La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha acordado trasladar a la participación ciudadana abierta un documento de bases que arranca con diez propuestas para un acuerdo de país sobre el agua, tras un amplio proceso de análisis y aportaciones por parte del conjunto de las federaciones autonómicas del partido al texto de la resolución adoptada por la dirección socialista el pasado mes de noviembre.
El proceso, según ha explicado el secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, “permanecerá dinámico a lo largo de las próximas semanas en diálogo con colectivos, asociaciones, organizaciones y expertos”.
“Desde la constatación de que el país ha de hacer frente a una transición hidrológica, y de que la nueva política del agua debe trasladar certidumbres al conjunto de la ciudadanía en relación con un recurso básico, resulta imprescindible acometer esta tarea sobre sólidas bases científicas y técnicas”, ha subrayado. En este punto situó la propuesta socialista: “una auditoría hidrológica a modo de libro blanco (sobre cuantía y estado de los derechos concesionales, estado de las infraestructuras, uso efectivo del recurso, calidad de las aguas…) que sirva para elaborar una Ley de Transición Hidrológica, y sus consecuentes instrumentos de aplicación en forma de planes hidrológicos”.
Morán ha recalcado que “la transversalidad de la política del agua obliga a una mayor coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, y de éste con las administraciones autonómicas y locales”. Por ello, pidió “un esfuerzo en materia de planificación para volcarse en políticas de investigación, desarrollo e innovación, al servicio de una mayor eficiencia en los usos del agua, y de su consideración como indicador de excelencia agraria, desde la evidencia de que España es una primera potencia mundial tecnológica en materia hidrológica”.
“Un salto cualitativo de la convencional política de oferta, al de la gestión de la demanda, en aplicación además de las recomendaciones que la Unión Europea viene haciendo de forma reiterada, y avanzando en las nuevas indicaciones en materia de economía circular”, ha destacado.
Morán señaló que toda está política responde a una premisa irrenunciable: “el agua es un bien público que no puede ser abandonado al albur de los intereses del mercado, y es un derecho que las administraciones vienen obligadas a garantizar al conjunto de los ciudadanos”.
La propuesta socialista aboga por implantar usos y protocolos de Transparencia Participación Pública y Rendición de Cuentas en el ámbito de la gestión del agua; y prohibir con carácter general, tanto la aplicación de los cánones concesionales del agua urbana, como la privatización de las infraestructuras de captación y distribución primarias, y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendada su gestión.
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