PSOE: un programa para sobrevivir, un programa para resucitar (III). Corrupción

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· PSOE: un programa para sobrevivir, un programa para resucitar. Empleo.

· PSOE: un programa para sobrevivir, un programa para resucitar. La cuestión territorial.


 

Continuamos con la serie de artículos sobre aspectos que, según la visión del autor, deberían incluirse en el programa electoral del 26-J. La intención de quien escribe no es decir o afirmar que todo lo expuesto es lo que el Partido Socialista debe hacer, sino poner sobre la mesa aspectos que en el programa del 20-D no aparecían o quedaban demasiado difusos. Se trata de propuestas que se cimentan sobre la opinión personal del autor y no tienen ninguna intención evangelizadora ni, por supuesto, son la verdad absoluta. Tampoco se tiene la intención de afirmar que el programa socialista es malo. Hoy nos referiremos a uno de los problemas más importantes de nuestra democracia y que en el programa electoral del PSOE es tratado con la aportación de medidas de importante calado y que, en algunos casos, tendrán un impacto en la sociedad de llevarse a cabo. Por eso, y aprovechando que en esta parte se hacen buenas propuestas, el autor hará una reflexión y apuntalará algunas de esas propuestas.

La corrupción política y económica en España es una lacra que siempre ha estado presente en nuestra historia

La corrupción política y económica en España es una lacra que siempre ha estado presente en nuestra historia. Puede decirse que es un reflejo de la picaresca propia del espíritu español. Puede decirse que se trata de un reflejo de la desvergüenza de los malos dirigentes que históricamente ha tenido este país. Puede decirse que esta lacra es consecuencia de la búsqueda de caminos directos para lograr beneficios por el empresariado español desde el punto de vista del corruptor. Todo esto puede ser cierto, pero no es la verdad, porque no todos los políticos son corruptos, no todos los empresarios son corruptores y no todos los españoles son ladrones que buscan medrar a través de grandes pelotazos. Sin embargo, el hecho de que la corrupción esté tan extendida en este país hace que se convierta un problema, no sólo económico, que lo es, sino desde el punto de vista del sistema democrático, dado que un exceso de corrupción es uno de los mayores lastres que puede tener una democracia, puesto que se prostituyen valores y principios básicos de la misma.

Históricamente siempre ha habido corrupción política y económica en España. Los autores del Siglo de Oro ya lo denunciaban en sus sonetos y en sus comedias. El propio Cervantes fue condenado por actitudes que hoy serían juzgadas como corrupción. Fueron famosas las tramas durante el reinado de Felipe III por parte de su Valido el Duque de Lerma. Ya en el siglo XIX la propia reina regente María Cristina de Borbón se vio envuelta en escándalos como la especulación con los precios de la sal o con la trata de esclavos. Ya en el siglo XX, donde tenemos fuentes históricas más sólidas, vemos cómo durante la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y la Guerra Civil se produjeron graves casos de corrupción. Famosa fue la estafa del estraperlo, que fue la puntilla para el partido Radical de Lerroux. Una vez comenzada la guerra, el gobierno de la república se vio obligado a comprar armas a través de la negociación directa con los proveedores de armas debido a las restricciones del Comité de No-Intervención que impedía a los países a vender armamento a ninguno de los contendientes. Este contacto directo con los fabricantes hizo que muchos de los que componían las delegaciones comerciales cobraran cuantiosas comisiones que encarecían las partidas.

Una vez asaltado el poder tras la victoria Franco se encontró con un país donde la agricultura y el tejido industrial habían sido destruidas como consecuencia de la guerra. La producción se encontraba bajo mínimos, por lo que las necesidades de los españoles superaban al stock de producto, por lo que tomó una gran importancia el mercado negro, el contrabando, el estraperlo. El propio dictador dejaba hacer a los dirigentes y a las élites que le habían apoyado con el fin de que el enriquecimiento de éstos eliminara las posibles ansias de poder político que, al fin y al cabo, era el único objetivo de Franco. Por esa manga ancha que permitía el dictador la corrupción política y económica fue un rasgo casi caracterizador del Régimen. La implicación política fue absoluta en todos los niveles, en algunos casos por la participación directa de los dirigentes del Movimiento Nacional, en otros por la impunidad con la que se permitía actuar a los estraperlistas y por la protección que recibían éstos. Mientras los ciudadanos vivían con estrecheces, pasaban hambre y vivían en la miseria, los corruptos protegidos por el Régimen tuvieron un enriquecimiento rápido. El dinero compraba lealtades y eliminaba posibles enemigos.

Los años iban pasando y el pueblo español iba ganando en prosperidad. Sin embargo, los casos de corrupción política y económica continuaban. Hubo casos tan graves como el Barcelona Traction, donde estuvo implicado Juan March. En referencia al contrabando y al estraperlo el propio gobierno estuvo implicado con una trama de venta de licencias de importación y exportación, donde se destacó el ministro de Comercio, Arburua, quien dejó la política siendo multimillonario. La apertura y la finalización de las sanciones internacionales provocaron un «movimiento patriótico» de dinero hacia Suiza. Al igual que está ocurriendo hoy día, los patriotas de pulsera lo son hasta que las exigencias de la una, grande y libre les puede tocar la cartera. En el caso que nos ocupa, más de 800 personas, todas ellas que se caracterizaban por una lealtad sin mácula hacia el Régimen, sacaron del país más de 400 millones de euros (70.000 millones de pesetas). Hasta el propio hermano de Franco, Nicolás, estuvo implicado en el escándalo de la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas S.A. Sin embargo, fue a finales del franquismo cuando se produjeron los dos casos de corrupción más potentes de la dictadura: el caso Matesa y el caso Sofico. El escándalo de Matesa consistió en la quiebra de la empresa dejando un agujero en el Banco de Crédito Industrial de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Se falsificaron cuentas y se sacó dinero ilegalmente de España. El Estado tuvo pérdidas millonarias puesto que el dinero que se recuperó fue a través de aseguradoras, nada de Matesa ni del principal implicado, Juan Vilá Reyes. No obstante, hubo consecuencias políticas al haber implicaciones de tres ex ministros de Franco (Navarro Rubio y Espinosa San Martín de Hacianda, y García Moncó, de Comercio) y de uno en activo (López Rodó). La realidad fue que se aprovechó un escándalo de corrupción para sacar a la luz las luchas entre las familias del Régimen. Más doloroso fue el escándalo Sofico, ya que los implicados fueron los miles de pequeños accionistas que depositaban sus ahorros por las garantías que daban los complejos de apartamentos en la Costa del Sol, una rentabilidad muy superior a la que daban bancos y Cajas de Ahorro. Famosas eran las campañas de publicidad en televisión. Todo resultó ser una estafa y un fraude, pero el crecimiento de Sofico tuvo que tener un apoyo institucional al recibir la empresa las licencias de construcción.

La corrupción ha sido una constante de todos y cada uno de los gobiernos democráticos

Con Franco muerto la corrupción ha sido una constante de todos y cada uno de los gobiernos democráticos. En la época de la UCD tenemos el caso de la colza y el escándalo Fidecaya. En los gobiernos de Felipe González tenemos el caso Kio, los fondos reservados, Filesa, el caso Guerra, Ibercorp, Urbanor, Roldán, Banesto, el caso Naseiro, etc. En los gobiernos de José María Aznar destacamos el caso del lino, Villalonga, Tabacalera, Sanlúcar, Gescartera, Forcem, Pallerols, Zamora, etc. En los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero tenemos el caso Gürtel, los EREs falsos, el caso Campeón, el caso Millet, el caso ITV, el caso Noós, etc. Finalmente, en los años de legislatura de Mariano Rajoy tenemos la trama Gürtel, la trama Púnica, la financiación ilegal del PP en diferentes Comunidades Autónomas, el caso Bárcenas, el caso Emarsa, el caso Dívar, el caso Cooperación, Pitiusa, el caso Pujol, y un largo etc.

De la corrupción no se escapa nadie, ninguna institución. Lo primero que salta a la palestra es la corrupción política. Sin embargo, también ha salpicado a la propia Monarquía y a la Iglesia. De ahí que los ciudadanos generalicen en su juicio y afirmen sin ambages que todos los políticos son unos corruptos, unos chorizos y unos ladrones. Esta aseveración es injusta, dado que no todos los políticos están implicados en casos de corrupción. Son muchos más los honrados que los que no lo son, pero éstos hacen mucho más ruido.

Criminalizamos a los políticos corruptos pero nos olvidamos siempre de los corruptores, de aquellos que están dispuestos a comprar a representantes públicos a cualquier escala con el único fin de beneficiarse del dinero de todos. Esto no exculpa a quien se deja comprar pero es importante que las medidas de prevención de la corrupción vayan también en ese sentido. Tal y como hemos comprobado en el caso Gürtel, los corruptos suelen generar una serie de redes clientelares asociadas a un partido político. Hemos comprobado cómo el amiguismo, las influencias, ha sido una corriente común dentro de la vida económica española. Los papeles de Bárcenas demostraron cómo grandes empresarios hacían donaciones al Partido Popular con el único fin de lograr grandes contratos con la Administración. Ese dinero realmente es la mordida con la que se aseguraban las adjudicaciones aprovechando las grandes cuotas de poder que tenía el partido ultraconservador español. En ese mundo subterráneo que se crea por debajo de las cloacas del poder se demuestra que aquellos que no tienen ningún tipo de ética y están dispuestos a comprar a un representante público o a un dirigente de un partido no suelen tener un castigo, tanto penal como mediático, acorde a la acción cometida. Todo se queda en delitos tributarios, blanqueo de dinero o malversación de fondos públicos. Siempre después del hecho de la compra, de la entrega de comisiones ilegales, etc. Jamás por el hecho de corromper a un representante público. Esto es una de las cosas que fallan en el sistema, dado que el mecanismo de la corrupción comienza con el corruptor. Si queremos buscar medidas preventivas hay que ir a la raíz y sólo son castigados cuando se descubren las tramas.

No es casual que los repuntes del fenómeno corrupto en España suela coincidir con épocas de expansión económica, expansión que en este país va acompañado con repuntes del sector de la construcción. El último episodio lo hemos vivido durante la burbuja inmobiliaria generada por José María Aznar. La especulación del suelo tras la liberalización, la facilidad de acceso al dinero por las facilidades que daban las entidades bancarias, sobre todo las Cajas de Ahorro, hacían que muchos dirigentes vieran la oportunidad de ganar mucho dinero a costa del interés general de los ciudadanos, porque esas cantidades que recibían de parte de los empresarios que especulaban con suelo, con promotores o constructores, luego se imputaban a los costes de viviendas. A nivel municipal se fue testigo del incremento de patrimonios por parte de alcaldes, independientemente de los partidos a los que representaran. Un empresario dedicado a la compra-venta de suelos confirmó al autor que había alcaldes que pedían una cantidad fija sólo por concertar una reunión para el planteamiento del proyecto. El mismo empresario corroboró que su empresa financió másteres en el extranjero a alcaldes y concejales, pagó viajes al Caribe, y otras muchas acciones corruptoras para que unos terrenos fueran recalificados para, posteriormente, construir grandes promociones de vivienda que se vendían a un precio que triplicaba el valor real del suelo urbanizable. Esa especulación que tanto floreció a la sombra de la burbuja inmobiliaria y que fue permitida en todos los niveles con la excusa de la prosperidad económica fue un nido de corrupción política y económica que se está destapando tras la explosión de la burbuja.

La corrupción ha derivado también en el despilfarro de las Administraciones, sobre todo las Autonómicas y las Municipales. La facilidad para conseguir financiación provocó que el dinero público fuera invertido en grandes obras que se están demostrando inútiles con el paso del tiempo. España se ha convertido en un museo del despilfarro o en un cementerio de estructuras de grandes inversiones que se han quedado a medio hacer o, una vez finalizadas, no se están usando.

La corrupción ha derivado también en el despilfarro de las Administraciones, sobre todo las Autonómicas y las Municipales

España es un país donde la corrupción política y económica es una de las grandes preocupaciones de los españoles, tal y como confirman las encuestas del CIS. La corrupción es, de igual modo, una de las causas del desapego de la ciudadanía hacia los políticos. En la época de crisis económica que estamos viviendo, por mucho que el gobierno de Mariano Rajoy insistiera e insista machaconamente en que España ya se ha recuperado y hay raíces vigorosas, la corrupción política y económica es vista como una de las causas de los recortes que se han producido, y, en parte, es este un pensamiento que tiene cimentación lógica. Según diversos estudios la corrupción y la malversación de recursos públicos tienen un coste social anual del 4% del Producto Interior Bruto, es decir, que cada año los españoles perdemos 40.000 millones de euros. El propio FMI ha indicado que los costes de la corrupción a nivel mundial superan los 1,75 billones de dólares al año. Sin embargo, ese coste es superior ya que estos estudios basan sus conclusiones en los casos conocidos. Partiendo de la base de que detectar la corrupción es complicado por la ingeniería económica que utilizan los corruptos, el monto final sería igual de escandaloso o superior a las cifras de economía sumergida que suponen un 27% de PIB. El impacto de la corrupción en la economía española no viene solo de las consecuencias en las cuentas de pérdidas y ganancias por los sobornos, lo que se deja de ingresar por la Hacienda Pública o lo que se despilfarra, sino que también tiene un impacto importante en la credibilidad del país, lo que ahora se llama de forma rimbombante Marca España, a la hora de conseguir inversiones que generen empleo y riqueza. Otra de las consecuencias de estas acciones por las que unos pocos se han enriquecido gracias al dinero público, ya sean políticos, ya sean empresarios, es la pérdida de capacidad de las Administraciones Públicas para financiar el Estado del Bienestar, la educación, la sanidad, las políticas activas de creación de empleo. Hay que recordar que los recortes salvajes en educación y sanidad han supuesto unos 10.000 millones de euros anuales. Si comparamos esta cifra con los 40.000 que suponen el coste de la corrupción en España comprobamos que aquélla es un 75% superior a los recortes.

Una de las causas por las que la corrupción es vista por los españoles como uno de los principales problemas del país es la sensación de impunidad que tienen los corruptos e, incluso, la protección que reciben de algunos Poderes del Estado. Las cifras son alarmantes: en los juzgados españoles hay abiertas más de 2.000 causas por corrupción, más de 700 imputados y sólo 20 están cumpliendo penas en prisión. El pueblo ve cómo la Justicia no es la garantía para hacer cumplir las leyes, que no es igual para todos los españoles, tal y como quedó demostrado con el tratamiento especial de la Fiscalía con la hermana del Rey y posicionarse dentro de la estrategia de los abogados defensores.

Todos los días nos encontramos en la prensa con escándalos a los que la Justicia no da o no puede dar respuesta. ¿Por qué las causas se alargan años y años hasta alcanzar los topes de prescripción de los delitos? Nuestro sistema judicial no dispone de los medios, ni humanos ni técnicos, para luchar contra una corrupción sistémica, para una corrupción que ha defraudado miles de millones de euros. La respuesta a la corrupción debería ser rápida y eficaz, pero no como quiere el PP con su reforma para que la instrucción de los casos de corrupción tenga límite de tiempo, lo que dejaría muchos casos cerrados sin que los investigadores hayan podido realizar su función y sacar conclusiones adecuadas antes de la apertura de juicio oral, es decir, que lo que se pretende es aprovechar una preocupación popular para generar una mayor impunidad a sus casos de corrupción. El verdadero problema es la falta de medios y, tal vez, la falta de iniciativa política.

Ante esta situación de indefensión en que se encuentran los ciudadanos frente la impunidad que se trasluce de la falta de medios de la Justicia los gobiernos deben poner como prioridad la dotación de medios a la Fiscalía Anticorrupción, a la Inspección del Estado, a los Juzgados de Instrucción, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los órganos de control económico que puedan permitir, no sólo la agilización de los procesos, sino los procedimientos de detección de la corrupción. La corrupción política y económica tiene muchas caras y se fundamenta en multitud de procesos:

  • Prevaricación
  • Revelación de secretos
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Malversaciones
  • Negociaciones prohibidas a funcionarios
  • Blanqueo de capitales
  • Apropiación indebida
  • Fraude
  • Estafa
  • Falsedad documental
  • Delitos contra el patrimonio histórico
  • Delitos contra el medio ambiente

Todas son algunas de las expresiones que definen a estas actitudes que tienen como objetivo el enriquecimiento personal y cuya consecuencia se formaliza en la vida de los ciudadanos, ya que es a éstos a quien perjudica directamente. Por tanto, los poderes del Estado deben implementar todas las medidas con los medios necesarios para evitar, localizar, instruir, juzgar y condenar a quienes se han corrompido y a los que corrompen en unos plazos adecuados que eliminen de la sociedad la sensación de impunidad y de desigualdad ante la justicia. Es intolerable que pequeños delitos sean juzgados y condenados, mientras que las grandes causas de corrupción se eternizan en los juzgados por la falta de medios de los investigadores, de la Justicia y de los órganos de control económico.

Hay que endurecer las penas y eliminar los plazos de prescripción del delito

Hay que ser realista. Los corruptos y los corruptores siempre estarán ahí porque el ansia de ganar dinero fácil es innata a la condición humana. Sin embargo, hay que poner medidas. Hay que endurecer las penas y eliminar los plazos de prescripción del delito relacionado con la corrupción. La razón es muy sencilla: cada euro sacado ilícitamente de los recursos económicos de la Administración Pública es un euro que no se dedica a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de los mismos ciudadanos que, según la Constitución, son los propietarios de la Soberanía Nacional. Por tanto, hurtar recursos a los ciudadanos podría interpretarse como un delito de traición. Al igual que ocurre con los crímenes contra la Humanidad que no prescriben, la corrupción política y económica son una agresión a la propia Soberanía Nacional porque limitan los recursos que las Administraciones Públicas deberían destinar a mantener y potenciar el Estado Social. Por lo tanto, los delitos de corrupción no deben prescribir.

El arma fundamental para combatir la corrupción, además de los medios anteriormente citados, es la exigencia de transparencia, tanto de partidos políticos, como a cargos públicos, dirigentes y la Administración. La mala gestión de los fondos públicos, que es una de las causas más importantes para que se produzcan delitos de corrupción por parte de sus gestores, está provocada por una burocracia excesiva que, teóricamente, pone muchos controles pero que en la práctica dejan demasiados resquicios para que corruptos y corruptores se aprovechen de las grietas del sistema, ya que no sólo no impiden que se produzcan malas praxis sino que se utilizan como herramienta para estas prácticas irregulares. Hemos sido testigos de cómo se amañaban licitaciones antes incluso de convocarlas, como se puede interpretar de grabaciones de alcaldes de capitales de provincia con constructores; de cómo se troceaban concursos públicos con el único fin de poder adjudicarlos a dedo sin realizar ninguna convocatoria. Estos aprovechamientos de los resquicios legales provocan graves perjuicios a los ciudadanos, dado que esas redes clientelares generan falta de agilidad y de responsabilidad en la toma de decisiones y, por supuesto, un encarecimiento de servicios y obras que favorecen a corruptos y corruptores. Ejemplos de este hecho los tenemos en cantidades ingentes, pero uno de los más graves lo tenemos en las actividades de Iñaki Urdangarín quien, aprovechándose de su posición como esposo de la hermana del Rey Felipe VI, logró contratos con instituciones públicas con precios que sobrepasaban con creces lo que costarían los mismos servicios si hubieran sido adjudicados a empresas «normales». Los ciudadanos también hemos sido testigos de cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid troceaba concursos en diferentes lotes que no alcanzaban el mínimo exigido por Ley para convocar licitaciones y, de este modo, poder adjudicar los servicios a las empresas de la trama Gürtel. Por tanto, es necesario un mayor control y una mayor transparencia en todas y cada una de las operaciones donde se maneje dinero público. Los actuales controles están demostrando una ineficacia irresponsable. No hace falta un aumento de las inspecciones que paralicen la gestión dentro de un régimen inquisitorial, dado que hay mecanismos de control que aumentarán la transparencia y la limpieza. El pago con cheques nominativos, el control exhaustivo de las cuentas bancarias de las Administraciones, el control de los pliegos de las licitaciones y el control de los procedimientos por entidades de inspección externas, son algunas soluciones para detener la lacra de la corrupción en las instituciones públicas y el enriquecimiento de unos pocos con el dinero de todos, dinero que debe ser dedicado al sostenimiento del Estado del Bienestar y a cubrir las necesidades del pueblo. Sin embargo, si se controla y se exige transparencia sólo a las Administraciones y no se aplica el mismo rigor a los que reciben dinero público, tanto en contratos públicos como en subvenciones, se abriría una vía para que las cantidades percibidas por aquéllos se utilizara para otros fines que para lo que originalmente fue entregado por la Administración. Todas las empresas, sean públicas o privadas, e instituciones deberán rendir cuentas del dinero público recibido, del mismo modo en que las corporaciones presentan dividendos a sus accionistas. Por otro lado, aquellas empresas que concursen deberán ajustarse a los presupuestos presentados en la oferta económica con la que concurrieron a la licitación.

La impunidad que los ciudadanos ven en los políticos implicados en casos de corrupción se acrecienta no sólo por la lentitud de la justicia, sino por el mantenimiento de sus cargos orgánicos y la no presentación de dimisiones. El hecho de que haya dirigentes envueltos en escándalos de corrupción sigan manteniéndose en sus cargos es una de las causas principales de la desafección de los ciudadanos hacia la clase política. Si somos justos, son muchos más los que no están implicados en corruptelas que los que están imputados por cualquiera de los delitos que se explicitaron anteriormente, pero éstos generan más alarma social. La búsqueda de procedimientos que obliguen a quienes se vean mezclados en casos de corrupción es uno de los puntos más importantes de la regeneración de nuestra democracia. Ya hemos visto que el fenómeno es casi sistémico, que ningún partido que haya tenido poder se libra de él, por mucho que las organizaciones siempre apelen a la irresponsabilidad individual del corrupto.

La impunidad percibida por los ciudadanos de los corruptos de la clase política no proviene solo de las decisiones judiciales, sino también de la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes han incurrido en algunos de los delitos mostrados anteriormente. El pueblo no entiende que escándalos como Gürtel, Noós, ERE’s, o el volumen ingente de los que se produjeron en Valencia, por poner algunos ejemplos, no tengan repercusiones políticas. Hay cientos de imputados que siguen manteniendo sus cargos en instituciones públicas. Se llegó a ver la indecencia de que más de un 10% del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Corts Valencianas estuvieran imputados en casos de corrupción, incluido el ex presidente. Hemos sido testigos de cómo el Presidente del Gobierno, también Presidente del PP, figure como avalista de Luis Bárcenas en un banco en Suiza y que no se adopten medidas internas de carácter político. En países de nuestro entorno y con una mayor cultura democrática la sola presencia en un caso de corrupción, independientemente de la presunta culpabilidad o inocencia jurídica, acarrea dimisiones o la asunción de responsabilidades. En España no. En este país se espera a que sea la Justicia la que determine la culpabilidad o la inocencia para asumir dichas responsabilidades. Este hecho lo que realmente acarrea es una mayor separación entre los gobernantes y los gobernados, entre los representantes del pueblo y sus representados.

¿Cuál debería ser el límite? ¿En qué punto de la investigación o de la evolución de la imputación debe un político tomar la decisión de dimitir de sus cargos? Este es un tema confuso, un tema arriesgado a la hora de emitir un juicio drástico. Sin embargo, lo que queda claro es que la gran mayoría de aquellos que se aprovecharon de su responsabilidad pública para lucrarse o para enriquecer a corruptores amigos deben desaparecer de la vida pública. En España los corruptos políticos están abusando del uno de los principios sobre los que se basa nuestro sistema jurídico: la presunción de inocencia. Cada vez que un político, independientemente del partido al que pertenezca, es imputado por corrupción se apela a la presunción de inocencia hasta que se emite una sentencia firme.

Hay mucha gente que defiende que un cargo público no debe dejar sus responsabilidades institucionales sólo por el hecho de estar imputado. Para esta defensa se maneja el término «imputado»(ahora investigado) desde un punto de vista procesal, pero no desde un punto de vista político, sobre todo por el enorme caudal de imputados que genera este país. La definición jurídica del imputado/investigado se basa en la presunción de que alguien ha cometido un delito. El imputado puede utilizar la mentira como estrategia de defensa o se puede negar a declarar ante un juez. Esta figura queda delimitada para la fase de instrucción de cada caso, antes de la determinación por parte del instructor de si el imputado va a juicio oral o no. Si el juez determina que debe ser juzgado pasa a la figura del procesado. Los políticos suelen esperar a que ocurra esto para abandonar sus cargos. Sin embargo, la lentitud de la Justicia, la falta de medios, la complejidad de los escándalos de corrupción y la estrategia de defensa de los imputados hacen que esa figura que se creó como un modo de certificar las garantías legales de a quien le ha sido atribuido la comisión de un delito ha quedado prostituida. Según el programa del PSOE se pone como límite para la dimisión la apertura de juicio oral. Como ya hemos visto, desde un punto de vista legal esta visión es correcta. Sin embargo, desde un punto de vista político hay que ir más allá: el imputado por un juez debe ser apartado temporalmente de todos sus cargos por su organización, independientemente de quien sea y del lugar que ocupe en el organigrama de la Administración. Nuestra democracia no puede permitir que representen al pueblo personas que están bajo sospecha. En caso de que se abriera juicio oral contra esa persona, entonces llega el momento de separarlo definitivamente de sus cargos.

Los partidos deben comportarse con el mayor desprecio hacia quienes se han aprovechado

Otra cosa es el comportamiento de los partidos a los que pertenezcan y sus códigos internos a la hora de expulsar o no a estas manzanas podridas. En este caso sí que es normal que se espere a la apertura de juicio oral o al dictamen de una sentencia firme. Los partidos deben comportarse con el mayor desprecio hacia quienes se han aprovechado de la democracia para su propio enriquecimiento o para favorecer a terceros. Sin embargo, lo que no han de hacer jamás es poner sus medios económicos o legales al servicio de estas personas. Va en contra de un sistema democrático que haya partidos políticos que pagan las defensas de sus imputados por corrupción e, incluso, se presenten como acusación con el único fin de retrasar la instrucción propiciando situaciones tan absurdas como que quien se presenta ante el juzgado como agraviado por el imputado funcione realmente como defensa del mismo. Ríanse, pero Luis Bárcenas puede dar fe de ello.

Los defensores de que el momento en que el político debe dimitir de sus cargos es cuando es procesado en juicio oral afirman que es un modo de defenderse de falsas acusaciones por parte de sus adversarios políticos o de asociaciones afines a éstos. En sí esta afirmación es absurda en lo referido a la imputación, dado que ésta no se produce hasta que un juez de instrucción lo determina. Una falsa denuncia o acusación no tendría recorrido judicial. Sin embargo, cuando un juez imputa a alguien lo hace con pruebas para ello y no aleatoriamente. Por otro lado, hay que dejar claro que la dimisión de un cargo público por estar imputado por delitos de corrupción no debe ser sinónimo de hacerle culpable antes de que la Justicia determine su responsabilidad o la ausencia de ella. Es simplemente un acto de coherencia y de respeto hacia el pueblo, hacia quien tiene la soberanía, hacia quien le dio su confianza para ejercer el cargo que ostentó. Es simplemente dignidad y ética política.

La ciudadanía ve la figura del aforado como la impunidad de la clase política

Otro asunto muy diferente es el del aforamiento de parlamentarios, tanto del Congreso y el Senado, como de los Parlamentos Autonómicos. La ciudadanía ve la figura del aforado como la impunidad de la clase política, y no es así, porque, en este caso, sí que se puede aplicar lo de la protección ante denuncias irresponsables. Lo que sí parece obvio es que esa figura del aforado debe ser restringida a las funciones de éste y no ser extensible a otras actividades, ya sean privadas, ya sean derivadas de otros cargos anteriores que no disponían de aforamiento. Sin embargo, hay partidos que utilizan este aforamiento para proteger a personajes importantes y alargar los procesos. Esto lo hemos visto con el comportamiento irresponsable de Mariano Rajoy al alargar el aforamiento de Rita Barberá incluyéndola en la Comisión Permanente del Senado.

El aforamiento está recogido en la propia Constitución. En el artículo 102 fija que el Presidente del Gobierno y todos los ministros serán juzgados por la sala II del Tribunal Supremo. El fuero se extiende a Diputados y Senadores en el artículo 71.3. La Ley Orgánica del Poder Judicial extiende el aforamiento a los Presidentes del Congreso y Senado, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y diputados autonómicos. Lo que significa realmente estar aforado es que un juez de instrucción no puede imputarle directamente sino que debe solicitarlo a la Sala II del Tribunal Supremo y, si se detectan indicios de comisión de un delito, enviar un suplicatorio a la Cámara correspondiente. El aforamiento protege a los representantes públicos elegidos por el pueblo de jueces de instrucción irresponsables o marcados por su propia ideología. Si no estuvieran aforados un juez de instrucción conservador podría intentar derribar a un gobierno progresista, y viceversa.

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