como hemos comprobando con las políticas de austeridad impuestas por los poderes económicos a los Estados, poderes representados por instituciones que no han sido elegidas por los ciudadanos pero que cuyas decisiones, o «recomendaciones», están influyendo en las vidas de los ciudadanos. Los Presidentes, Primeros Ministros, Ministros o Jefes de Estado están basando su acción de gobierno en generar datos macroeconómicos positivos olvidándose de su principal función: cubrir las necesidades que el pueblo soberano precisa en un momento determinado.

Esta sumisión de la política a la economía es uno de los puntos que debe modificarse para poder hablar de verdadera democracia. Hay que partir de la base de que quienes están en la cima del poder económico no tienen más interés que el suyo propio. No les interesa para nada el bienestar de los pueblos. Un ejemplo claro lo tuvimos cuando estalló la actual crisis económica. La caída de Lehmann Brothers provocó un cambio en los modos de trabajo en los mercados. Los poderes económicos pasaron de especular en fondos de inversión a materias primas y alimentos, lo que derivó en una subida de precios que causaron una crisis de hambruna en el cuerno de África, crisis donde murieron cientos de miles de personas.

El miedo y la deuda son los canales por los que los mercados se están haciendo con el poder real de los Estados democráticos. Es una de las claves sobre las que se asienta el liberalismo económico y sobre las que se ha cimentado la toma de la política por parte de los poderes económicos. Esto ha provocado el debilitamiento del Estado del Bienestar. Las obligaciones macroeconómicas, aquellas que benefician a la especulación de los mercados, se colocan por encima de las prioridades de los ciudadanos por los gobiernos de ideología neoliberal. La deuda soberana se ha convertido en la coartada para que se quieran imponer desde ejecutivos y entidades supranacionales políticas de austeridad del gasto público, lo que provoca que el Estado del Bienestar se resienta o quede en manos de empresas privadas. Esto lo estamos viendo, sobre todo, en la Europa del sur y sus gobiernos conservadores (o de liberales disfrazados de socialistas/socialdemócratas) entregados como fanáticos a esta austeridad que está provocando dolor, hambre y muerte a la ciudadanía. El cambio del capitalismo hacia la especulación de los mercados hace que ese reparto justo de la riqueza sea nulo, dado que ya no hablamos de rentas del trabajo sino de rentas del capital que son protegidas por estos gobiernos irresponsables. Como ya se ha visto anteriormente, el propio concepto de Estado del Bienestar se basaba en el reparto justo de la riqueza generada por la sociedad capitalista. Ahora no ocurre eso porque la especulación no conoce de reparto justo, es una recogida constante de beneficios individuales. Esos especuladores ahogan a los países con la deuda soberana, con las necesidades de financiación de los Estados para el sostenimiento de la protección a sus ciudadanos. El primer paso que dan los mercados para erradicar los servicios sociales que cualquier nación democrática es el incremento de la deuda. El pago de los intereses que van aplicados a dicho adeudo provoca que se tengan que destinar a este fin los capitales que pertenecían a las partidas dedicadas al mantenimiento del Estado Social, lo que genera una depauperación de los mismos. Lo vimos en la España de Mariano Rajoy, cuando los recortes perpetrados en sanidad, educación o dependencia, por citar algunos, se correspondían casi con exactitud a las cantidades destinadas al pago de los intereses de la deuda. Este deterioro hace que los partidos políticos defensores de esa entrega total al libre mercado comiencen a propagar la idea de que el Estado del Bienestar no es sostenible y que hay que acabar con él. Finalmente, se privatiza para generar más beneficios a las élites económicas y empresariales protegidas por dichos partidos conservadores.

En España hemos sido testigos de cómo esa estrategia se quiso implementar por parte del Partido Popular. Todas y cada una de las instituciones que estaban gobernadas por los ultraconservadores españoles impusieron medidas que van en contra de los intereses de los ciudadanos porque la restricción del Estado del Bienestar es gobernar en contra de los gobernados, es dar la espalda a quien tiene la Soberanía del Estado. Las constantes «mareas» en defensa de lo público dan fe de que el fin último del PP es la destrucción del Estado Social para entregarlo a las élites económicas y empresariales. Por este hecho, la reforma de nuestra democracia, la regeneración de la misma, debe darle prioridad a la protección de dicho Estado del Bienestar, incluyendo en la Reforma de la Constitución la cantidad mínima que los Presupuestos Generales del Estado deberán destinar a la protección de la sanidad pública, de la educación pública, del sistema de pensiones o de la protección a las personas dependientes, por citar algunos de los pilares sobre los que se debe asentar el Estado del Bienestar, de la protección de los ciudadanos que fue implementada en España por los gobiernos del Partido Socialista y que los gobiernos del Partido Popular quieren desmantelar. Todo lo anterior aparece acertadamente incluido en el programa electoral del PSOE. Lo único que le falta es una mayor concreción.

Un Estado con una verdadera democracia no puede permitir que el gobierno de turno, normalmente de derechas o conservadores, implemente políticas que vayan en contra de los derechos de los gobernados. Cualquier reforma, Decreto Ley o Ley que disminuya los medios económicos necesarios para el perfecto funcionamiento de los servicios sociales y para que éstos cubran con las necesidades de los ciudadanos es un ataque frontal que el propio Estado debe frenar a través de la inclusión en la Constitución de unos mínimos que ninguna medida pueda soslayar, por mucho que la quieran imponer desde instituciones como el FMI o la Comisión Europea.

El derecho a la sanidad de los españoles está recogido en la propia Constitución Española en el artículo 43. Hay un hecho que demuestra la importancia del mismo, dado que fue uno de los pocos que apenas sufrió cambios desde la presentación del Anteproyecto Constitucional hasta su redacción definitiva.

Fue el Partido Socialista quien impulsó definitivamente el Sistema Nacional de Salud a través de la Reforma de Ernest Lluch. Los puntos principales de esta Reforma fueron:

  1. Incremento de la cobertura sanitaria a casi el 100% de los ciudadanos
  2. Incremento del gasto público en sanidad en 0,8 puntos PIB
  3. Aumento al 78% de la financiación pública
  4. Definición e incremento de las prestaciones sanitarias, poniendo el foco principalmente en:
    1. Atención primaria
    2. Atención a la salud mental
    3. Planificación familiar
    4. Creación de la política de trasplantes
  5. Configuración de una atención sanitaria completa y de calidad

Además, se incorporaron novedades significativas que garantizaban que la sanidad pública llegara a todos los ciudadanos. En primer lugar fue muy importante el acercamiento de los profesionales a los ciudadanos al crear la Red de Atención Primaria y la creación de los Centros de Salud que hasta entonces no había salvo en ciudades importantes. En el mundo rural no existían. También se modificaron los papeles de actores tan importantes como el Cuerpo de Enfermería, dándoles más responsabilidad y se incluyó un aspecto muy importante para el cuidado de la salud de los ciudadanos: la historia clínica.

En la actualidad la sanidad supone un gasto de 9,6% de PIB al ser una prestación no contributiva. Esto que puede parecer mucho dinero supone un punto porcentual menos que la media europea. La Sanidad española es ejemplo y referente en muchos aspectos, como, por ejemplo, el Sistema de Trasplantes. Evidentemente, desde la Reforma de Lluch el gasto sanitario ha ido creciendo en la misma progresión en que subía el PIB, pero siempre ha estado por debajo de las medias de los países europeos, por tanto, es un sistema viable y sostenible. No obstante el Partido Popular ha puesto en cuestión el modelo sanitario, no por su viabilidad o por su sostenibilidad presupuestaria, sino por el único fin de aplicar su modelo ideológico en este aspecto, un modelo ideológico que es una burda copia de las reformas que aplicó en los años 80 del siglo XX en Reino Unido Margaret Thatcher. Dentro de su modo mercantilista de ver la vida no puede ser que el Estado dé a los ciudadanos a cambio de nada. No es posible que la gestión de la sanidad sea deficitaria y debería dar beneficios.  El blindaje de la sanidad en la Constitución debe ir orientado a que se cumplan unos mínimos económicos en la transferencia de fondos a quien tiene la competencia sanitaria: las Comunidades Autónomas. La inversión estatal y de estos entes territoriales federales no podrá ser inferior al 13% del PIB, es decir, 130.000 millones de euros. No se puede permitir que haya gobiernos o partidos que destruyan algo que es de todos, que quieran destrozar lo que ha sido pagado por todos, se use o no, y que se financie a empresas privadas que no buscan el bienestar de los ciudadanos, sino el aumento de sus beneficios, pasando por encima, incluso de la calidad de atención.

La educación es otro de los pilares sobre los que se asienta el desarrollo de un país. Un país con altos niveles educativos es un país competitivo. Un país con un sistema educativo igualitario, donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad, es un país moderno. España era un país con un sistema educativo lo suficientemente competitivo en niveles de igualdad hasta la llegada del Partido Popular al poder, tanto en la etapa de José María Aznar como en la de Mariano Rajoy. Cuando en España gobierna la derecha la educación se quiere convertir en un privilegio despreciando el hecho de que es un derecho de todos los españoles.

Esto es lo que un Estado democrático no puede permitir, ya que uno de los aspectos en los que se puede comprobar la eficacia de una democracia en lo referente a la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, principio de igualdad sobre el que se sustancia la propia Constitución. El Partido Popular con su LOMCE ha mercantilizado un derecho, buscando la rentabilidad económica y nos retrotrae a modelos educativos que ya parecían olvidados, modelos en los que los poderosos tenían la capacidad de proporcionar educación mientras que los ciudadanos de a pie, el pueblo llano, tenía que conformarse con proporcionar educación básica o, como mucho, finalizar el bachillerato. La derecha española ha despreciado el principio de igualdad de oportunidades que proclama la Constitución Española. La bajada de la edad de comprehensividad a los 14 años ya supone una barrera para los niños de algunas etnias o clases sociales más desfavorecidas, algo que se legalizó en la Ley General de Educación de 1970, la Ley 14/1970, y en la que muchos se quedaron en el camino. Esto provoca que se generen bolsas de chavales no cualificados que son propicios para aceptar los abusos que se quieren imponer desde el mundo empresarial o desde las pautas que marquen los mercados económicos. Es una forma de volver a la persona no cualificada que para sobrevivir aceptará cualquier cosa, cualquier salario, cualquier escenario de explotación.

Otro de los aspectos que acentúa el clasismo y la segregación social del modo de ver la educación por parte del Partido Popular es la apuesta por los centros especializados, centros que, en su práctica totalidad, son privados. No es posible que se haga un concierto, como ocurre con la Primaria o la ESO ya que la LOMCE no asegura que la Educación Infantil tenga un perfil educador, sino que pasa a ser asistencial, es decir, un privilegio. Los niños de las víctimas de la crisis o de la clase trabajadora no recibirán una educación igual a la de los niños de las clases acomodadas, privilegiadas o protegidas por el PP, lo cual ya es un atentado contra la igualdad de oportunidades que en lo referido a la educación pondera la Constitución de 1978. Cualquier forma de segregación es una manera de generar desigualdad. Esto es lo que hace la Ley Wert al primar la excelencia de los resultados por encima de otras ponderaciones.  Por este motivo, el derecho a la educación debe quedar protegido y blindado por la propia Constitución para todos los niveles. El principio de igualdad de oportunidades queda liquidado con la subida de las tasas universitarias en un 66% en algunas Comunidades Autónomas. ¿Por qué un español debe pagar más por una misma carrera dependiendo del territorio en el que viva? La Constitución deberá proteger la educación imponiendo, al igual que con la sanidad, un mínimo del 8% del PIB, 80.000 millones de euros, para ello, además de igualar las condiciones en las que los estudiantes acceden a los grados universitarios independientemente de los territorios donde residan.

Exactamente lo mismo ocurre con el Sistema de Pensiones. Los pasos que se van dando desde que en España gobierna la derecha más reaccionaria de Europa están orientados hacia una depreciación del sistema de pensiones actual para que los que aún no se han jubilado quieran acogerse a Planes privados. Si algo hay sagrado en cualquier país democrático es la protección de los mayores con un sistema de pensiones que les garantice los mínimos de supervivencia tras décadas de trabajo. Así lo asegura la Constitución Española vigente en su artículo 50: « Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». Lo sagrado para el PP es el culto a personajes de ficción a los que quieren endosar las soluciones a la crisis o su sumisión a los poderes económicos y los mercados. La protección de nuestros mayores es algo secundario, salvo si con ellos se pueden abrir nuevas líneas de negocio.

Lo anterior se demostró con la Reforma del Sistema Nacional de Pensiones, un sistema que hasta que llegó al poder Mariano Rajoy había contado con un consenso casi total entre todas las fuerzas políticas, tanto de izquierdas como de derechas, tanto nacionalistas como españolistas. El Partido Popular, al igual que con el resto de sus reformas, ha impuesto su ideología de eliminar cualquier protección por parte del Estado hacia los ciudadanos.

Un país democrático no puede permitir que la protección de nuestros mayores quede en manos de la ideología de tal o cual partido, sobre todo cuando esa ideología va encaminada a premiar a quien más tiene y deje sin protección a los más humildes. Tal  y como estaba planteado hasta la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa  es un punto de partida para que el Sistema de Pensiones quede protegido por la Constitución Española.

Estos son tres de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar que deben ser protegidos por un gobierno de progreso. Como ya he dicho, están incluidos en el programa del PSOE de manera acertada. Ahora queda defenderlo más allá de posibles pactos y plantear estos puntos como líneas irrenunciables dentro del escenario de negociación que se planteará tras el 26-J.

[1] Derechos económicos, sociales y culturas, Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals

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